Hay que elegir: nuestra macro administración o España y los españoles

Lucio A. MuñozAl comienzo de la presente legislatura, Rajoy proclamó a los cuatro vientos que la economía sería el eje central sobre el que giraría la política de su gobierno, por tanto y en virtud de este mensaje inicial, los españoles pensamos, desde el momento en el que el PP asumió el poder, que el área económica primaría relevantemente sobre las demás.

Después de casi un año y medio gobernando, muchísimos españoles (en especial, los votantes del PP) se sienten absolutamente decepcionados y, a la vez, engañados debido a que se han dado cuenta que el PP no tenía planificada ninguna estrategia económica para sacar a España de la quiebra  a la que nos llevó el anterior gobierno del PSOE.

El Gobierno actual no tiene ninguna estrategia económica pero persigue un objetivo político definido (igual que el anterior gobierno): mantener este sistema político-administrativo-territorial a toda costa.

El principal objetivo, de índole político, que siempre ha tenido presente el Gobierno no es otro que preservar a toda costa un sistema político-administrativo-territorial (estructuralmente sobredimensionado por obra y gracia del gobierno de Zapatero), tan destructor para la economía española como beneficioso para nuestra casta política.

El actual Gobierno del PP está continuando, de idéntica forma, la política zapaterista del anterior gobierno del PSOE.

Hasta la fecha, la falsa y desenfocada austeridad, centrada en los recortes y las subidas de impuestos a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos, únicamente ha servido para mantener a flote una descomunal Administración (estructura político-autonómica y local) y a todas las deficitarias y ruinosas empresas públicas. Pero la deuda del Estado sigue creciendo de forma insostenible y los objetivos de déficit no se han cumplido (el esfuerzo del déficit lo ha realizado únicamente el sector privado).

Todo lo expuesto anteriormente deja al descubierto el verdadero y único plan del Gobierno consistente en dejar pasar el tiempo, sin tomar ninguna decisión que implique perder cuota de poder político (reducir el Estado), imaginando que la enferma economía española mejoraría sin necesidad de operar.

Las pymes, los autónomos y las familias están cumpliendo con la parte del ajuste que les corresponde (la deuda de las empresas sigue reduciéndose y está llegando hasta niveles de 2006) pero el sector público sigue prorrogando sus obligaciones, sobre todo, las empresas públicas (siguen contratando personal aunque están especializadas en perder dinero y  gestionadas por políticos cuyos salarios se encuentran por encima de la media del sector privado). Los políticos han expoliado las cajas de ahorros y, también, las empresas públicas.

¿Cuántos parados más tiene que soportar España para que el Gobierno gire 360º su política y acometa una reforma profunda de nuestra monstruosa Administración en forma de reducción del ineficiente sector público empresarial y de eliminación tanto de triplicidades administrativas como  de subvenciones improductivas y clientelares?

¿Está apoyando el Gobierno a los emprendedores o solo los utiliza publicitaria y mediáticamente? La casta debería saber que ni los costes derivados de la Seguridad Social ni los impuestos actuales tan elevados pueden ser asumidos por las empresas. Además, el crédito bancario sigue fluyendo hacia la Administración para pagar los gastos de nuestro super Estado, por tanto, las empresas, sin crédito, sólo sirven para pagar impuestos.

El último paquete de medidas adoptado por el Gobierno (el pasado viernes, 26 de abril), que incluye nuevas subidas de impuestos, indica que todo seguirá igual.

¿Tiene algún margen de decisión el Gobierno?

Es un hecho cierto que la economía española se encuentra intervenida y que tanto los objetivos de déficit como la subida de determinados impuestos se imponen desde Bruselas pero en última instancia, ¿quién decide realmente dónde, cómo y en qué se recorta: la UE o el Gobierno español? ¿Tiene el Gobierno algún margen de decisión?

¿Le interesa a la casta política que los españoles piensen que la engañosamente denominada austeridad y los recortes vienen delimitados estrictamente por Bruselas? De esta manera, los culpables son Europa y Merkel.

Oli Rehn, responsable de Economía de la UE, criticó hace escasos días la política económica de Rajoy fundamentando que la misma, basada en la subida de impuestos sin apenas reducción de gasto público-político, impedirá el crecimiento económico de España, (critica a la que se ha sumado Draghi). La política económica centrada en la austeridad es correcta pero enfocándola adecuadamente, es decir, en la reducción del gasto público-político (sin subir los impuestos) al objeto de reducir la deuda y el déficit. El austericidio del Gobierno de Rajoy (recortes a la sociedad civil e insoportable presión fiscal) es diferente a la  austeridad (control presupuestario y reducción del gasto público-político ineficiente e improductivo). Son dos conceptos diferentes que están confundiendo a muchos ciudadanos españoles.

La Comunidad Europea le ha pedido a Rajoy mayor profundidad respecto a su incompleta reforma laboral y actuaciones encaminadas a dotar de sostenibilidad el sistema de pensiones español. Del mismo modo, el nuevo cuadro macroeconómico muestra que Bruselas permitirá que los objetivos de déficit se relajen en los dos próximos ejercicios, una decisión que ha aprovechado el Gobierno para diseñar un déficit a la carta para cada una de nuestras autonomías (empezando por Cataluña). Otro error que acabará en más despilfarro, más déficit y más deuda.

