Los veinticinco puntos del orden del día del pleno ordinario del mes de septiembre, junto a los asuntos urgentes y ruegos y preguntas presentados, precisaron de casi tres horas de sesión. El grueso del pleno fue la modificación de ordenanzas reguladoras de impuestos, tasas y precios públicos, en su mayoría para actualizar sus cuantías en función del IPC del último año, un 1,519%. El PSOE votó a favor de las relativas al ciclo del agua y a la zona azul. Izquierda Unida se sumó al equipo de gobierno en la actualización de las ordenanzas según el IPC, salvo en las del agua. Incluso llegó a pedir la rescisión del contrato de adjudicación de este servicio.
El concejal de IU, Santiago Sabariego, anunció que apoyaría estas modificaciones basadas en el aumento del IPC “porque un ayuntamiento debe tener capacidad de generar ingresos” y entiende que bajar impuestos no es lo mejor para los ciudadanos, pues sirven para mejorar la calidad de vida de un pueblo. Para el Grupo Socialista, no es el momento de más subidas que se suman a las que en mayor proporción se hicieron el año pasado, por lo que pidió la congelación de todas estas ordenanzas reguladoras.
De esta forma, con los votos a favor del PP y de IU, y en contra del PSOE, se aprobaron las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, de las tasas por participación en FERCAM, por ocupación de terrenos de uso público, por la instalaciones de puestos y atracciones, por vados de vehículos, instalación de mesas y sillas, cementerio, recogida de basura, mercadillo, mercado, y cursos y seminarios de la UP.
Al pleno también llegaron las actualizaciones, según el IPC, a las que obliga anualmente el contrato de adjudicación del servicio de agua y alcantarillado para las tasas por suministro y depuración, por acometida a las redes y por desatasco en fincas particulares. En este caso el PSOE estuvo a favor de las subidas, por cumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento, e IU votó en contra “por coherencia” con la postura que tuvo en su día contraria a la privatización del servicio. Justificó su decisión en que a diferencia del resto de ordenanzas, “aquí el incremento del IPC se lo lleva una empresa privada”.
Santiago Sabariego puso de manifiesto que la adjudicataria del servicio, Acciona Agua, ha denunciado al Ayuntamiento por considerar que su déficit se debe compensar con una mayor subida anual de las tasas, a pesar de que el contrato firmado en su día obliga a actualizarlas según el IPC. En caso de perder en los tribunales “podemos hablar de algunos millones de euros”, afirmó el edil de IU, que por ello pidió que se resuelva el contrato con Acciona por incumplimiento del mismo, habida cuenta de que el Ayuntamiento reconoce, según Sabariego, que Acciona no cumple con la calidad exigida.
El Grupo Socialista dijo que el Ayuntamiento sí está cumpliendo con su parte y que se demuestra que en su día se defendieron bien los intereses municipales cuando se firmó este contrato a veinticinco años. El alcalde, por su parte, dijo que se cumple el contrato y que si los tribunales no le dan la razón a Acciona, esta empresa podrá optar por seguir con el servicio o renunciar al mismo.
El Grupo Popular puso de manifiesto las contradicciones de los grupos de la oposición por apoyar en unos casos las subidas según el IPC y en otros no.
Unanimidad de la Corporación
Hubo dos modificaciones que gozaron de unanimidad de la Corporación, la de la tasa por expedición de documentos y la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El equipo de gobierno aceptó en la primera la petición de los partidos de la oposición de no limitar la edad para eximir del pago de las compulsas a los parados. De esta forma, bajan los precios de las compulsas a partir de cinco, y quedan exentos del pago los desempleados empadronados en Manzanares que se presenten a oposiciones o procesos de selección para encontrar un trabajo. En el caso del IBI todos aceptaron las variaciones de los umbrales para aplicar el tipo incrementado en algunos usos distintos de vivienda.
Zona azul
Las otras dos ordenanzas que tuvieron la aprobación definitiva del pleno de este martes, tras pasar el periodo de alegaciones, fueron la de ordenación y regulación del estacionamiento y la reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas de vías públicas municipales, relacionadas ambas con la reimplantación de la zona azul. En esta caso salieron adelante con los votos del PP y del PSOE y el único voto en contra de IU.
En base al informe de intervención y secretaría se rechazaron las alegaciones presentadas por Izquierda Unida, por algunos particulares y por partidos sin representación municipal. El PSOE votó a favor de esta aprobación definitiva “en coherencia” con este asunto y con los citados informes. IU mantuvo su postura contraria al entender que los ciudadanos pagarán dos veces por dejar su vehículo, por considerar que no garantiza plaza a los residentes y porque “no logrará la rotación necesaria de plazas de aparcamiento”.
El portavoz del Grupo Popular, Manuel Martín-Gaitero, dijo que no existe doble imposición fiscal, que es así como funciona la zona azul en la mayoría de sitios y, contestando a una alegación de UPyD, aclaró que los vehículos de los concejales no tendrán privilegios ya que no utilizan vehículos oficiales. El alcalde añadió que la experiencia de zona azul que tuvo Manzanares despeja cualquier duda sobre su efectividad.
Sobre este tema, en el turno del público, el presidente de LIM, Juan Rodríguez Rubio, preguntó a la concejal del PP Lola Serna por su cambio de postura respecto a lo que manifestaba años atrás sobre la zona azul. La edil explicó que entonces nadie sabía cómo iba a funcionar la zona azul y que entonces el PP pedía que fuera una decisión consensuada con comerciantes, empresarios y vecinos, como ha ocurrido ahora. Serna dijo que el PSOE la implantó sin consenso, sin aparcamientos públicos gratuitos -como ahora sí existen- y sin llevarlo en el programa electoral, algo que sí llevó el Partido Popular, según mostró en la sesión.
