Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha.- Las autopistas de peaje diseñadas en la última década fueron un fiasco previsible y ahora anuncian su «rescate». Aunque se trataba de obras privadas, la mayor parte están recibiendo sustanciosas ayudas estatales al tiempo que se prepara su nacionalización, lo que supondrá que los 3.500 millones de deuda se paguen con fondos públicos. Se trata, en algunos casos, de obras realizadas en paralelo a los supuestos pagos de los “papeles de Bárcenas”, que Ecologistas en Acción denunció junto a otras organizaciones ante la Audiencia Nacional.
La mayor parte de las autopistas de peaje de la última década fueron planificadas en el Ministerio de Fomento en época de Francisco Álvarez-Cascos. Todas ellas han sido una ruina económica. Hablamos de una docena de infraestructuras, como las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Cartagena-Vera, AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto de Barajas o la Circunvalación de Alicante.
Apenas ninguna de estas vías ha llegado a la mitad del tráfico previsto, y muchas de ellas están en niveles cercanos a la décima parte de las previsiones de tráfico, lo que refleja de forma nítida el tremendo error que supuso su construcción. Pero, además de los fuertes impactos ambientales y territoriales de estas obras, el problema es quién se va a hacer cargo de este fiasco económico.
Pues bien, seis de ellas ya se han acogido a concurso de acreedores (R-3, 4 y 5, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda y Madrid-Toledo). Y eso a pesar de que desde hace varios años el Ministerio de Fomento les viene concediendo unos créditos participativos (esto es, créditos a bajo interés, avalados por el Estado) por unos 300 millones de euros anuales (289 millones en 2012, por ejemplo). Además, se habían aprobado unas cuentas de compensación, por las que el Estado pagará hasta 2018 a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente recaudado en los peajes y lo que se recaudaría si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos.
Pero esta sangría de fondos públicos no parece suficiente. Ahora se está negociando con la banca las condiciones en las que el Estado asumiría, a través de una nueva sociedad de capital 100% público, la deuda de las concesionarias. Esta deuda se estima en 3.500 millones de euros, aunque algunas fuentes elevan aún más la cifra. Toda esta enorme deuda que pasa a ser pública se financiaría a un tipo del 3% durante 30 años.
No hay justificación desde el lado del transporte ni de la economía para todos estos proyectos que arrasaron una gran superficie de nuestro país durante los últimos años. ¿Dónde está, entonces, la justificación para este fiasco ambiental, económico y social? Para Ecologistas en Acción una plausible explicación reside en los “papeles de Bárcenas” que supuestamente recogen pagos al Partido Popular de muchas de las empresas constructoras de estas obras en momentos muy próximos a su licitación.
Por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito. Pero otros, como los ligados a la AP-41, Madrid-Toledo, se incluyen en la querella que Ecologistas en Acción presentó ante la Audiencia Nacional junto con otras organizaciones a finales de febrero y que ya ha recibido el apoyo de 23.000 personas. Quizá los intereses ilícitos expliquen lo que no puede explicar la racionalidad de la planificación del transporte.
