CSI·F ha empezado a promover concentraciones de empleados públicos en toda España frente a ayuntamientos y diputaciones, para trasladar su rechazo a la reforma de la Administración Local, que previsiblemente será aprobada la próxima semana en el Senado.
«Empieza, por tanto, la cuenta atrás de una reforma elaborada por el Gobierno a espaldas de los ciudadanos y de los empleados públicos y que afectará directamente sobre la calidad de los servicios básicos y las condiciones laborales de unos 550.000 trabajadores en toda España, 47.940 de ellos en Castilla-La Mancha (9.734 en Albacete, 12.824 en Ciudad Real, 5.291 en Cuenca, 4671 en Guadalajara, 15.780 en Toledo)», señala.
CSI-F teme que la estabilidad laboral de, al menos 120.000 trabajadores, está seriamente comprometida. «Ante la inminente aprobación de esta Ley, CSI·F reclama la convocatoria urgente de las mesas de negociación para establecer garantías para la estabilidad de los empleados públicos, la calidad y el carácter público de los servicios que reciben los ciudadanos, en el desarrollo de la norma», subraya.
Como sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, CSI·F advierte de que «los trabajadores no van a aceptar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo y toman muy buena nota de las decisiones que adoptan sus gestores políticos, que en democracia, deben rendir cuenta ante los ciudadanos de sus decisiones», asegura.
«¿Sin asistencia social?»
Para CSI·F la reforma local planteada «es más ideológica que real y desde luego supone una mayor recentralización del Estado». El temor de CSI·F es que «el 1 de enero, fecha de su entrada en vigor, los ciudadanos estarán más desprotegidos al desaparecer de los Ayuntamientos las competencias en materia de asistencia social». CSI·F ya alertó «de la pérdida de puestos de trabajo o cuando menos pérdida de derechos si se materializa la salida de estas prestaciones».
El Presidente Nacional de CSI·F, Miguel Borra, reclama al Gobierno que atienda las propuestas que del sindicato en relación con la reforma de las administraciones locales, «sobre todo después del demoledor informe emitido por el Consejo de Estado, que advierte de que la potestad para eliminar mancomunidades y entidades locales menores corresponde a las comunidades autónomas y no al Estado».
