Los PGE-2014 se pueden denominar como los “presupuestos de los partidos políticos, los asesores y los coches oficiales”, puesto que se han vuelto a incrementar las partidas presupuestarias en relación a estos conceptos. Al respecto, una de las conclusiones que podemos extraer los ciudadanos es la relativa a que la primera prioridad del Gobierno sigue siendo mantener los privilegios de la casta política.
No se trata de un asunto baladí debido a que los partidos políticos subvencionados con dinero público procedente de los impuestos de los españoles son la base del insostenible sistema político actual, basado en un macro Estado autonómico, que ha ahogado a nuestra economía. (El problema no radica en los partidos sino en el funcionamiento antidemocrático de los mismos y en las subvenciones para mantenerlos).
Tanto los asesores (muchos de ellos, familiares y amigos de los políticos) como los coches oficiales constituyen el vértice de la pirámide que conforma el gasto público-político improductivo de nuestra Administración.
El ajuste referente al próximo ejercicio empobrecerá todavía más a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad y, en el caso que se produzca una nueva desviación presupuestaria, será debido al excesivo gasto público-político improductivo (y a sus ramificaciones en clave de corrupción).
¿Dónde está el engaño si a pesar de los recortes sociales y los impuestos confiscatorios, el déficit público sigue en niveles altos y la deuda pública crece imparablemente (del 40% a sobrepasar el 90% del PIB en los últimos cuatro años)? Evidentemente, en que el Estado sigue gastando más de lo que ingresa debido a que su super estructura político administrativa todavía no se ha sometido a una rigurosa dieta que elimine el gasto público-político improductivo.
¿Podría continuar el despilfarro del dinero público sin la intervención del BCE y, consecuentemente, sin la ayuda de la banca española, especialista en hacer negocio comprando deuda española?
La política impulsada por Mario Draghi bajó la prima de riesgo española y provocó que el Reino de España no tuviera que ser rescatado totalmente. Pero, ¿evitó el BCE el rescate total del Reino de España y de los españoles o realmente permitió que nuestro gasto público-político improductivo siguiera creciendo? Indudablemente, el no rescate total del Reino de España únicamente ha favorecido a la casta política y a la oligarquía financiera española. A las pymes, los autónomos y las familias (expoliados hasta límites insospechados al objeto de mantener el ruinoso sistema político-administrativo actual) seguramente les hubiera convenido que España hubiera sido rescatada de modo global.
Mientras tanto, Hacienda se ha convertido en una especie de FBI fiscal que investiga sin cesar (rastreando cualquier error en las declaraciones por mínimo y absurdo que sea este y poniendo cada vez más trampas legales) a pequeños empresarios, micropymes, autónomos, profesionales liberales, etc. El objetivo no es otro que recaudar al precio que sea para sostener económicamente a nuestra Administración, que es el motor averiado que impide a la economía española despegar.
Los vehículos de inversión de las grandes fortunas y las grandes multinacionales (expertos en evadir impuestos) están a salvo de la voracidad fiscal de la Agencia Tributaria española pero, por el contrario, las pymes y los autónomos están siendo perseguidos y sancionados sin piedad.
Hacienda está provocando el cierre de muchos negocios. Y aquellos autónomos y empresarios, que milagrosamente mantienen a flote sus negocios, deben invertir gran parte del tiempo (con el coste de oportunidad que ello conlleva) en atender los cada vez más numerosos requerimientos de Hacienda.
¿Seguirá el Gobierno inflando la burbuja de deuda pública, tanto en cuanto el nivel de inflación actual y el mínimo crecimiento de la economía española esperado para el año 2014 aconsejan reducirla ostensiblemente?
Reducir el endeudamiento público frenaría la “posible” recuperación económica a corto plazo pero relanzaría la economía a medio y largo plazo.
El desapalancamiento de la Administración, vía eliminación tanto de instituciones inservibles y costosas como de empleados públicos sin oposición y enchufados por los dos grandes partidos políticos, tendría un efecto negativo a corto plazo sobre el consumo e, igualmente, las prestaciones de desempleo subirían.
No obstante y a largo plazo, las pymes, los autónomos y las familias no tendrían que ser expoliados por Hacienda para mantener el gasto público-político improductivo de la Administración y el crédito podría fluir hacia la economía productiva, generando empleo privado.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
Este gobierno para recaudar más-menos sólo 3.000 millones de euros está buscando el fraude en desempleados que cobran en B para poder subsistir así como a autónomos y pymes machacándolos hasta la extenuación.. sin embargo parece que están olvidando «A DREDE» a sus amigos grandes empresarios que defraudan aprox entre 50.000 y 60.000 millones a la hacienda pública por año… ¿porqué será?
…dicho lo anterior, Montoro y Cía deberían echar las redes tributarias y fiscales por los distintos paraísos fiscales en lugar de pescar por las filas del paro.
Pues parece que si, que los 82.000 millones de euros estafados por grandes corporaciones y propietarios de SICAVS no tienen tanto que temer como un pobre autónomo que se haya olvidado de abonar el IVA de una factura de 100 euros. Que, a pesar de ser también delito, como que es más «perdonable».