M. Félix.- Organizada por el Frente Cívico Somos Mayoría de Puertollano, ce celebraba este fin de semana una charla coloquio sobre el cumplimiento de la Ley de Dependencia en Castilla La Mancha. Los ponentes eran José Luis Gómez-Ocaña y Enrique Rivas, presidente y portavoz de la Plataforma Ley de Dependencia y ambos fueron especialmente críticos con los «duros recortes» a que vienen siendo sometidas las personas dependientes desde que Dolores Cospedal accedió al gobierno regional.
Empezaba su intervención Gómez-Ocaña lamentando que transcurridos casi dos años desde la toma de posesión del nuevo Gobierno aún no han sido recibidos por este, pese a que han cursado más de una docena de solicitudes. “El desprecio con la que es tratada la Plataforma es equiparable a lo canallas e inhumanas que son las medidas de Cospedal para con las personas dependientes”. Así, con estas crudas palabras, entre el lamento y la ira, comenzó la lista de agravios a los dependientes y sus familias.
«Desde que tomó posesión el nuevo gobierno», afirma Gómez-Ocaña, «en nuestra región hay una reducción continuada del número de beneficiarios y de los derechos de estos». «Los datos, tratándose de un colectivo tan vulnerable, expresan la crudeza con que se aplica un modelo ideológico que busca también la privatización de este servicio público. Para ello -prosigue- se están deteriorando las prestaciones hasta niveles del siglo pasado, buscando que las operadoras privadas tengan allanado el camino para entrar en un negocio que podría mover más de 6.000 millones de euros».
En concreto, desde agosto de 2012, fecha en que entraron en vigor los nuevos recortes, más de 25.000 familias castellanomanchegas han visto reducidas sus ayudas hasta un 25%, y hay una larga lista de espera de casi 19.000 dependientes de grado uno que no entraran en el sistema hasta 2015. “Muchos de ellos fallecerán antes de entrar”, se lamentaba Gómez-Ocaña.
Los recortes han supuesto que los usuarios tengan que aportar ahora un 90%, frente al 60% que aportaban antes del nuevo decreto. “Pero la medida más grave, la más sangrante», se lamentaba Gómez-Ocaña, «es que el 93% de los cuidadores, en su gran mayoría mujeres, han sido expulsadas como cotizantes del sistema de Seguridad Social al ser incapaces de soportar un gasto que supera la prestación pública que reciben por atender a un familiar dependiente”. “El gobierno de Cospedal quiere ir aún más lejos y exigir un certificado de idoneidad a los cuidadores, emitido lógicamente por la administración y cobrar 40€ a quien lo solicite. Con esta medida nos acercamos un pasito más a los cuidadores privados en detrimento de los cuidadores familiares y se abren las puertas al negocio que con tanto empeño reclaman las operadoras”.
Según José Luis Gómez-Ocaña, Castilla La Mancha ha reducido los presupuestos de dependencia un 20%, ninguna partida se ha reducido tanto, y si “esta medida parece inhumana, más lo es la intención ya no disimulada de que los dependientes abandonen sus entornos familiares para entrar en centros privados o públicos a los que tendrán que entregar gran parte de la prestación recibida y firmar un reconocimiento de deuda por la diferencia entre lo aportado y el precio estipulado por la plaza en ese centro. Así, tras el fallecimiento del dependiente, los herederos verán como el patrimonio heredado pasa en gran parte a manos de la administración para cancelar la deuda contraída por su familiar, advertía el Presidente de la Plataforma Ley de Dependencia.
El fraude del que son acusados los dependientes sobrevoló también la conferencia-coloquio. Enrique Rivas, portavoz de la Plataforma, desmintió los datos manejados por la Consejería, que se han reducido desde las importantes cifras iniciales hasta apenas un centenar de casos según el último informe. Aclaraba Rivas que lo que Echaniz denuncia como fraude es en realidad el ejercicio de lo contemplado por la Ley, pues “el familiar tiene derecho a percibir, a la muerte del dependiente, las mensualidades iniciales no pagadas por la administración”.
“Eso no es fraude, insistía Rivas, eso es cobrar lo que nos corresponde y que la administración deliberadamente retrasa”. “Por eso hemos presentado sendas querellas por injurias contra José Ignacio Echaniz, Consejero de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Castilla La Mancha, y contra Juan José García Ferrer, Director General de Mayores y Dependientes del IMSERSO, quienes han acusado a los dependientes de cobros indebidos”.
Buen trabajo, Marce.