UPyD CLM se adhiere a la llamada de socorro por la discapacidad escuchada este domingo por las calles de Madrid, durante la marcha convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el objetivo de denunciar «el recorte de derechos» que el colectivo ha sufrido con la crisis.
En vísperas del Día Internacional y Europeo de la Discapacidad y bajo el lema ‘SOS Discapacidad: Derechos, Ilusión y Bienestar a Salvo’, la marcha ha concentrado en Madrid «por primera vez de forma unitaria a todo el colectivo», según ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, que ha calificado la jornada de «histórica». La marcha ha sido apoyada por más de 60 entidades representativas de la discapacidad de toda España, según ha informado la organización, que ha apuntado que se han desplazado a la capital un total de 300 autobuses de todas partes del país.
UPyD Castilla-La Mancha quiere sumarse a este llamamiento porque la finalidad de esta marcha era «hacer ver a los gobiernos y a la ciudadanía que no se puede salir de esta crisis sin las personas con discapacidad y sin tener pleno respeto a sus derechos» que, según ha denunciado Pérez Bueno, «no se están cumpliendo».
El Órgano Territorial de la Formación Magenta en CLM, tras la reunión que ha celebrado en Campo de Criptana en el día de hoy, se ha mostrado «impelida» en todos y cada uno de sus miembros a secundar la demanda hecha por el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en el sentido de que «los derechos que se pierdan ahora no se van a volver a conseguir». Más aún, al indicar que «por eso queremos hacer reflexionar a la sociedad española, para que nos ayuden a mantener lo que tantos años nos ha costado».
«La cruel coyuntura denunciada por el presidente del CERMI, debe hacernos reflexionar en cuanto a que estos años están siendo un museo de los horrores para los discapacitados y sus familias con la reducción drástica de apoyos públicos que afectan, entre otros ámbitos, al empleo del colectivo», señala la formación. En este sentido, ha indicado que «más de 60.000 empleos de los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España pueden desaparecer mañana mismo por los recortes».
Una denuncia que va de la mano de la efectuada por el presidente de la ONCE sobre que el Gobierno siempre haya tenido al colectivo de los discapacitados «a la cola» y ahora «lo pongan de primero en los recortes». A su juicio, era necesaria la manifestación madrileña del 2 de diciembre «para que la clase política reflexione y sea consciente de priorizar y no poner a los colectivos más desfavorecidos en la diana de los recortes».
Así lo estima también la Formación Magenta, asumiendo como propia la petición hecha por el Señor Carballeda: «Le pedimos que sean valientes y justos y que se establezca un orden de prioridades que no pase por recortar en aquellos que son los más débiles y los que más lo necesitan». El Consejo Territorial de UPyD de Castilla-La Mancha, por todo ello, ha considerado conveniente respaldar el comunicado que varios representantes de la organización han leído al finalizar la marcha, que ha recorrido la calle Goya hasta la Plaza de Colón; en concreto, corroborar al CERMI y su denuncia de que «si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no logran disfrutar de un bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufren las consecuencias más devastadoras de la crisis».
Para Celia Cámara, Coordinadora Regional de UPyD, «hemos de evitar por todos los medios que la discapacidad acabe siendo esa ‘zona catastrófica’ de la que han alertado en Madrid los dirigentes del colectivo, mientras las administraciones autonómicas y locales adeudan al sector y a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros por bienes, productos y servicios entregados o prestados y o pagados. Resulta inadmisible el hecho recriminado de que la deuda crece en vez de reducirse debido a los retrasos acumulados de meses, e incluso años, en el abono de deudas por servicios directos a personas con discapacidad, que son de obligación pública, pero que llevan a cabo las organizaciones sociales».
La Formación Política ha criticado también que las medidas de ajuste y los recortes que se vienen aplicando desde los distintos poderes públicos en los últimos años y meses, «no tienen sentido ni razón por cuanto están desmantelando las estructuras del bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, como muy bien ha indicado el CERMI».
De igual modo, Celia Cámara cree muy pertinente que, como consecuencia de todo lo anterior, el Gobierno presidido por Rajoy «recobre cuantos productos y servicios normalizados son necesarios y la Unión Europea estipula, según acaba de evocar el secretario general del CERMI, Ángel Durán, al pedir a la iniciativa privada y a las administraciones que arrimen el hombro en este sentido». Sin duda, «necesitamos un mercado normalizado porque los gastos son mayores y los ingresos medios son generalmente inferiores debido a la dificultad para encontrar empleo», suscribe el Señor Durán y corrobora UPyD CLM al adherirse a la primera marcha multitudinaria del colectivo que agrupa a personas con discapacidad auditiva, visual, física, psíquica, sensorial e intelectual.
Al ritmo de la batucada de Escuela de Percusión, y apoyados por silbatos, vuvuzelas, miles de banderas blancas han ondeado en la calle Goya, desde Conde de Peñalver hasta los Jardines del Descubrimiento, en la Plaza de Colón. Estas 15.000 personas llegadas de toda España han demostrado la injusticia atroz que supone cargar con los errores de otros, y por esto mismo toda buena conciencia social debe respaldar su petición: «ya que tienen que luchar contra la enfermedad, que no tengan que luchar también contra el Gobierno».
UPyD CLM, por último, alienta la afirmación de Yannis Vardakastanis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad en cuanto a que «si estamos unidos, ganaremos esta batalla», como ha aseverado. Así recordó el apoyo del sector europeo a la marcha, en la que Luis Cayo Pérez ha reclamado un pacto de Estado promovido por los partidos políticos y las instituciones gubernamentales para garantizar la continuidad de los derechos de los discapacitados y «que de aquí a 2020 no retrocedan sino que avancen».