La capacidad recaudatoria del Estado no es suficiente para reducir el déficit y no se puede exprimir (fiscalmente) más a los ciudadanos y a las empresas, por tanto, sólo existe una solución: acometer una profunda reforma administrativa y territorial, reducir radicalmente el gasto público-político y eliminar el modelo de economía subvencionada. ¿A qué espera Rajoy para racionalizar el Estado, a que se lo mande Merkel? Ni siquiera ahora, con la tregua que los mercados están concediendo a España con la prima en torno a los 300 p.b., se atreve el Gobierno a hacer la reforma más necesaria para nuestro país porque trastoca la configuración del sistema político que es lo que realmente no quiere modificar bajo ningún concepto.

La casta política sigue apostando por mantener sus veinte mil asesores casi cienmileuristas, a las más de cuatro mil empresas públicas empleadoras de familiares y amigos de los políticos, a los cientos de miles de empleados públicos (sin oposición) enchufados por la partitocracia PP-PSOE en la Administración, a las televisiones públicas gestionadas por los amigos del poder, a las 17 corruptas autonomías, a los 8.000 insostenibles ayuntamientos, etc., a costa de que suban los impuestos y el paro. No podemos pagar el sueldo de todos estos parásitos sociales que están arruinando España. Hay que elegir. El sistema actual o lo ciudadanos. Los privilegios de la casta política o España y los españoles.

Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.

 

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2 COMENTARIOS

  1. El problema es la macro administración (nacional, regional o autonómica) o la gestión que han hecho de la mista PP y PSOE durante los últimos 30 años???? Al igual que lo han hecho PNV o CIU en sus CCAA.

    No meemos fuera del tiesto Sr Muñoz, y no hagamos comentarios interesados ahora que el río anda revuelto, porque en vez de un pez, le podría salir un zapato roto. Cada uno que piense como quiera pero, con datos en la mano, si en las tres administraciones se meten de verdad los criterios de eficiencia y eficacia, se largan a todos los enchufados a dedo que no saben hacer la O con un canuto y se pone una carrera profesional para los funcionarios que premie de verdad su trabajo y su interés, otro gallo nos cantaría.

    La limpieza en las administraciones empieza por arriba. Por personajes como la ínclita Esperanza Aguirre, baluarte del liberalismo que engordó la administración madrileña hasta 6 VECES para poner a sus cachorros ultralibrerales al frente y que luego se queden con los servicios públicos para sus empresas (caso de la sanidad. Eso tenía que estar penado con la cárcel.

    Aquí tres cuartos de lo mismo. Llegó la Bien Pagá de Cospedal y dijo que CLMTV era algo a cerrar de inmediato pero, su única medida fue poner a un periodista incalificable al frente con 20 millones de sueldo al año y un coche oficial para que lo traiga y lo lleve a Madrid como a muchos otros. Ahora anda con Geacam y demás, con los hospitales, con la educación…y no tiene límite.

    ESO ES LO QUE NO SE PUEDE HACER. No es posible que los cargos públicos de Cospedal (y antes de Barreda) nos cuesten lo que nos cuestan. Porque están quitando el dinero que nos hace falta para maestros, para médicos, para barrenderos etc etc.

    Ya no es el coche oficial; son las dietas, los salarios, las prebendas de todos esos cargos a dedo y, sobre todo, el querer hundir a la administración subcontratando sus servicios a empresas afines para luego decir que los funcionarios no hacen nada y no sirven para nada. ESO ES MENTIRA. HAY MILES DE FUNCIONARIOS QUE SON EL MEJOR VALOR DE ESTE PAÍS.

    Tiene que haber un espacio para lo público, porque de otra forma, el principio constitucional del reparto equitativo de la riqueza a través de los servicios desaparecerá y seremos manadas de personas luchando entre nosotros por sobrevivir. A eso nos lleva el ultraliberalismo que difunde la caverna mediática y sus jefecillos del PP como la Bien Pagá de Cospedal.

    BASTA YA!!!

  2. ¿Sabe el sr. Lucio A. Muñoz de lo que está hablando cuando se refiere a la descomunal/monstruosa Administración? También me gustaría leer ejemplos de esas ineficientes empresas públicas que menciona, de sus gestores y de sus sueldos. Lo demás es hablar, o escribir, por hacer algo. Si se trata de dar palos a diestro y siniestro, eso ya lo hace casi todo el mundo en cualquier foro, sea cátedra o barra de bar. Pero el debate no me parece que tuviera que ser tremendista. Y, por cierto, en mi particular preocupación se encuentran no los políticos ni los banqueros, sino los defraudadores fiscales, aquéllos que no pagan por un montante de riqueza estimada en un porcentaje significativo del PIB. ¿Qué los responsables públicos, lo son también de ello? Pues, seguramente tienen su parte de culpa. Pero vamos, que lo de la monstruosa Administración y las empresas públicas ineficientes dan para un recorrido más preciso que el trazo grueso.

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