Mercedes Esteban Ruiz Morote. Concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real.- El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que tiene como objetivo fomentar su integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades. Para ello se redactó la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 que proporciona un marco de acción a escala europea y nacional para abordar las distintas situaciones de hombres, mujeres y niños con discapacidad.
La discapacidad es una realidad presente en el 10% de la población en España, lo que supone un total de 4 millones de personas afectadas o de 12 millones si se cuentan las familias. En Castilla La Mancha supone un 4,97% de la población total de la Región.
Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido estructuralmente a exclusión severa, con dificultades enormes para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran como normales para toda la población.
La gravísima crisis económica y de empleo que padecen España y Europa estos últimos años tiene un impacto mayor si cabe en las personas con discapacidad y sus familias, que ven peligrar o en riesgo de retroceder las aún precarias conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de los últimos tiempos, gracias sobre todo a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad.
Más que el desempleo, mucho más alto que la media general, el gran problema en relación con el empleo, es la elevada tasa de inactividad, cercana al 65%. De cada 10 personas con discapacidad en edad laboral, apenas 4 están activas. La tasa de actividad de las personas con discapacidad es inferior en casi 35 puntos a la de la población general sin discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad pasa por la activación, por el acceso al mercado de trabajo a través de un empleo digno.
Las legislaciones, las políticas, las estrategias y la acción pública en materia de discapacidad, en todos los planos y esferas (nacional, autonómico y local) han de incorporar plenamente el enfoque inclusivo que comporta el abandono de modelos que segreguen, aparten o separen a las personas con discapacidad del curso ordinario de la vida en comunidad, asegurando su poder de decisión en todo aquello que les concierna y la libre opción para llevar un modo de vida participativo conforme a sus preferencias.
La garantía de derechos, la protección contra la discriminación y las exclusiones, la oferta y puesta a disposición de apoyos deben estar dirigidos siempre a que la persona con discapacidad esté en condiciones de materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.
Buena parte de las exclusiones y discriminaciones que sufren las personas con discapacidad vienen de la persistencia de entornos, bienes, productos y servicios que carecen de condiciones de accesibilidad universal, lo que impide o dificulta considerablemente el ejercicio normalizado de derechos por parte de las personas con discapacidad.
En los próximos años, se ha de avanzar significativamente a través de la legislación y la adopción de políticas públicas en la consecución de entornos universalmente accesibles. El año 2020 debería plantearse como horizonte temporal para lograr una España libre de barreras.
Las necesidades de las personas con discapacidad son complejas y precisan de respuestas múltiples y superpuestas. Muchas de estas necesidades son sociales y otras sanitarias.
Para que exista una respuesta integral se precisa una coordinación socio sanitaria que hoy no existe. Tanto en el nivel estatal como en el autonómico han de establecerse marcos conjuntos socio sanitarios que aúnen equilibradamente los recursos concebidos para dar satisfacción a las necesidades de autonomía personal e inclusión.
Las familias de las personas con discapacidad cargan muchas veces en solitario, a falta de una red pública intensa de apoyos y recursos, con el sobreesfuerzo que suponen las situaciones de discapacidad en el entorno próximo de convivencia.
Es necesario unas políticas de respaldo y acompañamiento a las familias que tengan en cuenta la discapacidad para ofrecer respuestas más intensas en cuanto a orientación, acompañamiento y ayudas para que desde el mismo seno familiar comience la inclusión de la persona con discapacidad.
La discapacidad es una realidad cambiante. Cada vez más se adquiere cuando la persona es adulta o presenta una edad avanzada. Las situaciones de discapacidad se producen con mayor intensidad con carácter sobrevenido. Los problemas de salud mental, el daño cerebral adquirido o las enfermedades raras, por citar ejemplos significativos, son discapacidades en aumento. Los dispositivos públicos de atención y respuesta han de adecuarse a esta nueva cara de la discapacidad.
Todos los avances conseguidos hasta ahora han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte; los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión.
