La demolición se vuelve contra Pedro Martín: Los propietarios del número 5 de la Plaza Cervantes critican su gestión al frente de Urbanismo

Eusebio Gª del Castillo Jerez.– Los propietarios del edificio del número 5 de la Plaza Cervantes acusan al concejal de Urbanismo de responsabilizarles de la situación de ruina del inmueble sin atender a ningún criterio técnico. Achacan, además, a Pedro Martín un supuesto desconocimiento de la legislación básica y ponen en duda su capacidad para dirigir un departamento de urbanismo.

Luis Burgos, presidente de la comunidad de propietarios, el abogado Javier Panadero y el ingeniero de caminos Mikel Hortigüela comparecían en rueda de prensa para valorar las declaraciones y actuaciones del concejal de Urbanismo en relación al inmueble que está siendo demolido en la Plaza Cervantes. Especialmente, sus apreciaciones en la resolución que declara la ruina del edificio número 5, en la que responsabiliza a los propietarios de la situación de la finca al considerar que no se habrían adoptado las medidas suficientes para el mantenimiento del edificio.

«Nada de esto va con los servicios técnicos municipales», puntualizaba Javier Panadero. «De los funcionarios y miembros que componen los servicios técnicos del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento sólo podemos resaltar su profesionalidad y su buen hacer. Ahora bien, respecto a la dirección política creemos que es muy deficiente y que  tiene una formación muy inespecífica para algo tan importante y técnico como es un departamento de urbanismo».

Panadero aseguraba que el Ayuntamiento culpabiliza a los propietarios por falta de mantenimiento del edificio, «y lo argumenta en el Decreto de 21 de noviembre de 2013 por el que se declara la ruina a instancia de la comunidad». El punto segundo de la resolución recoge que «respecto al deber de conservación hay que  indicar que se ha incumplido dado que en el inmueble existían patologías constructivas que fueron apreciadas por los servicios de mantenimiento municipal y que motivaron la tramitación de órdenes de ejecución para solventarlas».

«En nuestra opinión, el primer error que comete en esta apreciación el concejal es que confunde los efectos de la ruina, que es el mal estado del edificio, con las causas», puntualizaba el abogado. «Que el edificio esté agrietado es el efecto, lo que hay que buscar es la causa. Y los responsables no son los propietarios, sino el Ayuntamiento y su empresa concesionaria, Aquona».

«El propio Pedro Martín, con fecha 8 de julio, hace público que se ha aprobado un presupuesto de 61.000 euros para reparar precisamente la red de alcantarillado de la Plaza de Cervantes -añadía-. Lo que es un primer indicio de que la red de saneamiento de esta plaza necesita obras de reparación».

Javier Panadero recuerda que, en mayo, se ve que el edificio se empieza a agrietar, «además rapidísimamente y de una forma muy grave». La comunidad encargó entonces una inspección técnica del edificio en la que se determinó «que ese agrietamiento grave es por un asiento diferencial del pilar central de la zona de fachada. En la zona de fachada hay tres pilares -explicaba el abogado-. Los laterales funcionan mejor y se mantienen en su sitio porque, indirectamente, tienen un apoyo y están más protegidos por los edificios colindantes; pero el central se ha asentado de forma diferente a los demás. Se ha hundido aproximadamente 10 centímetros, por lo que la estructura se resiente. Y lo hace de dos maneras: una inclinándose hacia abajo, y otra inclinándose hacia la plaza. Evidentemente la comunidad no puede reaccionar contra esto», advierte.

«No nos consta que el Ayuntamiento, pudiendo hacerlas, haya hecho ningún tipo de prueba, ni en el edificio ni fuera de él tampoco», señala el abogado de la propiedad. Por otra parte, los propietarios sí realizaron un informe, requerido por el Ayuntamiento, sobre las patologías de la fachada.

Javier Panadero detallaba que se hicieron tres tipos de pruebas. «La primera, un estudio topográfico tridimensional para determinar por qué justo delante del edificio número 5 de la Plaza Cervantes es el punto de la plaza precisamente hundido. Y no será el edificio el que hunda la plaza, sino al revés; será la plaza la que hunda el edificio -comentaba-. En el estudio se pudo determinar que el hundimiento de esa  zona, de unos 500 metros cuadrados delante de la puerta del edificio, tenía una profundidad media de entre 7 y 30 centímetros. Esto determinó que debíamos  analizar el subsuelo. Por tanto, se realizó un estudio geotécnico del terreno a partir de una columna estratigráfica para determinar el tipo de material que existía en el terreno en cada una de las distancias. Esa columna consiste en que, con unas barrenas específicas, se obtienen muestras a diferentes profundidades del subsuelo. Desde cota cero hasta los seis metros. El alcantarillado en esa zona está situado a 3 metros de profundidad. Justo a esa distancia empezaron a aparecer lodos negros, en cuya composición había materia orgánica por encima del 5 por ciento. Esto denota que había una avería del alcantarillado y que estos restos provienen de ese ahí. Los técnicos encontraron lodos orgánicos hasta una profundidad de 4,7 metros», subrayaba.

Por último, «se llevó a cabo una prueba de compresión, para determinar la capacidad portante que tiene el terreno -continuaba Panadero-. La capacidad portante de estos lodos es mínima. Lo que ha cambiado en realidad bajo el edificio es el suelo, ya no es el mismo suelo sobre el que se construyó y que lleva 50 años sustentándose».

