Daimiel Noticias.- Los tres grupos políticos municipales (PP, PSOE e IU) mostraron anoche su rechazo a la intención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cerrar el próximo 31 de mayo el centro «Virgen de las Cruces» conocido como «Granja Escuela». La citada clausura se apoya en un informe de viabilidad elaborado por la consejería de Educación que se conoció este lunes en Daimiel.
Eso provocó la presentación de una moción por vía de urgencia del Grupo Municipal Socialista, donde también se incluía una referencia a la privatización de la residencias universitarias de la región, pero que finalmente, no sin un áspero debate, quedó fuera del texto consensuado en aras de un acuerdo entre gobierno y oposición. Así las cosas, «el Ayuntamiento de Daimiel insta al Gobierno de Castilla La Mancha a paralizar cualquier tipo de iniciativa centrada en el cierre del centro Virgen de las Cruces, y propone a la consejería de Educación la reanudación de las actividades educativas, sociales, deportivas, que se venían haciendo en La Granja hasta el 2011 y que han sido paralizadas en los últimos dos años».
Este asunto llevó hasta el salón de plenos a una representación de los 17 trabajadores del centro con los que el alcalde, Leopoldo Sierra, se comprometió a hacer todo lo posible y todo lo que esté su mano y en la del equipo de Gobierno para «defender sus puestos de trabajo y demostrar que ese centro puede ser viable».
Previamente, los portavoces de Izquierda Unida y PSOE, afearon el «ocultismo» y el «secretismo» que entendían ha marcado esta decisión que afecta, en palabras de la portavoz socialista, Cristina Maestre, a un «centro fundamental para el pueblo». En su opinión, el problema presupuestario de La Granja Escuela proviene de «una estrategia para matar de inanición» a este centro. «Había solicitudes de reserva, pero la mayoría eran anuladas», comentaba.
Por su parte, Galo Sánchez-Bermejo también veía esa misma predisposición en la gestión del gobierno regional e insistió en que hay que «hacer lo que sea antes que el cierre» por lo que indicó que era el momento para que el equipo de Gobierno eligiera «entre el PP y Daimiel».
Desde el Partido Popular, su portavoz, María Dolores Martín de Almagro, recordaba que el cese de actividades en el instituto «Virgen de las Cruces» comenzó «en el año 2004 con un gobierno del Partido Socialista». Tras esto Martín de Almagro afirmó que «se está trabajando contrarreloj para conseguir una moratoria que nos permita justificar la conveniencia de su permanencia». «Es un centro emblemático en Daimiel y merece la pena luchar que todos luchemos por él», recalcó.
Ampliación de supuestos por incapacidad
También con un acuerdo mayoritario, únicamente se abstuvieron los dos concejales de Izquierda Unida, se aprobó ampliar los supuestos en los que un trabajador municipal cobrará el cien por cien de su sueldo, en caso de incapacidad temporal. Así, a partir de ahora, estará garantizada la totalidad de la nómina cuando haya una hospitalización o intervención quirúrgica, cuando la estancia en cualquier servicio de urgencia dé lugar una expedición de un parte de baja o cuando se trate de una enfermedad de las relacionadas en el anexo del Real Decreto 1148/2011, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos representados en el Ayuntamiento, como expuso la concejal de Personal. «Nos felicitamos porque el trabajador va a salir beneficiado», apuntó Martín de Almagro.
Mociones
Por otro lado, la moción en la que IU solicitaba la elaboración de un ordenanza municipal de subvenciones y la que presentó el PSOE para que el Gobierno Central retirará el anteproyecto para la racionalización y sostenibilidad de la administración local no salieron adelante. Ambas contaron con los votos en contra de los diez concejales populares y el apoyo de los concejales de los grupos de la oposición.
En el debate de la ordenanza de subvenciones, el portavoz de IU, Galo Sánchez-Bermejo, defendió que esta ordenanza daría, a su juicio, «más transparencia y eficacia» al dinero público que puede ser subvencionable y que permitiría fijar qué materias son objeto o no de esa ayuda. A este respecto, aunque su grupo votó a favor de la moción para «dar un paso más», Maestre dejó claro que esas garantías se han mantenido y se mantienen en la actualidad por el procedimiento habitual que siguen. Así lo recalcó el concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero, quien indicó que en los presupuestos de 2013 se ha incluido por primera vez y de forma «nominativa» la relación de subvenciones que se tiene previsto ejecutar durante el presente ejercicio. «Todo se hace conforme a ley y de una forma transparente», añadía.
En cuanto a la moción sobre la reforma de la administración local, Izquierda Unida manifestó que «supondrá un cambio velado en el modelo de atención social municipal» que desembocará «en la beneficiencia». Desde el grupo proponente, la concejal socialista, Pilar Estudillo, preveía que el traslado de las decisiones sobre Servicios Sociales a Diputaciones o Comunidades Autónomas alejará al ciudadano de la administración y perjudicará a las zonas rurales. «Los ciudadanos serán los grandes perdedores porque todo se basará en criterios económicos», argumentaba.
Para la portavoz del Grupo Popular, se vuelven a hacer «unas previsiones catastrofistas» que distan del objetivo que, según su exposición, se persigue con la reforma. En palabras de Martín de Almagro, estos cambios permitirán «clarificar competencias, evitar duplicidades y mejorar el control presupuestario». «Los ayuntamientos nos hemos visto abocados a un sobreendeudamiento como consecuencia de asumir competencias impropias y mal financiadas, eso es lo que se quiere solucionar», subrayaba.
En esa misma línea reincidió el alcalde quien pidió al concejal de IU, Juan Julián Rodríguez de la Rubia, que no le recriminara más que prefiere que se pague el déficit por encima de las personas. «Es tremendamente injusto», reiteró Sierra.
Al inicio del pleno, durante la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, Maestre solicitó la rectificación de un párrafo que hacía referencia a su participación en un juicio sobre la laguna de Navaseca. Una rectificación que se admitió tras la puntualización del concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero, explicando que se trataba de una alegación ante Confederación Hidrográfica del Guadiana.
