El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha afirmado, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes regionales, que los distintos mecanismos de pago puestos en marcha por el Gobierno central para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas “han contribuido a garantizar la sostenibilidad financiera de Castilla-La Mancha, a la correcta financiación del déficit, a cumplir con los compromisos financieros, a combatir la gravísima morosidad pública, a aliviar tensiones de tesorería y a tener unas finanzas públicas sanas, sólidas y transparentes”.
Romaní ha explicado que, en Castilla-La Mancha, existía una enorme deuda, financiera y no financiera, esta última consecuencia de “años de déficit disparado”.
¿”Es que es menos lo que se debe a un empresario por los bienes entregados o los servicios prestados a la Administración, o a las familias y particulares por las subvenciones comprometidas, o a los Ayuntamientos por los convenios, que lo que se debe a un banco?”, ha preguntado el consejero. “En definitiva, existía una enorme cantidad de pagos pendientes de efectuar a acreedores no financieros y una enorme deuda financiera”, ha respondido.
En estas condiciones, “encontrar financiación para pagar las obligaciones pendientes, refinanciar vencimientos de deuda financiera y financiar el déficit no era tarea fácil”, ha añadido Romaní, así como ha precisado que “para ello, trabajamos mano a mano con el Ministerio de Hacienda en buscar soluciones”.
Cinco instrumentos de apoyo a la liquidez
Los distintos mecanismos que el Gobierno de Rajoy puso en marcha para aliviar la tesorería de las Comunidades Autónomas fueron cinco: Anticipos del Tesoro a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica; aplazamiento de las liquidaciones negativas del Sistema de Financiación Autonómica 2008 y 2009, pasando de cinco a diez años; línea ICO-CCAA 2012; mecanismo de pago a proveedores y Fondo de Liquidez Autonómica.
Con respecto a la Línea ICO, para Castilla-La Mancha ha supuesto una inyección total de 469 millones de euros, a un plazo de tres años, siendo el último tipo aplicable, para el tramo de mayor importe, del 5,43%.
Por su parte, el mecanismo de pago a proveedores, entre la primera y la segunda fase, ha ascendido en la región a un total de 2.979.110.181 euros, lo que supone haber pagado el 98% del total de lo adeudado a proveedores, cantidad equivalente al 8% del PIB regional, y con la que se habrán abonado a 11.804 proveedores 604.256 facturas correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
“A la vista de los datos, el mecanismo de pago a proveedores, en sus dos fases, sólo puede calificarse como un rotundo éxito, por la inyección que ha supuesto para la economía de la región y la contundente solución a la intolerable morosidad sufrida por numerosas PYMES, autónomos y proveedores en general”, ha asegurado Romaní.
“El Gobierno de España”, además – tal y como ha recordado el consejero- “ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de pago a proveedores para hacer frente a las facturas impagadas del ejercicio 2012, y del primer semestre de 2013, y que permitirá liquidar también la deuda con los Ayuntamientos”.
Fondo de Liquidez Autonómico
Romaní se ha referido finalmente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que fue dotado en 2012 con un importe total de 18.000 millones de euros, de los cuales se adjudicaron a Castilla-La Mancha, en primer término, 548,14 millones y sumándose posteriormente 489,03 millones.
En total, 1.037 millones de euros a lo que hay que sumar 548 millones del FLA 2013. Según ha explicado el consejero, este mecanismo ha tenido un fin eminentemente social, ya que ha servido “para hacer frente a vencimientos e intereses de deuda, con el objetivo de que la mayor parte de la tesorería se concentre en atender pagos a empresas, autónomos, PYMES, familias, entidades locales e instituciones”.
En definitiva, ha añadido Romaní, “el FLA, junto al resto de mecanismos, ha contribuido al saneamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas regionales, y a permitir la supervivencia de empresas ahogadas por la morosidad pública, que de otra forma no hubieran pervivido, con la consiguiente destrucción de empleo”.
