Daniel Martínez. Coordinador regional de IU.- Si finalmente sale adelante la reforma del Estatuto de Autonomía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, las Cortes de Castilla-La Mancha estarán compuestas por un número mínimo de 25 escaños y un máximo de 35, elevando el mínimo electoral para obtener representación a un 14% de los votos en las provincias con menos exigencia. Esta medida supone imposibilitar de facto que se pueda trasladar a las Cortes la voluntad de los votantes.
Las verdaderas intenciones de esta reforma no son las económicas, como se esfuerza en transmitir el Sr. Cañizares, quien habla de ahorrar 1 millón de euros al año y de una medida ejemplar ante los ciudadanos ya que se eliminan políticos. Tras este discurso simplista se esconde un trasfondo populista, demagógico y muy peligroso, incluso de carácter totalitario, que consiste en dar a entender que la Democracia sale cara y que es mejor debilitar las instituciones básicas que representan la soberanía popular y ejercen la función legislativa y de control del gobierno. En una Democracia que se precie las instituciones básicas no se cuestionan, porque son la esencia del sistema.
Y si hay que cuestionar, habrá que dirigir la mirada hacía los políticos elegidos a dedo y las instituciones puramente clientelistas, las que viven al margen de la voluntad de los ciudadanos. Cabe recordar que la Alta Dirección de la Junta de Comunidades, donde tienen cabida los políticos puestos a dedo por Cospedal, maneja un presupuesto de 58 millones de euros, frente a los 8.6 millones de las Cortes.
Esta reducción de diputados coincide en el tiempo con la reforma local del PP, que viene a fortalecer y privilegiar a las diputaciones provinciales, una administración anacrónica, con cargos públicos no elegidos por los ciudadanos y caracterizada por su clientelismo y opacidad. En la región hay 135 diputados/as provinciales, 27 por provincia, con lo que se podrá dar el caso de que haya en una sola provincia más diputados que en las Cortes de Castilla-La Mancha. Si Cospedal quiere dar ejemplo que reduzca políticos elegidos a dedo, y si quiere ahorrar en las instituciones que elimine las caciquiles y menos democráticas.
En realidad, la reforma responde a las necesidades propias de Cospedal y agrava los problemas de déficit electoral, representatividad, pluralismo político y necesidad de regeneración democrática de Castilla-La Mancha. Es una huida hacia adelante, un intento por salvaguardar un sistema salpicado de corrupción. Se trata de mutilar la democracia, corromperla para sobrevivir; una reacción de aquellos que están rodeados de corrupción hasta las cejas, aquellos que sufren un desgaste por el rechazo social y los daños que causan sus políticas y que buscan a cualquier precio mantenerse en el poder.
