La diputada regional del PSOE, Blanca Fernández, ha adelantado que los socialistas pedirán en el pleno de las Cortes mediante una Proposición no de Ley la suspensión cautelar del fracking en la región, y en concreto en la provincia de Ciudad Real hasta que no se conozcan los riesgos reales de esta práctica empleada para la obtención de gas mediante la perforación de las capas del subsuelo a base de inyectar a presión una mezcla de arena y productos químicos.
Fernández ha dado a conocer el permiso que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido a una empresa para llevar a cabo esta técnica en el término municipal de Alhambra, y que tiene efectos directos sobre las Lagunas de Ruidera debido a su proximidad geográfica. Esta circunstancia ha llevado a la parlamentaria socialista ha manifestar que este hecho es un “auténtico atentado ecológico y un legado envenenado” para las futuras generaciones.
Riegos para la atmósfera, para los acuíferos por la contaminación del agua, para las personas o movimientos sísmicos son algunas de las consecuencias que pueden provocar el fracking, también conocido como fractura hidráulica, que consiste en perforar el terreno entre dos y cinco kilómetros a base de agua, arena y una gran cantidad de productos químicos altamente tóxicos, hasta el punto de que el Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que alerta, entre otras, de la sospecha de provocar cáncer en al menos seis de esas sustancias.
«Es tal el peligro», ha explicado Fernández, «que se da la circunstancia que los fluidos tóxicos empleados para extraer el gas no se pueden recuperar en su totalidad, de manera que hasta entre un 20% y un 85% de ellos quedarán enterrados para siempre en la zona, con los riesgos y la incertidumbre que esto genera, por no mencionar que la vida media de utilidad de estos pozos es de tan solo siete años».
La responsable ciudadrealeña no se explica el «visto bueno» del Gobierno que preside Dolores de Cospedal a esta práctica «habiendo informes técnicos muy rigurosos de administraciones, universidades y organizaciones ecologistas alertando sobre los graves riesgos del fracking, además de países y comunidades autónomas gobernadas por el PP –Aragón, Cantabria y La Rioja- que han prohibido su práctica de forma unánime».
Unanimidad que precisamente también se ha dado entre PSOE y PP en el en forma de moción Ayuntamiento de Alhambra para instar al Gobierno de España a elaborar una normativa que prohíba el fracking.
Fernández ha destacado “bajo ningún concepto podemos poner en riesgo el agua en Castilla-La Mancha, un elemento esencial para la vida, para el medio ambiente, para el abastecimiento humano, para el desarrollo agrícola, urbanístico e industrial y, en definitiva, para el presente y el futuro, por lo que la obligación del Gobierno regional es defender este patrimonio y esta riqueza ante cualquier amenaza, como es en este caso el fracking en una zona de alta sensibilidad ambiental como son las Lagunas de Ruidera y su entorno con los acuíferos».
