Izquierda Unida ha anunciado a través de una nota de prensa que la concejala de Movilidad, Rosario Roncero, ha hecho llegar una propuesta a las comisiones previas al pleno del Ayuntamiento para no admitir el referéndum sobre la ampliación de la Zona Azul por su vinculación a la Hacienda Local, la excepción que contempla el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de una consulta popular. Esta iniciativa vendría avalada por el esperado informe del Interventor Municipal, quien habría establecido dicha vinculación. Además, fuentes municipales habrían difundido que cerca de 20 por cierto de las firmas serían erróneas.
Según Carmen Soánez, desde el inicio de esta campaña contra la ampliación de la zona azul, el equipo de gobierno ha ido actuando «contra» la población de Ciudad Real que, «masivamente», se manifestó contraria a tal decisión. «Han dejado pasar el plazo de contestación a la solicitud para, un día antes, comunicar a los firmantes que estaba a falta del informe del interventor», señalaba la concejala de IU. Además, denunciaba, «han esperado a las 2 de la tarde del viernes 21 de febrero, para enviar el expediente, fuera del orden del día de las comisiones ya convocadas para el lunes, de la propuesta de la concejala delegada de movilidad, Rosario Roncero, al Ayuntamiento Pleno de no admitir la iniciativa de consulta popular local por ser relativa a la Hacienda Local».
Soánez ha recibido con indignación la propuesta ya que “la consulta popular desde el principio está planteada sobre una ordenanza no fiscal, como puede verse en la propia página web oficial del Ayuntamiento de Ciudad Real”, ha declarado. “La ordenanza municipal de ordenación y regulación del estacionamiento no establece por sí misma la cuantía del precio que los ciudadanos pagan por aparcar. Es otra la ordenanza dedicada al efecto, la ordenanza fiscal A-20”, explica Soánez. “No ver esto es como decir que cambiar el nombre de una calle afecta a la hacienda local, por el gasto que supone. La voluntad del equipo de gobierno queda clara: interpretar sus propias normas, como el reglamento orgánico de participación ciudadana, en el sentido más restrictivo, más torticero y más perjudicial para los ciudadanos de Ciudad Real y municipios limítrofes que utilizan su vehículo para necesidades de trabajo o para abastecerse.”
El grupo municipal de IU Ciudad Real considera un éxito ciudadano y vecinal haber reunido las firmas de más de un 10% del censo electoral del municipio. “Esto no lo ha podido negar el equipo de gobierno del Partido Popular, y su actitud antidemocrática es más hiriente aún si cabe contra el esfuerzo ciudadano”, ha constatado su portavoz. “Pero esto acaba de comenzar”, augura Soánez; “la ciudadanía se está rebelando cada vez más contra la prepotencia de los dirigentes que solo trabajan para beneficiar a las empresas privadas que mal gestionan los servicios públicos (ahí tenemos el ejemplo de Alcázar de San Juan, por no ir más lejos). En el fondo de la cuestión está que la ampliación de la zona azul era innecesaria para mejorar el tráfico, porque lo centrifuga, no favorece la rotación de los vehículos sino que perjudica a la población que reside o trabaja en las calles de la ampliación, y sólo tiene afán recaudatorio, mediante una doble imposición a los vehículos, para tratar de tapar los agujeros que produce la gestión municipal del PP en manos de empresas privadas que obtienen pingües beneficios del Ayuntamiento, incluso sin producir nada». Porque se pregunta Soánez, “¿qué aporta a la ciudad la ampliación de la zona azul? Sólo perjuicios a vecinos y comerciantes.”
Izquierda Unida de Ciudad Real anuncia que el pleno municipal se celebrará en la mañana del próximo viernes 28 de febrero, e invita a la ciudadanía a «hacerlo suyo, como siempre y más si cabe en esta ocasión, en que sin la movilización necesaria pueden ver burlada su voluntad de poder votar sobre una norma perjudicial para todos. El pueblo de Ciudad Real aún está a tiempo de que las normas se utilicen para el bien común y no para el beneficio de determinadas empresas», concluye.
Todo y nada afecta a la Hacienda Municipal porque todos los servicios se financian con cargo a ella. Ahora bien, una ordenanza que tiene por fin disuadir el aparcamietno, nunca debe estar vinculada al ánimo recaudatorio.
En fin, una opinión «creativa» de quien haya firmado el informe.