El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha realizado este lunes un análisis global de lo ocurrido en los últimos días en relación al cambio de modelo de gestión de Aguas de Alcázar, que, como se aprobó en el Pleno extraordinario del pasado viernes, pasará a ser una sociedad mixta gestionada por el Ayuntamiento y la empresa Aqualia.
Ortega ha comenzado lanzando un mensaje tranquilizador a los vecinos, a quienes les ha asegurado que «la oferta de esta empresa, con amplia experiencia en el sector del ciclo hidráulico, era la más ventajosa de las tres presentadas y que se trata de la misma empresa con la que la Diputación Provincial de Ciudad Real presta el servicio de aguas en más de treinta municipios, además de estar presente en numerosas localidades de toda España y Castilla-La Mancha, gobernadas muchas de ellas por el PSOE».
«Una vez aprobada la adjudicación el viernes, la empresa tiene diez días para presentar la documentación necesaria y en abril comenzará a funcionar la nueva sociedad mixta, que no se traducirá en nada negativo ni significativo para los vecinos, cuya factura del agua no subirá más allá de variación anual del IPC», explica. «Lo que notarán, en todo caso, será una mejora del servicio gracias al plan de inversiones presentado por Aqualia e incluido en el contrato. Tampoco notarán nada los trabajadores, que mantendrán sus empleos y sus condiciones laborales, tal como se recogió en la Carta de Garantías firmada por sus propios representantes con el Ayuntamiento», sostiene.
Ortega subraya que «la nueva sociedad mixta de Aguas de Alcázar ofrecerá un servicio de abastecimiento, depuración y alcantarillado que seguirá siendo municipal, como legalmente está establecido. El Ayuntamiento mantendrá todo el patrimonio, incluido el pozo de las Perdigueras, del que tanto se ha dicho que se iba a perder».
«Además», prosigue, «el alcalde será el presidente del Consejo de Administración, como indica el artículo 24 de los estatutos de la sociedad, el Ayuntamiento ejercerá el control administrativo del servicio (artículo 49), la Corporación Municipal fijará las tarifas del agua y todas las decisiones que tome la sociedad mixta deberán estar respaldadas al menos por el 60 por ciento de la misma; es decir, que Aqualia, con el 52 por ciento de la sociedad, no podrá tomar por sí sola ninguna decisión, sino que tendrá que contar con el apoyo del Ayuntamiento en todo momento».
El alcalde ha hecho mención a las situaciones de tensión vividas en la localidad la semana pasada. Según ha afirmado, “los alcazareños han comprobado de lo que es capaz el PSOE cuando no es quien toma las decisiones”. En este sentido, ha subrayado que los socialistas han llevado al límite “su estrategia de boicotear y destruir todo lo que hace el equipo de Gobierno”. «Es lo que el PSOE lleva haciendo desde el inicio de la legislatura», según ha comentado Ortega, pero en este caso se ha dado un paso más allá “en un intento de crispar, alarmar y crear miedo entre los vecinos para tratar de ganar en la calle, alentando comportamientos poco democráticos, lo que los mismos vecinos les negaron con su voto en las urnas”.
En este sentido, el alcalde ha insistido en que «los vecinos quisieron un cambio y otra forma de hacer las cosas, distinta a como las hacían los socialistas». “Lamentablemente, Alcázar de San Juan ha sido noticia nacional por estos hechos que han dañado la imagen de la ciudad; unos hechos que nada tienen que ver con lo que es Alcázar, una ciudad amable, hospitalaria y acogedora, donde la democracia está por encima de los intereses partidistas y particulares”, ha señalado.
«La incoherencia del PSOE»
Diego Ortega ha hablado como representante de los vecinos para señalar que “nadie entiende a un PSOE que aquí y ahora tiene un discurso, pero que en otros sitios y en otros momentos tiene o ha tenido otro distinto”. Así, recordó que municipios gobernados por el PSOE, como Puertollano, Valdepeñas, Miguelturra, Toledo o Cuenca, tienen concesiones del cien por cien del servicio de aguas o empresas mixtas como la de Alcázar, «algo que también ocurre en municipios hoy del PP, pero que en tiempos del PSOE vivieron el mismo proceso, como Tomelloso, Campo de Criptana, Manzanares o Daimiel». Asimismo, subrayó la «incoherencia» del concejal del PSOE y vicepresidente de la Diputación, José Fernando Sánchez Bódalo, que “como concejal dice una cosa y encabeza revueltas, pero como vicepresidente provincial mantiene el servicio privado del agua en 36 municipios de la provincia”.
