Pérdidas y ganancias

Días pasados, en un suplemento cultural era interrogado el escritor Félix de Azúa sobre la conveniencia o inconveniencia de las ayudas públicas al sector financiero. La preguntaba fijaba ‘¿Hay que ayudar a los bancos o dejar que se hundan?’. La respuesta era de tal tenor. “La pregunta es demasiado bondadosa para mi gusto. Yo creo que hay que dejar de ayudar a todo el mundo: Los clubes de fútbol, las iglesias, los sindicatos, las industrias protegidas, el cine, la prensa, las teles autonómicas, el servicio de exteriores de la Generalitat catalana, en fin todo aquello que financiamos sin haber sido consultados. Otra cosa es que nos dejen”. Respuesta que, obviamente, no contará con ningún respaldo político.

De donde se deduce que son tantos los entes, instituciones, actividades y entidades financiados por el común de los ciudadanos, esto es por los Presupuestos Públicos del Estado, que es difícil que desaparezca el concepto de subsidiación y de ayudas públicas. Y es difícil que desaparezca, primero por los réditos propios de tales ayudas, tanto electorales como económicos; y segundo por el carácter instrumental de la política hoy. Donde prevalece el ‘Do ut des’, o ‘Doy par que me des’. Y así nos va.

Pero ¿Quién decide los apoyos y cómo se cuantifican?  Y sobre todo cómo se calcula su impacto. En relación con las ayudas financieras, hemos escuchado con reiteración, a lo largo de los años pasados, todo tipo de argumentos y argumentarios: desde su imputación no cómo déficit, sino como deuda; a ninguna de las dos anotaciones, al tratarse de un anticipo con devolución y hasta con abono del interés interbancario. Pese a todo ello y pese a tantos desvaríos,  en el mes de mayo Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico, publicaba un artículo serio y conminativo, llamado  ‘Ayudas a la banca y coste para el contribuyente’. Donde anotaba, entre otras observaciones de interés, que: “Sólo el tiempo dirá que parte de las ayudas puede recuperarse, y eso dependerá sobre todo del devenir de la economía española. El grueso de las ayudas a recuperar corresponde a los tres bancos nacionalizados en manos del FROB (Bankia, Catalalunya Caixa y NovaGalicia), en los que el Estado tiene de plazo cinco años para venderlos”. Y ya vemos los resultados de su venta, según publica Iñigo de Barrón el 8 de julio, al fijar que “si el Gobierno vende por un euro Catalunya Banc, asumirá pérdidas de 9.084 millones (la cantidad que inyectó tras las pruebas de Oliver Wyman con dinero de Europa). Y si ocurre lo mismo con Novagalicia, habrá dado por irrecuperables 5.425 millones. En total, 14.509 millones que pasarían a engrosar el déficit público…Además con estas dos antiguas cajas ya se han perdido para siempre 6.595 millones entregados por el FROB y asumidos como déficit en 2012. Es decir: hay, al menso en juego 21.000 millones”.

Además de eso, Maudos, fijaba otra ayuda encubierta bajo la forma de ‘los pasivos contingentes’, que operan en la concesión de avales a la emisión de deuda bancaria; y particularmente “la deuda con la que el SAREB ha pagado a los bancos los activos transferidos por un importe aproximado de 50.000 millones de euros. El total de de estos ‘pasivos contingentes’ asciende en España en 2012 a 100.000 millones”. La SAREB tiene un plazo de quince años para vender todos su activos, por lo que, caso de no producirse “la pérdida acabaría recayendo en el bolsillo de los contribuyentes, engrosando el déficit público”.

Algo más cerca en el tiempo y en esa misma onda argumental, Joaquín Estefanía publicaba ‘Ayudas a la banca: 12 puntos de PIB’, en donde reconocía las dificultades para encontrar datos fiables. Pero en todo caso, las ayudas otorgadas al sector financiero en estos últimos años tienen distintas naturalezas: “miles de millones de euros son ya pérdidas, y por tanto engrosan el déficit público; otros todavía son deuda y están pendiente de devolver…si las cosas vienen bien dadas. La mayor parte corresponde a dinero del contribuyente, y por tanto se han utilizado como socialización de pérdidas, para salvar empresas privadas; otros han sido proporcionados por el sector financiero a través de mecanismo comunes de que disponen”.

La contabilización consecuente que propone Estefanía, obtenida (¡ojo!) de fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB), podría ascender a 125.000 millones de euros, cantidad equivalente a 12 puntos de PIB. Lo grave, comparativamente hablando con las magnitudes reales en otros campos de actividad económica, no es su valor de referencia, sino las pérdidas previstas. Así: “La AEB calcula que de los 125.000 millones, casi 32.000 millones ya se dan por perdidos, a los que casi con seguridad, habrá que añadir otros 8.000 millones. Total, cuatro puntos de PIB de déficit público, de los que más de tres puntos ya han sido contabilizados en el déficit de 2012, que por ello llegó a superar el 10% del PIB”.

Junto a todo ello, las pérdidas de imputación privada o particular, que también cuentan, pesan y duelen. Y que pasan por la depreciación de los activos inmobiliarios en un 30%, consecuencia del pinchazo de la burbuja; las minusvalías de productos financieros convencionales, como los activos bursátiles, o las pérdidas de otros productos atípicos o fraudulentos, como las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas. Un marasmo de hondas repercusiones, por más que minimicen el alcance de la onda expansiva.

Periferia sentimental
José Rivero