José Manuel Torre Poveda. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ciudad Real.- La cruda realidad española manifiesta 6.200.000 parados, un déficit público real que se sitúa en torno al 6% y 40.000 millones de euros públicos que han sido destinados al rescate bancario, de los que la mitad se adjudicó a la polémica Bankia.
Un joven español medio contiene activos importantes desde el punto de vista académico, con cotas medias de preparación que nunca se habían alcanzado. Sin embargo, esta generación que ha crecido en constante periodo de confianza, crecimiento y facilidades sociales, ahora se enfrenta a un sistema socio-económico que no ofrece empleo, con tasas disparadas de desempleo juvenil, un mercado hipotecario que impide la adquisición de vivienda y, en definitiva, dificultad para asentar cualquier tipo de proyecto profesional o familiar.
El gobierno entiende que, vistas y agotadas las vías de reactivación habituales, solo cabe la dinamización de la economía generada por una gran masa de emprendedores que invierta la situación y pueda tornar la tendencia negativa.
Así, en mitad de la tormenta de cambios sociales que estamos viviendo, se acaba de aprobar la Ley de Emprendedores, un texto cuya responsabilidad de contenido corresponde al Gobierno de España y no tanto a las distintas comunidades autónomas, si bien es cierto que Castilla-La Mancha ha sido una de las más avanzadas, siendo la primera medida de este gobierno.
Transcurrido un año y medio desde la publicación de esta Ley regional, se cumple el mayor avance que advertíamos desde el inicio. Es decir, que fuera el gobierno central quien ofreciera medidas de cobertura nacional necesarias para la Ley de Emprendedores, dado que es el Estado quien dispone de las competencias necesarias para favorecer las posibilidades del emprendedor y que las leyes autonómicas en esta materia no quedaran como meras declaraciones de buenas intenciones.
En general, la Ley responde a varias de las necesidades de los emprendedores. Dispone principalmente medidas de fomento a la inversión extranjera, ofreciendo el permiso de residencia a todo aquel extranjero que invierta en empresas y genere empleo, favorece la reinversión empresarial y en I+D+i.
En el apartado fiscal, se intenta dar respuesta a la vieja añoranza empresarial de tributar el IVA solo cuando se cobre la factura y no cuando se emite.
En materia social, se bonifican considerablemente las cotizaciones de los nuevos autónomos en tramos más asequibles durante los primeros 2 años y para pluriempleados que alternan su empresa y trabajo por cuenta ajena.
Se intenta minorar el miedo al fracaso protegiendo como bienes mínimos inembargables del emprendedor su vivienda familiar y vehículo, así como ofreciendo medidas más flexibles de acuerdo dentro del Concurso de Acreedores.
Con Emprende 3, se podrá poner en marcha una empresa de forma telemática, de una sola vez y con un formulario tipo sirviéndose de las nuevas tecnologías para armonizar las administraciones públicas Central, Autónoma y Local.
En cuanto al acceso al crédito, se facilita la financiación de PYMES en los mercados de valores de renta fija, cuestión que no solventará el verdadero problema de financiación de las PYMES.
En conclusión, no cabe duda de la buena dirección de las medidas adoptadas. Ahora bien, ¿será suficiente incentivo para soportar el lastre que en deuda pública hemos de repartirnos?
Parece que no es suficiente, por ello quiero destacar un fenómeno que está superando todas las dificultades sociales, un fenómeno que está ayudando al mantenimiento de la paz social, generado por la pura solidaridad y el mero altruismo que está ayudando de forma decisiva al mantenimiento de la sociedad. La campaña SOMOS pretende reconocer a esos 7,5 millones de españoles, prácticamente el mismo número de desempleados, que participan en distintas ONG sosteniendo desde iniciativas de la sociedad civil un modelo de economía social exitoso.
Bienvenida Ley de emprendedores y gracias a la Sociedad Civil.
