Manuel Fuentes Muñoz
El pasado día 9 de marzo, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, dijo en el Senado, -ante una pregunta de la senadora Rosa Romero sobre las condiciones de los actuales servicios de lanzadera- que ellos no gobiernan para una “clase privilegiada”. Con su expresión nos calificaba a los usuarios que utilizamos los trenes lanzaderas por motivos laborales, y su comentario servia para denegar las peticiones que plantea la AUAV a RENFE, desde el pasado mes de diciembre.
Hemos calificado de indignantes estas declaraciones con las que se pretende, una vez más, demonizar ante la opinión pública, a un colectivo que ha de utilizar este servicio, principalmente, por la situación socioeconómica de la provincia de Ciudad Real, que, entre otros indicadores, presenta el mayor índice de paro de toda la comunidad autónoma.
No parece muy serio llamarnos de esa forma a quienes nos levantamos todos los días a las 5,30 o a las 6 de la mañana, para desplazarnos a Madrid. Ni a quienes destinan cerca de la mitad de sus ingresos para pagar este servicio. O a quienes han de estar pluriempleados o realizar horas extraordinarias para pagarse el abono.
A la Asociación la apoyan más de 650 usuarios. Ciudadanos de toda clase y condición, que muchos son votantes, simpatizantes y hasta militantes de los distintos partidos políticos, incluido el de la señora Alvarez. Por eso, parece una frivolidad y casi un insulto, su expresión peyorativa sobre los usuarios de estos trenes.
Entre otras cosas dijo también que ya no tenemos los privilegios que teníamos antes y que por eso protestamos. En realidad, lo que teníamos eran unas condiciones que puso RENFE –no los usuarios- en 1992 que, entre otras cosas, han contribuido al desarrollo de la provincia en los últimos años y de la que se ha beneficiado la propia compañía ferroviaria. Ahora, esas condiciones, se quitan de un plumazo, unilateralmente, sin más explicaciones y sin ningún tipo de contrapartida a cambio.
El mantenella y no enmendalla, tuvo su punto culminante en los comentarios realizados sobre los precios de los abonos. Dijo que no han subido. Bueno, que solo les sube un 1,14 por ciento a unos 300 usuarios que poseían la tarjeta oro. Absolutamente falso. La subida con respecto a 2004, afecta a “todos los usuarios” y oscila entre el 4,23 por ciento, en el mejor de los casos a los poseedores de la tarjeta clásica y el 35,08 por ciento, a quienes utilizan los trenes de cercanías y el parking. Eso sin contar el coste de las penalizaciones que, en estos momentos se aplican, y que con anterioridad no se abonaban.
La segregación de la compañía pública ferroviaria, en la gestora de infraestructuras (ADIF) y en RENFE-operadora y dentro de esta, la filialización en unidades de negocio, están sirviendo de excusa para el incremento de las tarifas y para una drástica reducción de las prestaciones a los usuarios. Pero lo grave, es que tratan de ocultarlo, negándo lo evidente ante la opinión pública.
Sus comentarios solo tendrán nuestra comprensión, si la actuación de los asesores o informadores de la señora Alvarez no hubiera sido la que, éticamente, corresponde. Es decir, si han faltado a la verdad, intencionadamente, en su forma de proceder. En cuyo caso, la solución para el desagravio es sencilla, rectificar lo dicho y cesar a esos colaboradores.
