El secuestro del CGPJ por el PP-PSOE

¿Se han convertido los jueces en marionetas de los partidos políticos? España es una dictadura partitocrática disfrazada de democracia en la que los dos principales partidos políticos engañan a los ciudadanos en nombre de una Constitución a la que no respetan y de un falso Estado de Derecho que blinda a la casta política a la vez que desprotege a los ciudadanos.

La prueba más evidente de ello es el secuestro de la Justicia perpetrado recientemente por el PP-PSOE durante la renovación del CGPJ (el órgano de gobierno de los jueces) y a través de la elección política de los 20 vocales que lo integran. Por primera vez en nuestra historia judicial, ni siquiera se ha concedido audiencia a las asociaciones de jueces.
¿El PP-PSOE ha seleccionado a los candidatos más obedientes? La mitad de los nuevos vocales han ejercido la política en una etapa anterior.

¿El sistema de elección está manchado por el nepotismo? Algunos de estos nuevos consejeros del CGPJ son cónyuges de cargos políticos en activo.

El bipartidismo ha vuelto a traicionar a la Constitución y a todos los españoles, puesto que nuestra Carta Magna no permite este sacrilegio antidemocrático sino que, por el contrario, ordena que 12 vocales sean elegidos por los jueces.

El PP y el PSOE, con la complicidad de CiU, PNV e IU, han seleccionado a los magistrados que resolverán, directa o indirectamente, los casos de corrupción en los que multitud de políticos aforados de estas formaciones están imputados. Este es el acto de corrupción política más grave que puede cometer un Gobierno.
Incluso el Presidente del CGPJ ha sido elegido en virtud de un pacto entre el PP y el PSOE y a propuesta del ministro de Justicia. Aunque está establecido legalmente que este cargo deben elegirlo los vocales.

¿Es democrático nuestro país tanto en cuanto la división de poderes es una utopía? El Gobierno de Felipe González inició la politización del CGPJ a través de la Ley Orgánica 1/1985 del Poder Judicial. Y el Gobierno de Rajoy, incumpliendo de nuevo el programa del PP, ha convertido en marionetas de los partidos a los vocales del CGPJ, sometiendo completamente la Justicia al poder político.

¿El objetivo es ocultar los casos de corrupción y evitar que cualquier político aforado pueda ingresar en prisión? No olvidemos que el aforamiento confiere el privilegio de ser juzgado por los altos tribunales de Justicia españoles, cuyos magistrados son elegidos por el CGPJ. (El CGPJ nombra a los altos cargos de la Judicatura, desde los Presidentes de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia autonómicos hasta los magistrados del Tribunal Supremo).

¿El control del CGPJ por los partidos equivale a la impunidad de una casta de privilegiados formada por políticos aforados?

¿La negociación que han llevado a cabo el PP y el PSOE al objeto de repartirse la elección de los vocales del CGPJ viene definida previamente por un pacto para enterrar, entre otros, el Caso Bárcenas y el Caso Faisán? ¿Ha entrado en juego la Casa Real para conseguir que el Caso Urdangarín se evapore?

¿El CGPJ está formado por 20 políticos disfrazados de magistrados y juristas? Al respecto, la “Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria” ha manifestado su rechazo al sistema de elección político de los vocales del CGPJ, tachándolo de ilegítimo e inconstitucional. Igualmente, el Ministerio Fiscal también ha expresado su malestar ante el hecho sin precedentes de no incluir a ningún fiscal en la composición del CGPJ.

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, que rompió con su voto el empate a favor de la excarcelación de etarras tras la derogación de la doctrina Parot, ha sido designado vocal del CGPJ por el PP. ¿Ascenso debido a la meritocracia o a la politización?

¿La excarcelación masiva de etarras, asesinos en serie y violadores sin rehabilitar, a raíz de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deroga la doctrina Parot, está relacionada con la politización de la Justicia española? (Resaltar que Luis López Guerra, el magistrado y, a la vez, representante de España en el citado Tribunal, designado en 2007 por el PSOE y no recusado posteriormente por el PP, ha sido el máximo valedor de la citada Sentencia).

Esta Sentencia, dictada por el referido Tribunal, únicamente afectaba al caso particular de la etarra Inés del Río. Pero la malévola interpretación de la misma por parte de nuestra Audiencia Nacional, vía ingeniería jurídica y sin esperar a conocer el criterio del Tribunal Supremo, ha provocado que  se haya extendido a todos los casos. En 5 semanas, 56 etarras liberados.

¿Este proceder judicial obedece a la ejecución de una hoja de ruta diseñada por ETA e, igualmente, es fruto de una “supuesta negociación” entre esta banda terrorista y el Gobierno anterior del PSOE? ¿Está cumpliendo, inmoral y fielmente, el Gobierno del PP los compromisos derivados de esta “supuesta negociación”? ¿El culmen de la “supuesta negociación” es la Sentencia de Estrasburgo y su posterior y maliciosa interpretación por parte de la Justicia española? ¿Han pactado el PP y el PSOE una amnistía encubierta de etarras?

¿Las Audiencias Provinciales, extendiendo aún más la validez de esta Sentencia, han excarcelado, rápida, masiva y paralelamente, a asesinos y violadores con el objetivo de ayudar a disimular esta amnistía de etarras?

¿Quiere evitar con ello el Gobierno que el foco mediático se centre en el trasfondo del asunto, que no es otro que el cumplimiento de una de las fases relativas a un “supuesto proceso negociador” con ETA? Ha causado más alarma social la excarcelación de asesinos y violadores que la liberación de etarras, ¿objetivo cumplido?

Definitivamente, el PP-PSOE ha claudicado ante ETA, puesto que esta organización aún no ha depuesto las armas y tendrá a todos sus efectivos excarcelados. Además, Bildu tiene poder político a través de su presencia en las instituciones vascas. ¿Cumplirá ETA su “parte del trato”, abandonando definitivamente la violencia?

En cualquier caso, el precio que pagará la sociedad española será muy alto:

¿Algún especialista se atreve a asegurar que los asesinos y violadores  excarcelados no volverán a cometer atrocidades? ¿Sería responsable civil subsidiario el Estado si los asesinos y violadores liberados reincidieran? ¿En última instancia, quiénes serían responsables ante la sociedad si estos ex-convictos vuelven a delinquir?

¿Y a nuestra economía, cómo le afecta el entierro de Montesquieu? ¿También quiere seguir controlando la casta política, a través de la politización de la Justicia, los negocios y, sobre todo, “la forma de hacer negocios” en España? La Justicia y la economía van de la mano, si una disciplina no funciona, la otra, menos aún. ¿Nos acercamos peligrosamente a Venezuela?

Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.