Jóvenes IU Alcázar de San Juan denuncian que durante varios días de este mes de junio, el equipo de Gobierno del alcalde Diego Ortega «ha desatendido las funciones básicas de cualquier biblioteca financiada con impuestos públicos, puesto que han actuado con lentitud e ineficacia para garantizar que la biblioteca municipal tuviese las condiciones de aclimatación que requiere cualquier marco de estudio o lectura».
Afirman que “un papel fundamental de toda biblioteca pública es el de apoyar la educación formal de todos los ciudadanos, algo que no se cumplió mientras las condiciones materiales de sus instalaciones fueron infrahumanas e insoportables debido al calor y a que no se hizo uso del sistema de aclimatación para ahorrar y poder alardear de superávit en las arcas municipales”.
Pese a que dicen que esto es algo que no debería haber ocurrido nunca, denuncian que «ha cobrado un relevante dramatismo en plena época de exámenes finales para estudiantes de enseñanzas medias, universidad y selectividad», aunque aseguran no extrañarse: “Es lógico que los que expulsan a muchos estudiantes de la universidad con unas tasas impagables, se hayan tomado con calma el garantizar unas condiciones óptimas de estudio en la biblioteca municipal a los pre-universitarios que preparaban selectividad. Ídem de lo mismo con los estudiantes de enseñanzas medias que han soportado un curso en aulas masificadas debido a sus injustos recortes en educación”.
De esta manera señalan que “parece que Diego Ortega desprecia a los alcazareños que prefieren la cultura y los libros antes que la charanga y la pandereta” y añaden que “debe comprender que hay muchos jóvenes que aspiran a ir más allá de acudir gratuitamente a los toros o pasear la teja y la mantilla en la procesión del Corpus Christi.”
De igual modo, mandan un mensaje al principal partido del gobierno local: “El Partido Popular de Alcázar de San Juan debe entender que mal que les pese, la cultura y el saber dejó de estar restringido a iglesias y a monasterios en la Edad Media y que, hoy en día, el acceso a una formación académica integral es un derecho que la administración pública debe garantizarnos a todos y a todas”.
