Los juguetes han sido el producto más retirado por los inspectores de consumo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que, durante 2013, han realizado 140.144 actuaciones para garantizar la seguridad de los productos. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a través de su Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, ha retirado 9.936 productos que podían suponer un peligro para la salud de los consumidores.
La red de alerta de seguridad de los productos tramitó un total de 2.786 notificaciones, lo que supone un incremento del 2,8 por ciento con respecto al 2012, durante el pasado año. Entre las alertas más numerosas se encuentran los juguetes, la vestimenta infantil y los cosméticos.
En cuanto a los juguetes, se detectaron 630 alertas, en gran parte por riesgo de asfixia, debido a que contenían piezas pequeñas o por presencia de sustancias tóxicas en su composición. Asimismo, la vestimenta infantil para niños de hasta 7 años produjo 286 alertas, por tener cordones o lazos en la zona de cabeza o cuello, que pueden provocar ahogamiento. Otros productos textiles han ocasionado alarma en 169 ocasiones por presentar diferentes productos químicos no autorizados. Entre ellos, los colorantes azoicos, que tienen riesgo de producir cáncer, o el cromo hexavalente, que puede producir alergia.
En tercer lugar, los cosméticos produjeron 148 alertas por presentar ingredientes tóxicos y, en general, el 60 por ciento de los productos alertados proceden de extremo oriente.
Los establecimientos más inspeccionados para localizar los productos alertados han sido los bazares y tiendas multiprecio, donde se han realizado más del 70 por ciento de las actuaciones, seguidos de los establecimientos textiles.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales realiza de forma sistemática y aleatoria controles sobre productos del mercado, para detectar si alguno presenta algún riesgo para la salud. Cuando se encuentra un producto peligroso se insta al responsable a que lo retire de la venta y se comunica al resto de autoridades mediante la red de alertas de consumo.
Además, se mantiene activada la vigilancia del mercado para evitar que se comercialicen productos que ya hayan sido alertados o notificados por otras administraciones o por los propios productores.
