Daimiel Noticias.- El Pleno de Daimiel aprobó anoche, con el voto a favor de los tres grupos municipales, solicitar a la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha un informe de fiscalización de las cuentas municipales y la contratación administrativa de los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y 2011. 
De esta forma, la propuesta del equipo de Gobierno contó con el respaldo de los dos grupos de la oposición que en sus intervenciones recordaron que ya advirtieron, cuando a principios de legislatura se aprobó la realización de una auditoria externa por parte de una empresa especializada, que ese control solo lo puede ejercer la Sindicatura de Cuentas. A este respecto, el concejal de Hacienda, David Gómez-Cambronero, explicó que la intención del equipo de Gobierno era entonces tener «cuanto antes» esos datos y por eso se buscó esa vía ante el colapso que en esas fechas presentaba la Sindicatura de Cuentas regional.
Una vez que se pusieron en contacto con empresas del sector, éstas anotaron que únicamente podían revisar las cuentas y no las contrataciones por lo que, ante las sospechas del Ejecutivo de que existen «irregularidades» en este campo, se ha decidido solicitar el informe a la Sindicatura de Cuentas que, además, ya tiene menos carga de trabajo. Sobre el voto a favor del Partido Socialista, que ostentó el gobierno municipal hasta junio de 2011, Gómez-Cambronero comentó que «no sé si luego estará tan de acuerdo con los resultados que lleguen».
También se aprobó por unanimidad la modificación del reglamento del aparcamiento municipal de Vehículos Pesados y la subida de la tasa por dicho aparcamiento con el objetivo de mejorar la seguridad de este lugar, después de los diferentes robos que se han producido allí. Los camioneros habían trasladado su intranquilidad al Ayuntamiento y, tras diferentes contactos, se ha consensuado con ellos la instalación de una caseta de vigilancia cuyo responsable se encargará de avisar a la Policía y a la Guardia Civil cuando observe algo raro durante la noche. El concejal de Promoción Económica matizaba que no se trata de un vigilante privado y que, si fuera necesario, tal y como solicitó Izquierda Unida, se colocaría algún tipo de medida de seguridad complementaria. Este trabajador se contratará a través de «un Centro de Formación o bien de las listas de los últimos planes de empleo», añadía Gómez-Cambronero.
Mociones IU
Mientras, las dos mociones de Izquierda Unida, la primera, en contra de los recortes que plantearía la reforma de la administración local en el área de Igualdad para Daimiel, y una segunda en defensa de la titularidad de los Montes Públicos de la región, fueron rechazadas por la mayoría de los concejales del Partido Popular.
En el primer caso, la concejal de Mujer, Mari Carmen Torija, reseñó que de momento sobre la mesa sólo hay un ante-proyecto y que el órgano encargado de su debate y aprobación es el Parlamento. No obstante, Torija subrayó que con lo que se conoce ahora mismo, y «sin fiarnos de lo que aún no está aprobado», Daimiel estaría «fuera de la reducción» que aseguraba Izquierda Unida. No lo veía así este grupo que, en palabras de Juan Julián Rodríguez de la Rubia, indicaba que «si fuera concejal de Mujer estaría preocupado» por esa posible reducción de competencias. Así también lo entendía el Grupo Municipal Socialista que calificaba de «nefasto» el anteproyecto de ley y que pedía al Grupo Municipal Popular que entendiera la política de Igualdad como una inversión y no como un gasto, según apuntó la concejal Pilar Estudillo. A ello, Torija defendió que el compromiso del gobierno municipal con la Igualdad es «diario» como demuestra que la subvención regional que se recibe por este concepto «se refuerza con fondos propios».
El alcalde, Leopoldo Sierra, cerró el debate afirmando que todos los concejales y todos los ciudadanos rechazan frontalmente la Violencia de Género y que, en su opinión, el camino que traza la reforma de la administración local es que «las competencias impropias de los ayuntamientos por fin tengan garantizada su financiación».
En el siguiente debate, sobre la posible venta de algunos Montes Públicos regionales que ha advertido Ecologistas en Acción y que Izquierda Unida teme que sea así, el concejal de Medio Ambiente, Gregorio Díaz del Campo, reprochaba que se genere una alarma injustificada por algo que todavía no se ha producido. Díaz del Campo indicaba que la intención del Gobierno Regional es ordenar este patrimonio, sobre todo en aquellas fincas que el PSOE ha tenido «semiabandonadas», y que en el supuesto de enajenarse a privados estos nuevos propietarios tendrían la mismas obligaciones legales que la propiedad pública.
El portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez-Bermejo, tildó de «vergüenza» esta posible venta y, tras leer una carta donde el colegio de ingenieros de Montes mostraba su rechazo a esta medida, se preguntaba en qué parte del programa del Partido Popular venía esta propuesta. «A ustedes los han elegido para gestionar lo que es de todos, no para venderlo», consideró. Además, Sánchez-Bermejo desconfiaba de que esos nuevos propietarios tuvieran entre sus prioridades las preocupaciones medioambientales.
Gregorio Díaz del Campo insistió en que «ninguna finca protegida se va a tocar» y pidió que tanto Izquierda Unida como «sobre todo el PSOE», que votó a favor de la moción, mostrarán también su rechazo a la venta de la Finca Galiana que ha puesto en marcha la Diputación Provincial. «Se ponen en evidencia una vez más la hipocresía, la doblez de discurso y las diferentes varas de medir», apostilló.
Por último, en las respuestas del equipo de Gobierno a las preguntas de la oposición, el alcalde informó de que en su reunión con el consejero de Presidencia y Administración Públicas, Leandro Esteban, le trasladó la situación de las cuentas municipales y su nivel de deuda que, en junio de 2011, ascendía a más de 38 millones de euros. En ese encuentro, Sierra también le mostró su preocupación de lo que supondría para el ayuntamiento de Daimiel la ejecución de la compensación de deudas que se recoge en el borrador de la reforma de la administración local. «En Tesorería hay recogida una deuda de más de 4 millones de euros con el Ayuntamiento, pero no es menos cierto el Ayuntamiento tiene una deuda con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha de más de 7 millones de euros. Si esto se ejecuta, la situación de liquidez que nos dejaría sería nula y la gestión sería prácticamente imposible», concluía.
Sobre la proliferación de los robos en el campo y en el municipio, la concejal de Policía Local, María Dolores Martín de Almagro, recordó que en la Junta de Seguridad Local celebrada hace un par de semanas se trató esta inquietud y señaló que todos los estamentos representados coincidieron en la necesidad de endurecer el Código Penal para que se castigue con más fuerza estos delitos.
En este punto, el alcalde aprovechó para mostrar su solidaridad con el vecino de Daimiel que fue asaltado, retenido y golpeado en su domicilio el pasado domingo por la persona que entró para robarle. Ante esta situación inédita hasta la fecha, Leopoldo Sierra insistió en la importancia de la colaboración ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, alertándoles de cualquier movimiento extraño que se observe.