Mikel Hortigüela añadía que es difícil determinar cuándo pudo producirse la avería, «pero lo que sí sabemos es que hay 1,7 metros de lodos, que no tienen capacidad portante ninguna y que, lógicamente, la estabilidad del edificio se ve totalmente acribillada. El edificio deja de ser estable».

Respecto al deber de conservación, el abogado de la comunidad aseguraba que ésta realizó reparaciones en 2004 las cubiertas y en 2009 y 2010 hizo obras de su propia red de evacuación, «por lo tanto no se puede decir que la comunidad no hay hecho obras de mantenimiento».

Asimismo, Javier Panadero recordaba que el 16 de septiembre comenzaron unas obras de reparación para sustituir el alcantarillado justamente en el tramo que afecta al edificio en ruina y posteriormente a la entrega del estudio que realizó la comunidad. «Ahora han hecho un estudio tomográfico para determinar si debajo de la plaza hay oquedades -añadía. Ha anticipado el concejal que no las hay, pero el día 18 de septiembre, justamente en dirección a la puerta del número cinco sí que había una importante oquedad que penetraba varios metros por debajo del acerado».

Según el abogado, los servicios municipales analizaron el edificio y en sus informes no reflejaron en ningún término la responsabilidad de la comunidad, «el único que lo hace es el concejal de Urbanismo que, con todos los respetos, no es técnico la materia».

«No puede ser que por el defecto de una red de servicio público municipal se perjudique a los propietarios dejándolos sin bienes y encima se les haga responsables de un mal que ha causado por el Ayuntamiento de Ciudad Real y su empresa concesionaria», denunciaba Panadero. «No podemos permitir que esa declaración, que está en una resolución administrativa, gane firmeza. Consecuentemente, el día 30 de enero de 2014, hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo para que se revoque por el juez. Aunque, eso sí, en la declaración de ruina estamos de acuerdo puesto que la hemos promovido nosotros «.

Esperan que el Ayuntamiento indemnice a los propietarios del número 5 por los daños y perjuicios provocados, reconociendo su responsabilidad como administración y la de la empresa concesionaria, contra la que el consistorio podría reclamar. «Si no lo hace, condenará otra vez a estos cuatro vecinos a tener que meter un nuevo pleito para que sea un juez el que diga si efectivamente es responsabilidad del Ayuntamiento. Los daños y perjuicios se siguen produciendo a todos los niveles». El abogado explicaba que se reclamará, cuando proceda, «el valor de los inmuebles sin contar el suelo, la pérdida por lucro cesante -había un negocio abierto y un contrato de inquilinato de una familia, etc.-, el daño moral, honorarios a técnicos y juristas, las tasas que se están abonando, los gastos de la demolición etc.».

Respecto a las declaraciones de Pedro Martín en las que desvinculaba la declaración de ruina de la licencia de demolición, y en las que aseguraba que los propietarios hubieran podido comenzar el derribo en un plazo breve de tiempo, Javier Panadero, advertía que, con esas afirmaciones, el concejal no hacía sino desinformar a la gente y, además, no sería éste un procedimiento ajustado a la ley.

El abogado se remitía a la LOTAU al matizar que corresponderá al municipio la declaración de la situación legal de ruina previo procedimiento determinado reglamentariamente en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y los demás titulares de derechos afectados. «Por lo tanto, esto no es un proceso que pueda hacerse rápidamente. El concejal no puede decir frívolamente que se puede tirar en tres días, habiendo como hay aquí arrendatarios». Y resaltaba la «falta de rigor y el desconocimiento» de las leyes básicas de quien dirige un departamento de urbanismo de una capital.

Por su parte, Mikel Hortigüela, aseveraba que «no tiene sentido que nosotros presentemos un expediente de ruina en septiembre, y el Ayuntamiento diga que se puede tirar el edificio en tres días cuando tarda dos meses en contestar.  Ojalá hubieran contestado la declaración de ruina en tres días. Sería maravilloso, pero es imposible que los técnicos municipales hubieran contestado en ese plazo».  El ingeniero de caminos añadía que «el día que no esté el edificio dormiré mucho más tranquilo».

Por último, respecto a la ampliación del vallado que, tal y como denuncian los propietarios, Pedro Martín habría ordenado sin informarles, Javier Panadero resaltaba que, según la ley, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la administración actuante para adoptar, entre otras medidas, la ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación. «Es decir, si el Ayuntamiento me ordena y yo no cumplo, me sustituye, pero antes me tiene que ordenar. Lo que no puede ser es que se nos conceda la licencia ese mismo día a las diez de la mañana, y poco después  esté el concejal haciendo como que está colocando vallas. No puede utilizarse esto para dar la sensación de que se está haciendo algo. No hubo ningún tipo de aviso de que esa actuación se iba a hacer por parte del concejal de Urbanismo y, además, aún no se había firmado el contrato con la empresa».

Finalmente, Javier Panadero afirmaba que, en todo momento, la comunidad ha sido «discreta, comedida y paciente». Por este motivo, no entienden «las salidas de banco de alguien que no ha tenido ni siquiera la sensibilidad de convocar a los propietarios a una reunión para decirles lo siento».