Daimiel Noticias.- El cambio de gestión del servicio de mantenimiento y depuración de aguas residuales tiene luz verde para iniciar el procedimiento pertinente mediante oferta pública. Así se aprobó anoche en sesión plenaria únicamente con los votos favorables del Equipo de Gobierno.
Su portavoz en este punto, el concejal de Promoción Económica David Gómez-Cambronero, explicó que la pretensión es reducir los costes mediante una empresa especializada en el sector, cuya capacidad resolutiva puede ser mayor en situaciones de extrema dificultad, tanto por conocimientos como por medios materiales y económicos. Gómez-Cambronero recordó igualmente que la actual E.D.A.R (Estación Depuradora de Aguas Residuales) ya ha cumplido 12 años, lo que indica que en breve, “se verá necesitada de nuevas inversiones para su puesta a punto”.
Según explicaba, esta oferta pública llevará aparejado que los costes de explotación se vean reducidos hasta 100.000 euros anuales por año de concesión. El canon inicial fijado es de un mínimo de un millón de euros en el momento de la adjudicación. El personal de la planta quedará en iguales condiciones a las actuales. El pliego recoge igualmente los derechos y obligaciones de ambas partes, incluidas la calidad del agua exigida y su pertinente sanción por incumplimiento, con el objetivo de preservar así el entorno y medio ambiente de la zona.
Gómez-Cambronero aprovechó la ocasión para mostrar la sensibilidad del Ayuntamiento hacia la Laguna de Navaseca y alrededores mediante actuaciones ya en marcha como la adjudicación de la redacción del proyecto de Tanque de Tormentas a la empresa Aquasur. “Permitirá proteger al Parque Nacional Tablas de Daimiel, próximo a la zona en cuestión, de las escorrentías provocadas por las lluvias intensas”.
Desde el PSOE se solicitó en primera instancia un estudio de viabilidad de los 12 años de vida de la EDAR, así como inversiones y mantenimiento necesario al respecto. El concejal socialista Rafael Díaz del Campo, cuestionaba igualmente el pliego de condiciones en el punto que valora el volumen de habitantes en vez la capacidad de digerir entre 10 y 15 mil hectómetros cúbicos. Así, los socialistas pusieron en duda dicha mejora en el funcionamiento con esta acción ya que, como dijo el edil socialista, “si en la actualidad el servicio funciona tan bien como defiende el PP, no se entiende que se privatice atendiendo a justificación técnica, de rendimiento o de personal”.
Mientras, Izquierda Unida, a través de su portavoz, Galo Sánchez-Bermejo, consideraba que este contrato permitirá “dar el control de la depuradora a una empresa privada lo cual –agregó- retornará en el ciudadano en aumento de la tasa pertinente”. “No me creo que una empresa venga a traer dinero, a gestionar mejor y producir ahorro”, apostilló Sánchez-Bermejo, “se va a pagar de una u otra forma”. Por eso, según su opinión, la gestión debería seguir siendo municipal puesto que, insistió, “se va a cobrar un millón de euros cuando los intereses y las tasas vienen determinados en el apartado B del artículo 126 correspondiente al Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales”.
Finalmente, el equipo de Gobierno rebatió a la oposición defendiendo la “externalización ” de la E.D.A.R. teniendo en cuenta su desgaste, la necesidad y el objetivo de ahorro en costes así como la garantía de mantener la calidad del servicio.
En este último punto, el concejal de Promoción Económica, David Gómez-Cambronero, aseguró que el Ayuntamiento velará por el correcto cumplimiento de un pliego cuyas exigencias están a la altura del servicio que se negocia quedando el control “absoluto” en manos del Ayuntamiento.
Durante su exposición, el edil detalló la memoria económica y la evolución del caudal de los últimos tres años, ya que se ajustan más a la actualidad, subrayando la mayor importancia de materia orgánica depurada que la cantidad por metros cúbicos que pasan por la E.D.A.R., además de recalcar el eficaz sistema de alertas para conocer el estado del agua que permite a CHG (Confederación Hidrográfica del Guadiana) saber al instante si se está depurando bien el agua.
El único punto del orden del día que se aprobó por unanimidad fue la aprobación inicial de la moción puntual número uno del Plan de Ordenación Municipal, al margen del nombramiento de miembros del Consejo Local de Cooperación.
Se desestimaron dos mociones coincidentes, presentadas por los grupos Izquierda Unida y PSOE, y alusivas a los desahucios. La formación rojiverde expuso la necesidad de cambiar la ley hipotecaria. En su opinión, el Decreto Ley “no vale ya que la moratoria –dijo- no es gratuita”.