«Además, la incoherencia es aún mayor cuando se recuerda la cantidad de servicios municipales que fueron privatizados al cien por cien por el PSOE de Alcázar en legislaturas anteriores. Son servicios como la limpieza urbana, la recogida de basuras, el aparcamiento regulado o zona azul, el matadero o varios servicios de atención a discapacitados. No hubo ningún problema ni movilizaciones ni plataformas”, insiste.
«Pero el colmo de la incoherencia es que Bódalo, como alcalde, quiso privatizar Aguas de Alcázar, concediéndole la totalidad del servicio a una empresa privada, como se demuestra documentalmente. De hecho, una vez al frente de la Alcaldía, recibí visitas y llamadas de empresarios de la gestión del agua interesándose por si PP y CxA mantendrían el compromiso del PSOE de privatizar Aguas, algo que nosotros no habríamos hecho si no nos hubiéramos encontrado los datos económicos que nos encontramos”, dice el alcalde.
Ortega ha recordado que «el propio auto judicial que desestimó la paralización del proceso de creación de la sociedad mixta confirmó la existencia de una deuda de 8.465.119,06 euros, por lo que reconocía que Aguas de Alcázar estaba en causa legal de disolución con un patrimonio neto negativo, lo que obligaba a su liquidación el 1 de abril de 2014 si no se tomaba la solución que se ha tomado, que es la entrada de capital privado».
“El juez dijo que la empresa estaba ahogada financieramente y que abortar el proceso de conversión en sociedad mixta sería perjudicial para el propio servicio del agua. Éste fue el tercer auto judicial que rechazaba la petición del PSOE de paralizar todo el proceso», señala.
El alcalde ha incidido en lo «paradójico» que resulta que «uno de los concejales que más ha estado instigando a las movilizaciones ciudadanas contra la solución para Aguas de Alcázar sea el principal responsable del problema, el anterior alcalde, quien deberá dar explicaciones ante la justicia por su nefasta gestión, que incluyó presuntamente la adjudicación de obras a dedo sin licitación para particulares y empresas privadas. Sánchez Bódalo está imputado por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación por su gestión en Aguas».
Voto de calidad y referéndum
Por otra parte, Diego Ortega ha manifestado, ante la denuncia del PSOE, que la votación en la que se adjudicó a Aqualia su participación en la sociedad mixta «es legal», aunque su voto de calidad como alcalde fuera decisivo. «Según la ley, la mayoría absoluta (la mitad más uno) es preceptiva en concesiones del cien por cien de un servicio, pero no en la creación de una sociedad mixta, como es este caso». En cuanto al rechazo del Pleno a la convocatoria de un referéndum, ha afirmado que éste «sería ilegal, dado que no se pueden someter a consulta popular temas que afecten a la hacienda local, tal como señala la Ley de Bases de Régimen Local».
Diego Ortega concluyó agradeciendo el apoyo que en estos días ha recibido de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y de la Subdelegación de Ciudad Real, en las personas de Jesús Labrador y Fernando Rodrigo, respectivamente, así como la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el mantenimiento de la seguridad. También ha destacado el apoyo del Gobierno regional a través de su presidenta, María Dolores de Cospedal, y del delegado provincial, Antonio Lucas-Torres. De todos ellos ha destacado su “compromiso por Alcázar de San Juan y por la normalidad democrática”.
El pueblo no te quiere. El viernes el pueblo hablo y te recuerdo que tu eres un servidor publico de tus terroristas que diga ciudadanos y que te debes a ellos. ¿ya no recuerdas cuando ofreciste el bastón al pueblo? Por otra parte un alcalde debe gestionar los bienes publicos . Si delegas en todo ¿para que queremos un alcalde? Son ya cinco los concejales que han dimitido.Diego escucha al pueblo y vete
Me alegra mucho suponer que en las próximas elecciones los habitantes de alcazar darán su patada en las urnas a éste individuo y habrá un parásito menos calzándose el traje y el BMW de alta gama a costa del pueblo llano.
Penosa su intervención en la Sexta.