La diputada nacional del PSOE, Guadalupe Martín, ha exigido hoy a Cospedal, al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, y al director general de Mayores, Juan José García Ferrer, que “salgan ya, inmediatamente, a decir que no hubo fraude en la gestión de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha, y a pedir perdón a los dependientes, a sus familiares y a los profesionales que la gestionaban en nuestra región”.
Martín se pronunciaba de esta manera a raíz de la publicación del informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en España en el periodo entre los años 2007 y 2011.
Decía Martín que “el PSOE ha estado esperando 15 días a que el Gobierno saliera a dar explicaciones una vez cerrado el informe, pero no lo han hecho”. Por eso, los socialistas se lo han hecho llegar a todos los medios de comunicación.
Se trata de un informe que no solo desmiente las acusaciones de supuesto fraude o picaresca en el cobro de las prestaciones de esta ley en nuestra región hechas por el Ejecutivo de Cospedal, sino que pone sobre la mesa la conclusión de que “el anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha hizo que nuestra comunidad autónoma fuera la que mejor aplicó la Ley”, decía la diputada nacional socialista.
Guadalupe Martín desglosaba los datos que, a modo de conclusiones, ha publicado ya el Tribunal de Cuentas. Así, infirmaba que “de los cinco millones de euros de supuesto fraude de los que hablaba el Gobierno de Cospedal, el Tribunal de Cuentas habla solo de 255.000 euros pagados de más. Y dice, además, que no se debe fundamentalmente a pagos a personas fallecidas, sino a otros conceptos, como duplicidad de 6 expedientes o reconocimiento indebido de prestaciones en algún caso. Y remata diciendo que Castilla-La Mancha no debe reintegrar ni un euro al Imserso por los fallecidos que habrían cobrado en algún momento algún dinero de manera indebida”.
Es más, el citado informe indica que Castilla-La Mancha fue una de las únicas tres regiones que cumplieron con todo lo que decía la Ley que se debía cumplir, desde los plazos de reconocimiento de una situación de dependencia, al volcado correcto y en tiempo de los datos en el sistema informático único y exclusivo que puso en marcha el Ministerio a la prevención y promoción de la autonomía personal.
Martín indicaba que tanto el Imserso como los Dictámenes sucesivos del Observatorio Nacional de la Ley de la Dependencia han venido diciendo que nuestra región era la que mejor desarrollo hacía de la Ley. Una situación “que se ha dado la vuelta, para mal, en los dos años de Gobierno de Cospedal”.
En este sentido, la dirigente socialista recordaba que el décimo Dictamen del Observatorio Nacional resaltaba que Castilla-La Mancha y Aragón eran las dos regiones de España en las que más había empeorado la aplicación de la Ley.
Por este motivo, Martín concluía que Cospedal “está haciendo una voladura controlada de la Ley en Castilla-La Mancha”. Y daba dos cifras a modo de ejemplo; “Hay 4.000 familias a la espera de ser valoradas y 12.000 personas que ya han sido reconocidas como dependientes y que aún no tienen ninguna prestación”.
