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eterminados centros de análisis o estudios económicos apuestan por un crecimiento del PIB español cercano al 1% en 2014 y en torno al 1,9% en 2015. Del mismo modo, prevén que durante el presente ejercicio se creará empleo sostenidamente (aunque precario y de escasa calidad).
Los fundamentos o, mejor dicho, las estimaciones económicas en las que se basa esta esperanzadora apuesta están relacionadas con un incremento de nuestras exportaciones, un aumento del ahorro y de la riqueza financiera de las familias y las empresas españolas, una prima de riesgo a la baja, la reactivación del crédito, un mayor dinamismo inversor y un mercado laboral que debería invertir la tendencia destructora de empleo.
Pero los radicales desequilibrios de la economía española (sobre todo, la impagable deuda pública, que sigue creciendo para mantener el gasto público-político improductivo y que heredarán las futuras generaciones con el riesgo en el horizonte de una suspensión de pagos o una quita) provocan que los indicadores macroeconómicos que están mejorando no sean suficientes para asegurar una recuperación y un crecimiento sostenido.
Si el Estado español no ha quebrado aún ha sido debido a la actuación del BCE, vía compra ilimitada de deuda soberana, (y a los impuestazos confiscatorios del Gobierno).
Independientemente de la mejora de las cifras macroeconómicas, gran parte de la población española seguirá sumida en el paro y la pobreza en los próximos años. Además, la tasa de desempleo permanecerá prácticamente en el mismo nivel durante el bienio 2014-2015.
El engañabobos de la reforma de la Administración.
España no puede ofrecer un futuro económico esperanzador a las pymes y a los autónomos sin una reforma en profundidad de nuestra ineficiente macro Administración y una reducción de la super estructura del Estado.
La madre de todas las reformas y la pieza clave que habría que ajustar en el motor de la economía española para que este pudiera funcionar con garantías y a largo plazo es la reforma de la Administración.
No obstante, se trata de una reforma cuya planificación parece que ha sido realizada por publicistas y especialistas en marketing y branding estratégico. El Gobierno únicamente ha posicionado la marca “Reforma de la Administración”, promocionando constantemente la misma a través de la emisión de impactantes y medidos mensajes en los diferentes medios de comunicación. (Una mentira repetida mil veces se puede convertir en verdad pero solo a corto plazo).
Ciertamente, la ejecución y puesta en escena de una eficaz y profunda reforma de la Administración no está prevista ni lo estará.
La pseudo reforma de la Administración que el Gobierno está llevando a cabo consiste en intentar dotar de más eficiencia a la Administración, tratando de eliminar procesos burocráticos, pero en ningún caso tiene el objetivo de reestructurar ni reducir considerablemente el sector público.
El presidente del Gobierno, según sus propias declaraciones, considera que la Administración Pública, en su actual dimensión económica y estructural, no es una losa para la economía española ni tampoco es elenfantiásica. Esta afirmación de Rajoy se podría traducir de la siguiente manera:”El gasto político no se toca, aunque haya que recortar prestaciones sociales y empobrecer a los españoles”.
El gasto público respecto al ejercicio 2012 equivale al 47% de nuestro PIB. Ante semejante dispendio, ¿a alguien le sorprende que la corrupción política esté institucionalizada en la Administración? (Los datos relativos al año 2013 todavía no los conocemos pero no serán mejores).
Únicamente los salarios de la Administración representan más del 10% del PIB español. Recordemos que por cada 100 empleados del sector privado, existen 21 empleados públicos. (De los 3,2 millones de empleados públicos que dejó Zapatero, hemos pasado a 2,8 millones en la actualidad).
¿Cuánto ahorrarían las arcas públicas si nuestra Administración estuviera integrada solamente por eficientes funcionarios con oposición, (sin asesores ni empleados públicos nombrados a dedo por los partidos)?
Durante el año 2012, el Estado gastó 111.000 millones más de lo que ingresó. ¿Cuántos autónomos y pymes han cerrado, víctimas del tsunami fiscal provocado por el Gobierno para intentar, sin éxito, cuadrar las cuentas y maquillar el agujero del déficit?
Según el Gobierno, se ha conseguido reducir con la reforma de la Administración, 7.380 millones y el objetivo para 2015 es conseguir un ahorro de 28.900 millones. Ni siquiera cumpliendo estos pronósticos se equilibrarían las cuentas públicas.
En diciembre de 2013, nuestra deuda pública se situó en el 94,02% del PIB español. Al respecto, el BCE estima que durante el año 2014 la deuda pública española alcanzará el 100% del PIB, aunque es posible que se haya alcanzado ya este porcentaje.
Según el BBVA, el excesivo endeudamiento público, que tiene un impacto negativamente directo tanto en el crecimiento económico como en la creación de empleo, ha deprimido el PIB de España en un 5%.
Solo los intereses de la deuda pública cuestan alrededor de 1.800 euros a cada trabajador español cada año. (El Gobierno ha vendido las últimas colocaciones del tesoro como un éxito debido a que estas operaciones se han realizado a un interés menor pero no explica a los españoles que el verdadero problema es el crecimiento de la deuda).
Sin duda, es más fácil situar en el centro de la diana de la crisis a los autónomos y a las pymes para dispararles dardos fiscales, labores, energéticos, burocráticos, etc., sin piedad porque estos colectivos no salen a la calle a protestar ni tienen interlocutores subvencionados que les defiendan altavoz en mano. Los autónomos no pueden perder el tiempo organizando manifestaciones porque tienen que trabajar y “buscarse la vida cada día”.
Detrás de la negativa a reformar la Administración en profundidad se esconde el objetivo de preservar un sistema político autonómico subvencionado, corrupto y caducado, que está arruinando a los españoles pero que es la base del poder de los dos principales partidos políticos. La Administración, en su configuración actual, es un monstruo que está devorando a los españoles para alimentar al PP y al PSOE.
España necesita un Gobierno cuyos miembros, al menos algunos de ellos, hayan trabajado en la empresa privada y, por tanto, conozcan las necesidades de las empresas.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
De acuerdo en casi todo, si no fuera porque los enchufados no solo son afiliados a partidos y asesores sino que hay muchos con oposiciones hechas a la carta para que entren los enchufados de toda condición y lo peor es que éstos últimos son puestos vitalicios mientras que los asesores se van a la calle cuando libremente los cesan
Precisamente a esos asesores es a los que se les suele preparar una «oposición a la carta», como tú dices, para dejarlos de por vida chupando del bote. Y quien dice asesores dice empleados eventuales de libre designación. De estos hay muchos que cuando el cargo que les nombró estaba próximo a su cese les preparó un bonito concurso-oposición en cuyas bases sólo faltaba que se describiera el color de ojos y pelo del candidato oficial. Es más, conozco casos en los que el mismo «opositor» era el que confeccionaba el temario de dichas oposiciones.