La teniente alcalde de Servicios Sociales y Sanidad de Valdepeñas, Antonina Sánchez, ha criticado esta mañana las tasas administrativas que ha impuesto el Gobierno de Castilla-La Mancha, más de 300 de las cuales muchas de ellas afectan también al área de Servicios Sociales y que se han recogido en los “Apuntes Legislativos”, una campaña informativa periódica que se elabora desde el Centro de la Mujer de Valdepeñas con el objetivo de difundir las novedades a nivel legislativo.
Antonina Sánchez ha hecho referencia a las tasas que afectan a los ciudadanos en el área de Servicios Sociales y que contemplan, entre otras, el pago de 30 euros por la solicitud de revisión del grado de discapacidad y de 10 euros en el caso de que exista un desplazamiento para valorar al usuario en su domicilio, además de pagar 8 euros por la emisión de la tarjeta de accesibilidad. Por otro lado el Gobierno de Castilla-La Mancha ha impuesto una tasa de 40 euros para solicitar la revisión del grado de dependencia, 35 euros por el certificado de idoneidad como cuidador no profesional o 132 euros por la elaboración de informes de idoneidad para la adopción internacional. “También hay tasas para inscribirse en el registro de asociaciones o fundaciones, asociaciones de voluntarios, para la tarjeta sanitaria e incluso para solicitar una vivienda de promoción pública, que a mí me parece algo grave porque muchas familias que solicitan la promoción pública son las que habitualmente están siendo atendidas en necesidades básicas”, explicó Sánchez.
Por su parte, la Asesora Jurídica del Centro de la Mujer, Presentación Sánchez, señaló en este sentido que para cada solicitud primero hay que pagar la tasa y luego se tramita, “pero nos encontramos con casos en los que la solicitud se inadmite y estamos reclamando esas tasas que no sabemos sin van a devolver”.
Empleadas de hogar
Además, los “Apuntes legislativos” también hacen referencia a las novedades sobre el régimen especial de empleadas de hogar en el que las bases de cotización han cambiado a 8 tramos en lugar de 15 y con una base de cotización que también varía del 22% anterior al 22,90% actual. Sin embargo, la responsable municipal de Servicios Sociales ha destacado que desde el pasado 1 de abril, cuando se presten menos de 60 horas mensuales, será el empleado o empleada de hogar el responsable del cumplimiento de cotizar, debiendo ingresar la aportación propia y la correspondiente del empleador con el que se tenga el acuerdo, un cambio de normativa que Sánchez ha calificado como un “retroceso, una injusticia social grave y una desprotección a los más débiles en beneficio de los más fuertes”.
Por último, también se aborda el nuevo convenio para personas con discapacidad que tengan dificultades de inserción laboral. “Se trata de un convenio bueno pero muy restrictivo, por el que pocas personas se van poder beneficiar de él”, lamentó Sánchez, que recordó que se podrán beneficiar los que cumplan todos los requisitos como que acrediten 38 años y 6 meses de cotización, que tengan un grado de discapacidad del 33% aquellas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, mientras que tendrán que tener un grado del 65% las personas con discapacidad física o sensorial, entre otras.