Mientras la portavoz socialista, Cristina Maestre, defendió la idea de introducir una serie de medidas para paliar los problemas “reales de aquellas familias que lo están pasando mal y cuyos ingresos se han visto reducidos de forma drástica”. Entre ellas, negar la colaboración de la Policía Local en la ejecución de desahucios e instaurar servicios de orientación y asesoramiento e intermediación legal. Asimismo, reseñó, “estas ejecuciones hipotecarias ya están llegando a Daimiel”.
Desde el Grupo Municipal Popular se remitió al Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, el cual contempla una moratoria de dos años para la ejecuciones en el caso de personas o familias vulnerables y la creación de un parque de viviendas en alquiler para desahuciados. En este sentido la portavoz del Equipo de Gobierno, María Dolores Martín de Almagro, criticó también la postura del PSOE cuando en 2009 hablaba del “sistema financiero más sólido del panorama internacional en un año récord de desahucios”. La concejala popular pormenorizó el protocolo seguido cuando los ciudadanos requieren de ayudas y asesoramiento al respecto. Puso como ejemplos, la reducción del alquiler de un 15 por ciento en familias con deuda acumulada en VPO y de hasta un 30 por ciento en aquellas que llevan sus pagos al día. Igualmente se media a través de los profesionales de Servicios Sociales. Actualmente, continuaba “se ha evitado la pérdida de hogar a tres familias en situación acuciante”.
Tampoco pasó la votación la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre medidas urgentes para paliar el aumento de la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha y Daimiel y que deja, según Maestre, más de 3 mil parados en Daimiel y un 60 por ciento de trabajadores cobrando por debajo de la media nacional. Cristina Maestre Reprochó que no se aplicara la Ley de la Dependencia y la “inacción de los gobiernos populares”, y aludía de otra parte a que “la crisis de España ha sido igual a lo ocurrido en todo el contexto internacional”. Se defendió de las acusaciones de los populares que tachan de “despilfarro” al gobierno socialista justificándolo en el Estado del Bienestar obtenido en los últimos años.
En su argumentación, el edil de IU Juan Julián Rodríguez de la Rubia, culpó a PP y PSOE, respectivamente, de la “situación actual de caos y su precedente de crisis”. Explicó que actualmente se atraviesa una “gran situación de desigualdad”. “Las prestaciones correspondientes a la Ley de Dependencia se han reducido en cantidades ingentes y afectan de forma directa a la gente de Daimiel”, concluyó.
La titular del área de Bienestar Social, María Carmen Torija, enjuició la “falta de memoria del PSOE” y su intento de confundir a los ciudadanos con una moción carente de legitimidad moral ya que, “la situación de pobreza de España, Castilla La Mancha y Daimiel, no es por las políticas de este gobierno, pero sí somos responsables de dar solución”. Por eso, continuaba, “se están realizando numerosos esfuerzos para sentar las bases del bienestar de mañana”. En este punto, detalló los recursos públicos otorgados hasta 1 de diciembre a personas dependientes y en situación precaria, tanto en alimentación básica como higiene y otras ayudas excepcionales para necesidades urgentes, entre otras.
En cuanto a la comparecencia solicitada por Izquierda Unida ante el Pleno de la concejala de Educación María Dolores Martín de Almagro para aclarar la situación docente en el I.E.S Ojos del Guadiana, la edil aclaró el procedimiento seguido y las pautas adoptadas remitiéndose al Servicio Periférico de la Consejería de Educación y Deportes que desgranaba, entre otras, el funcionamiento de apoyos, desdobles y reparto de horas. Así se desligó de cualquier facultad para favorecer la incorporación de una docente en la materia de literatura universal en el citado instituto como había argumentado la oposición citando un documento “protesta” al que aludió la concejal socialista Pilar Estudillo y que, por otro lado el Equipo de Gobierno aclaró, “no tiene firma ni identificación alguna, además de desconocerse su origen”. Tanto IU como PSOE argumentaron que la nueva profesora no cubría las necesidades “reales” del centro educativo. Sánchez Bermejo precisó que el Instituto es el órgano legitimado para solicitar personal y “en ningún caso” la concejala de Educación, lo cual, consideró, es un “agravio comparativo”.
El alcalde Leopoldo Sierra zanjó el asunto desvinculando a la concejal de cualquier asociación política con la citada situación y recriminó al resto de portavoces el que calificó como “injusto” juicio de valor.
Finalmente se dio respuesta a las preguntas del pleno de noviembre y a las cuestiones planteadas en la convocatoria ordinaria de este mes.
