IU Campo de Criptana.- El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.
El aborto es, en primer lugar, una parte de la libertad de las personas para elegir sobre su futuro. IU Criptana defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones. La libertad de elegir que debe también asistir a los derechos del no nacido, para lo que nos puede ayudar la ciencia. Poco tiene que ver médicamente un embrión de 6 semanas que un feto de 7 meses. Filosóficamente, será igualmente un ser humano en potencia, pero no podemos tratarlo de la misma manera; de igual forma que cualquier persona no debe ser tratado igual que a un difunto, por mucho que seamos cadáveres en potencia.
IU defiende una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en la que se contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y efectiva entre padres y educadores, con la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres; una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo por las razones que desee, sin restricciones ni tutelas; una ley que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria; una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios que lo practiquen.
Porque la decisión debe estar en el plano moral de cada mujer, que es la base de su dignidad como persona, sin aceptar imposición o prohibición alguna en lo que concierne a sus derechos sexuales y reproductivos. Como ser humano autónomo, las mujeres no pueden estar sometidas a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en su decisión de ser o no ser madre.
Invocamos la libertad de conciencia como bien supremo sobre el que fundamentar las elecciones. Consideramos cínicos a quienes apelan a la libertad para restringirla y malévolos a quienes no importándoles el sufrimiento causado quieren imponer a todos sus propios principios basados en inspiraciones divinas.
Porque todos tenemos derecho al error, que es la base de todo aprendizaje. Esta proposición de ley condena a pagar durante toda la vida los momentos de afecto que cualquier mujer tiene derecho a vivir durante toda su vida, por maravillosa que sea la venida de una nueva vida al mundo. Y la falta de equidad es evidente ya que el error en el caso masculino es perdonado; nada se hace para eliminar de las carreteras y ciudades de este país los innumerables burdeles en los que los hombres pueden “solazarse”, o los anuncios de prostitución en la prensa española. Como seres humanos libres que somos, las mujeres y hombres nos negamos a aceptar una maternidad forzada y un régimen de tutela que condene a las mujeres a la minoría de edad sexual y reproductiva.
Vivimos en democracia y en ésta las reglas de juego que entre todos nos imponemos deben deslindar derechos de pecados y ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, está legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos mediante sanción penal. Como ciudadanas y ciudadanos exigimos a los que nos gobiernan que no transformen el poder democrático en despotismo. Cualquier gobierno que exista debe promulgar leyes que favorezcan la autonomía moral, preserven la libertad de conciencia y garanticen la pluralidad y diversidad de intereses.
