La comisión de energía del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales considera que la nueva Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética no es consecuente con las pretendidas políticas de apoyo a la reindustrialización del Gobierno.
La nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, dicen desde el COIIM, «afectará de manera muy grave a empresas energéticas de nuestra provincia y acarreará consecuencias que se harán sentir en muchos ámbitos de la economía de nuestra provincia y comunidad».
La Ley 15/2012, «a pesar de su pretensión de sostenibilidad medioambiental es un mero mecanismo recaudatorio, con un impuesto global del 7 %, diseñado para reducir y controlar el déficit de tarifa, que no tiene en cuenta los efectos que el aumento de los costes energéticos tendrá especialmente entre los consumidores industriales, que pueden verse en algunos casos abocados al cierre o a la deslocalización».
El aumento de costes para los consumidores industriales, «que ya estaban en desventaja en cuanto al precio de la electricidad con respecto a sus competidores de la UE, puede tener un efecto desastroso». Un efecto que, a juicio del COIIM, tendrá su repercusión más directa sobre el PIB y el empleo. «Muy lejos de las pretendidas medidas de apoyo del Gobierno a la industrialización».
Conscientes de la «gravedad» de la situación creada, «es todavía peor que se haya legislado sin un proceso transparente y previsible, lo cual crea inseguridad jurídica y abre escenarios de recursos jurídicos y de arbitraje en Cortes Internacionales, algo indeseable en la situación económica y política actual».
El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid consideran imprescindible abordar los problemas citados de modo previsible y con seguridad jurídica, dando opción a que los Sectores afectados propongan soluciones que favorezcan que se reanuden la inversión y la creación de empleo.
