Alejandro Ávila Sánchez. Miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y coordinador provincial Toledo.- Desde el año 2007 se han producido en España más de cuatrocientos mil desahucios; cuatrocientos mil dramas familiares que han llevado a la exclusión social a la mayoría de estas familias e incluso al suicidio de algunas personas cuando la losa del desahucio ya no les dejaba vivir en pie.
Y estos cuatrocientos mil desahucios suceden al tiempo que en España existen alrededor de seis millones de viviendas vacías, casi la mitad de ellas sin que hayan sido ocupadas por primera vez. La mayoría de estas viviendas son propiedad de los bancos; de esos mismos bancos que han sido rescatados con dinero público, precisamente por haber puesto sus garras en la especulación urbanística, y que estamos pagando la clase trabajadora, incluidos los desahuciados.
La Constitución Española en su artículo 47 establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En su artículo 40, anuncia que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa, y en su artículo 128 (por citar solo tres) propone que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general ¡Que poco se han esforzado los últimos gobiernos de este país por hacer cumplir el articulado de esa Constitución de la que algunos tanto se pavonean!
Los dramas de los desahucios generaron, como podía esperarse, un movimiento en principio débil, que ha ido en aumento y contando con la simpatía y el apoyo de la gran mayoría de la sociedad. Un movimiento, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pacífico, aunque los voceros defensores del sistema pretendan criminalizarlo, cada vez más organizado y que, con las únicas armas de la razón -que no son pocas-, va a conseguir poner en un brete al Gobierno insensible del PP. El Gobierno, con toda la clase de represiones y prohibiciones contra la PAH, no hace más que poner en evidencia que cuando las respuestas políticas fallan a los gobiernos débiles solo les queda las respuestas policiales.
En estos días la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortes de Izquierda Unida, presentaba un decreto ley en defensa de la función social de la vivienda, con el objetivo de dar respuesta, de una manera contundente, a una situación de evidente emergencia social también en Andalucía.
Un decreto ley que pretende cumplir, entre otras cuestiones, con los artículos antes enunciados que consagra la Constitución y también apuntar directamente a los culpables de la crisis.
Los mismos voceros que critican y criminalizan a la PAH ya empiezan a señalar con el dedo, y pronto querrán criminalizar, a quien, también de manera pacífica puesto que el único arma ha sido un decreto ley, quiere resolver los problemas de los ciudadanos, lo cual tendría que ser el principal objetivo de la política y de todos los políticos.
La vivienda tiene que ser un fin social y no especulativo. La movilización en la calle y la actuación de IU en el gobierno andaluz están demostrando que ¡SI SE PUEDE!
