Jóvenes residentes y empleados de las residencias universitarias de Ciudad Real se han concentrado esta mañana ante las puertas de El Doncel para protestar por la posible privatización de los cuatro centros de esto tipo que existen en Ciudad Real. Se trata de una primera movilización para, según los manifestantes, rechazar el nuevo «modelo de gestión» que baraja el Gobierno regional, y que en la capital podría afectar a los 52 trabajadores de las residencias “Don Quijote”, “José Maestro”, “Doncel” y “José Castillejo” y a los propios residentes.
Los manifestantes aseguran no tener noticia de las intenciones de la Junta, y confiesan que están sumidos en el más absoluto desconcierto. El sindicato CCOO sostiene que tras el eufemismo “nuevo modelo de gestión”, el Gobierno «oculta la privatización total y absoluta de las residencias, con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo de empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral fijo».
«Ahora, nos enteramos de que el proceso de privatización es inminente. Nos consta por cauces fehacientes, pero no oficiales pero sí fehacientes porque como es norma en el actual Gobierno autonómico, se está llevando con total secretismo. Como si se tuviera algo que ocultar. Los trabajadores afectados serán los últimos en enterarse y ser informados», señala la responsable de personal laboral de FE-CCOO, Ana María Delgado.
A juicio del sindicato, «la mercantilización y conversión en negocio que se va a hacer de este servicio público va a suponer su encarecimiento y un empeoramiento de su calidad (así ha ocurrido ya en la única residencia universitaria pública que existía en La Rioja y que su partido acaba de privatizar). Con ello, la importante función social que tienen estos centros va a dejar de existir».
«La decisión de privatizar las residencias universitarias públicas de Castilla-La Mancha ha llevado la angustia y el desasosiego a más de ciento cincuenta familias de nuestra región; las familias de las y los trabajadores públicos que prestan sus servicios en estos centros», subraya CCOO, que advierte de que «algunas de estas personas llevan decenas de años al servicio de la Administración, primero en el Estado y luego, con el traspaso de competencias, en la JCCM. Todos ellos tienen adaptada su vida familiar y personal a las condiciones de trabajo que tienen en esos centros, por lo que su privatización les va a resultar especialmente lesiva».
