José Fuentes Pastrana. Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real.- La proclamación de la Constitución Española de 1978, supuso el pleno reconocimiento de los derechos sociales de las personas y permitió crear las bases para, superando formas de acción social como la beneficencia y la asistencia social, cimentar el Estado del Bienestar Social. Educación, sanidad, pensiones y servicios sociales constituyen los pilares sobre los que se asienta el mismo.
A partir de la Constitución, y posterior desarrollo de los estatutos de autonomía, se ha ido recorriendo un camino, por el cual los derechos sociales se han convertido en un derecho subjetivo de la persona, que nace de nuestra propia condición de ciudadanos, garantizando un mínimo de protección para todos.
La mayoría de los principios que se encuentran en el Capítulo III del Título I son expresión, por una parte, del carácter social del Estado, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad… (art. 1.1.) y, por otra, de la responsabilidad que tienen los poderes públicos para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas…(artículos 9.2 ).
En el mencionado Capítulo III, se recogen los principales derechos sociales referidos a la protección de la familia y a la infancia (art 39), protección del trabajador (art 40), garantía de asistencia y prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad (art 41), derecho a la protección de la salud (art 43), atención a la juventud, discapacitados (disminuidos según se recoge en el texto constitucional) y tercera edad (art 48,49,50), así como el derecho a la educación (art 27, dentro de los derechos fundamentales que se recoge en el Capítulo II).
Ahora bien, el desarrollo y consolidación del Estado del Bienestar Social está condicionado por la aplicación de políticas sociales concretas.
En este sentido estamos asistiendo a la embestida de las fuerzas políticas liberales-conservadoras de este país, en alianza con los grandes poderes económicos, financieros e industriales, que están provocando una drástica reducción de los derechos sociales consagrados en el texto constitucional. Así, la última reforma laboral, las medidas fiscales regresivas, la disminución de la protección al desempleado, las tasas y recortes en la prestación de los servicios públicos educativos, sanitarios, judiciales, está produciendo una merma en el ejercicio de derechos ya existentes, al tiempo que un retroceso en materias tales como, empleo, formación, atención sanitaria, servicios sociales y un menor número de acciones a favor de los colectivos con especiales dificultades, lo que trae consigo el aumento de la exclusión social en sectores de la población cada vez mayores
La legitimidad democrática que da ganar unas elecciones, no implica tener una patente de corso para desmantelar los derechos sociales y cambiar el modelo social que emanaba de la Constitución de 1978.
Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. A todo ello habría que añadir que las teorías de los conservadores en materia de necesidades sociales, se basan en fomentar, cada vez, la privatización de los servicios, lo que a medio plazo va a provocar que la atención a los ciudadanos con menos recursos, se vean progresivamente desatendidos.
Desde mi punto de vista, hoy, en esta nueva conmemoración, hay que proclamar que todo ciudadano posee, por el hecho de serlo, unos derechos sociales que la Constitución le reconoce; por lo que el Estado y el resto de administraciones públicas, autonómicas y locales, tienen la responsabilidad de hacer que su desarrollo y ejercicio sea una realidad, porque ello será un factor clave para favorecer la cohesión social y para el desarrollo de una sociedad moderna. Esto implica defender la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos y garantizar que se atienden las necesidades básicas del conjunto de la población, mediante el principio de igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Es indignante y obsceno que este Señor (Fuentes Pastrana)salga en este escrito dando lecciones y lamentando la perdida de numerosos derechos sociales, con lo que estoy de acuerdo, pero creo que no es la persona idonea para ello, cuando al mismo tiempo el y otros muchos ex-altos socialistas de la era Barreda solicitan un plus VITALICIO, por los servicios prestados, como si su trabajo valiese más que el resto de los castellanos manchegos, y más cuando hay tanta gente que lo está pasando muy mal. Posiblemente lo que solicite sea legal, pero en estos momentos como poco es indigno, y poco ejemplarizante, así que no predique tanto y que de ejemplo. Saludos