El presidente Autonómico del Sector Sanidad de CSI·F de Castilla-La Mancha, Juan Manuel Bachiller, y el responsable regional de Atención Primaria de CSI·F, Luis Carlos Gutiérrez, se han reunido con un numeroso grupo de médicos ciudadrealeños, para informales del polémico borrador de Decreto que regulará el procedimiento de integración del personal funcionario en el régimen estatutario del Sescam, afectando en la región a más de 490 médicos.
Esta reunión, convocada por CSI·F en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, sirvió para informar a los numerosos asistentes de este polémico Decreto, del que aun no se conoce su versión definitiva, pero que pretende obligar a cerca de mil profesionales, de ellos 491 médicos, a que opten antes del 31 de diciembre, entre perder su condición de funcionarios y seguir en el Servicio de Salud, o renunciar a ser funcionarios, pasando a estar adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas.
Para CSI·F, la aprobación de ese Decreto de Integración de los Sanitarios Locales, rechazado en la Mesa General de Negociación por las centrales sindicales, «pondría a los pies de los caballos la prestación de una sanidad de calidad en nuestra región, pues se pondría en serio peligro la atención médica y de enfermería que recibe la mitad de la población de Castilla-La Mancha».
«Ataque al medio rural»
Para CSI·F, este decreto «es después del fallido intento de supresión de las Urgencias Rurales, el mayor ataque a la prestación sanitaria en el medio rural» y por ello pide su retirada y el mantenimiento de los funcionarios en su situación actual profesional y de nombramiento administrativo.
«Si la Junta de Comunidades se enroca en su decisión de aplicar este Real Decreto, injusto y desproporcionado», CSI·F anuncia que sus servicios jurídicos presentarán un recurso ante el TSJCLM, cuestionando la constitucionalidad del mismo por atacar los derechos individuales de los funcionarios al no respetar lo establecido en el Artículo 14 Estatuto Básico del Empleado Público: “derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera y al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional…”.
Ataque a la independencia
CSI·F cree que con este Decreto, el Gobierno del Partido Popular «pretende eliminar los funcionarios de la sanidad pública, que en la actualidad tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional varias Comunidades Autónomas, por vulnerar los derechos individuales de los funcionarios recogidos en nuestra legislación», y CSI·F teme que el verdadero objetivo «es la eliminación de los funcionarios del sistema público y acabar con profesionales a los que su estatus dota de una estabilidad laboral que les permite ser independientes y no están doblegados a los políticos de turno, lo cual es un verdadero inconveniente para futuras privatizaciones del sistema sanitario».
