Enrique Rivas Díaz. Plataforma Dependencia de Castilla-La Mancha.- Cuando escuchamos la palabra “estafa”, cuestión que se está poniendo muy de moda, todos pensamos en algo ilegal, corrupto y que rompe cualquier semejanza (en su significado gramatical) con la palabra justicia.
En un sistema democrático, al menos que se precie de serlo, no cabría ninguna duda sobre lo anterior, el problema surge cuando el que legisla dentro de este sistema lo hace de manera vil y calculada para sus propios beneficios.
Muchos podrían pensar que una estafa es lo que es y no cabría dentro de la legalidad, pero nunca más lejos de la realidad. Aunque en la teoría es así, en la práctica se aleja sustancialmente de ello.
Todo esto no es nuevo, pero en la actualidad estamos viendo, de manera más potencial, como organismos que deberían tener una total y clara independencia, por ejemplo los distintos tribunales de justicia, están siendo sometidos al poder legislativo, o lo que es lo mismo al poder político, el cual en lo que se refiere a sus propias estafas se esfuerzan mucho para que se vean como algo normalizado y legal. Y aquí empieza a funcionar la cruel maquinaria de aquellos que utilizan las instituciones para su propio beneficio.
Ya sabemos que no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal, pero esto no puede acreditar que la corrupción pase a ser venerada como maná que cae del cielo, sino todo lo contrario, habría que extinguirla sin ningún tipo de miramiento.
Aunque algunos se esfuerzan por ocultar la realidad y negar lo evidente, como es el caso del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, los datos son los que realmente nos llevan al camino de la verdad. Tanto el Boletín Oficial como los presupuestos de la Comunidad de Madrid reflejan la cantidad de 4.2 millones de euros en sueldos y sobresueldos para los altos cargos de la Consejería de Sanidad, mientras que, por otra parte, el gobierno del señor González despide a más de 830 trabajadores de la sanidad madrileña por, como dicen ellos, regularizar la situación y, por supuesto, sin salirse del guión bien aprendido de decir que no hay dinero, eso si, no lo hay pero para los ciudadanos. Esto es legal, si. Esto es una ESTAFA…”sin duda alguna”.
Otro caso muy significativo es el que ha reflejado el B.O.E. sobre la aportación pública, es decir de todos nosotros, a los distintos partidos políticos. Cabría destacar, sobre todo por su gran cuantía, lo que le hemos dado en el último trimestre al PP y al PSOE. El partido del presidente Rajoy (ese que nos cuenta que no hay ni para pipas) se ha llevado de nuestros bolsillos, “en el último trimestre”, la indecente cantidad de 1.500 millones de pesetas y el PSOE la nada despreciable cantidad de 1.000 millones de pesetas, Todo ello sin contar otras aportaciones que, “como afiliados obligados”, damos para fundaciones, escritores fantasmas, pagos para charlas y despachos de algunos ex-presidentes. Esto es legal, si. Esto es una ESTAFA…”sin duda alguna”.
Pero hay quienes suben un escalón más en toda esta inmoralidad y estafa a un sistema democrático, como es el caso del señor, Durán Lleida. No le basta que miembros de su partido se hayan librado de algo que ningún ciudadano de a pie hubiéramos esquivado, como es la cárcel, que incluso ahora que conocemos la sentencia judicial y que dice claramente: “que ha habido financiación ilegal del partido con los fondos destinados a la formación de los parados”, nos viene con el cuento de que esto es mentira y que su formación política no tiene nada que ver. Todo esto, por supuesto, avalado por el fiscal general del Estado y el Gobierno de la Nación. Esto es legal, si. Esto es una ESTAFA…”y de las grandes”.
Pero en esta carrera vertiginosa para ver quién es el más indecente e inmoral hay quien se atreve a pasar a la más pura crueldad, como es el caso del secretario de sanidad del PP y Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de CLM, Ignacio Echániz. Este ser, por llamarle de una forma respetuosa, ha sido capaz de llamar estafadores a las personas en situación de dependencia. Todo ello basándose, según sus propias palabras, en un informe del tribunal de cuentas, tribunal que ha tenido que salir con posterioridad a desmentirlo. Al igual que lo han desmentido otras CC.AA., como la de Castilla y León, gobernada por sus propios compañeros de partido. Aquí no podríamos hablar de legalidad pero si de justicia, la cual solo puede pasar porque este individuo no siga avalado en su cargo por la Presidenta de CLM y secretaria del PP, Dolores de Cospedal. Todo lo contrario pasaría por “otra gran estafa y un insulto y desprecio a los ciudadanos y a este colectivo”.
Por todo esto, y por más, la ciudadanía empieza a estar muy harta de este sistema democrático e incluso abogan por cambiarlo. Yo no estoy de acuerdo, puesto que no podemos cambiar algo que no tenemos y, sin duda alguna, democracia y justicia es de lo que más carecemos. Lo que si habría que empezar es a instaurar una verdadera democracia donde personajes de esta calaña pasen a ser un mal recuerdo y un virus superado, donde los ciudadanos jueguen el papel que verdaderamente les corresponde, porque:
“La verdad se corrompe, tanto con la mentira, como con el silencio”.
