Izquierda Unida ha presentado una propuesta de los criterios sociales que podrían regular los futuros pliegos de condiciones y adjudicaciones que genere el Ayuntamiento a concurso público en el futuro.
El portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Sánchez, ha declarado que “la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación es un acuerdo, que a propuesta de Izquierda Unida, fue aprobado por unanimidad del Pleno Municipal en el pasado mes de noviembre” y ha explicado que después de siete meses «y ante la apatía del gobierno municipal a este respecto han tomado la iniciativa de presentar una propuesta que además de factible es del todo realizable como se desprende del hecho de que propuestas muy similares ya están funcionando en otros ayuntamientos».
El concejal ha explicado que a pesar de la actual situación de crisis, “a la que deberíamos llamar estafa”, desde Izquierda Unida “tenemos claro que no podemos rebajar la calidad de los servicios públicos ni del empleo que estos generan, y la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento, puede utilizar su capacidad normativa para apoyar el desarrollo sostenible de la economía local, combatir la especulación y la destrucción de empleo.”
La propuesta presentada por IU expone una serie de criterios a tener en cuenta en el momento de las contrataciones, y detalla los baremos y puntuaciones que permiten influir de forma decisiva en los concursos públicos, “la contratación pública debe ser un instrumento eficaz de lucha contra la precariedad laboral y la exclusión”, “y el gobierno municipal del PSOE tendría que ser consciente de la necesidad de que las empresas que trabajan para el Ayuntamiento deben cumplir unos mínimos en este sentido, y aunque algunos se empeñen, la administración no debe ser una mera gestora de servicios a los ciudadanos, sino que debe asumir la responsabilidad de ser garantía de sus derechos”, ha señalado Sánchez.
Para el portavoz de Izquierda Unida la regulación de normas, ordenanzas o leyes permite estructurar una sociedad en la que se garanticen estos derechos, pero que “una administración responsable debe ir más allá pues la responsabilidad administración no finaliza en el momento de la adjudicación a una empresa de un servicio público, una obra o una compra, debemos ser corresponsable de todo el proceso de los mismos hasta la llegada a los ciudadanos”, “la creación de empleo, las condiciones laborales de los trabajadores de empresas adjudicatarias, de su responsabilidad social o medioambiental y tener siempre presente que lo que se está prestando finalmente es un servicio público, pagado con dinero público”, ha argumentado.
Sánchez ha detallado algunos de los baremos propuestos, poniendo como ejemplos que “se pueden dar más puntos por integrar en la plantilla más personas con contratos indefinidos o mantener una mayor estabilidad laboral; que presente un informe de impacto de género y las medidas de igualdad que rijan en su empresa. Se puede beneficiar también a las empresas que subcontraten con entidades de economía social o a aquellas que, para la ejecución de contratos o servicios, creen nuevos puestos de trabajo”.
“Con crisis o sin ella, no podemos ni debemos renunciar al empleo digno y para todos, y el Ayuntamiento no se puede quedar al margen; es su obligación garantizar no solo la legalidad, si no la consolidación, calidad y la dignidad de los puestos de trabajo que genere ”, ha concluido Sánchez.
La Moción aprobada en el pasado mes de noviembre proponía también reservar, al menos, el 30% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.
