El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real ha acordado el sobreseimiento y archivo de la querella que interpusieron dos representantes del sindicato USO contra el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Poveda, y contra otro funcionario, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Conocida la resolución judicial, el edil ha acusado a los sindicalistas de «actuar con mala fe»; y a algunos medios de comunicación de «publicar informaciones sin contrastar con fines políticos». Además, ha pedido la dimisión de los sindicalistas denunciantes.
En rueda de prensa, Poveda acusa a los dos sindicalistas, Francisco Gascón Gómez y Luis Heliodoro Ruiz, de “actuar con mala fe, ya que no sólo no respetan las decisiones que toma el Equipo de Gobierno, sino que además, las llevan al terreno personal”.
El edil popular ha hablado del «daño» que ha causado este proceso a su familia y a su entorno, y ha arremetido contra «algunos medios de comunicación escrita» que, «sin contrastar la información y atendiendo a fines políticos, publicaron titulares alarmantes».
Mediante la querella ahora sobreseída, cinco miembros del sindicato USO acusaban al al director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Emilio Zúñiga Sierra y al ahora Concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Poveda, de asegurarse a sí mismo, el primero, con la presunta aprobación del segundo, una plaza de Jefe de Servicio en el Ayuntamiento de Ciudad Real, para ocuparla cuando cesara sus funciones en el cargo de confianza.
Poveda ha recordado que el PSOE «también intentó aprovecharse de esta situación», y ha lamentado que, de forma periódica, tanto él como sus compañeros de Gobierno, «tengan que soportar este tipo de ataques».
Los hechos se remontan a la mesa de negociación celebrada el pasado 25 de Noviembre de 2010 donde se trataba el Plan de empleo de modificación, organización, estructuras y relación de puestos de trabajo municipal, creación de servicio de patrimonio, contratación y oficina de atención al ciudadano. Según el concejal, una vez obtenidos los informes jurídicos favorables de los técnicos de recursos humanos, con la memoria justificativa de la modificación de la propuesta, este asunto se lleva al pleno celebrado el 18 de enero de 2011, aunque la querella no se interpone hasta el 8 de julio de ese mismo año.
«Cabe destacar que en el mencionado plan de empleo estaba incluida la hija del sindicalista Gascón y es sorprendente que sobre este asunto no presentó querella alguna, otro tinte más del sectarismo y defensa de intereses particulares del representante sindical», ha señalado Poveda.
Según Poveda, «los demandantes aportaron documentación insuficiente e incompleta», y asegura que fue el juzgado el que pidió que se aportara el expediente completo, tomando declaraciones a los afectados y querellantes. » El Ministerio fiscal y su abogado», prosigue, «pidieron que testifiquen además, los técnicos de recursos humanos (jefe de servicio, jefa de sección y a un técnico de RR.HH). Realizadas todas estas diligencias, queda demostrado lo correcto de la forma de actuar del Departamento de Recursos Humanos y del concejal Miguel Ángel Poveda».
El Concejal de Hacienda acusa a Luis Heliodoro Ruiz y a Francisco Gascón de ser «malos sindicalistas, de buscar el ataque personal y de no defender los intereses de sus afiliados» y ha querido «dejar constancia» de que ambos «se dedican a ir a la vía penal, sólo con el ánimo de perjudicarme y hacer ruido mediático». Poveda añade que «si tuviesen decencia, dimitirían».
El responsable de la cartera de economía en el Ayuntamiento habla de «un intento de empañar su carrera como político» y añade que siempre ha actuado con «transparencia» y «respetando las opiniones de los representantes sindicales, teniendo un trato cordial con todos los que han demostrado un mínimo de respeto en el trato».
Los concejales del ayuntamiento de Ciudad Real cobran 49.000 euros al mes. Robo a los ciudadrealeños.
Que ¿queda demostrado lo correcto de la forma de actuar del Departamento de Recursos Humanos y del concejal Miguel Ángel Poveda?. Aqui hay algo que no cuadra. El Juez en su Auto admite que el procedimiento para la provision de la plaza no ha seguido los principios basicos de merito, capacidad y objetividad, principios que deben de regir y primar en el acceso o provision de cualquier plaza publica. Es decir que uno mismo se diseña la plaza con el consentimiento de otro, y no es ilegal, pues como poco no es muy etico. Esto en mi pueblo y en en Pernanbuco se llama nombramiento a DEDO. Lo dicho, aqui hay algo que a mi no me cuadra, pero claro, yo no soy juez…
No, tú eres el denunciante
*MODERADO* por no hablar de los enchufes del marido en el aeropuerto y ahora en Acciona, esta empresa, Acciona trabaja para el ayuntamiento de Ciudad Real. ¿y esto qué?
¿Cuánto ha ganado el marido de la alcaldesa en el aeropuerto enchufado y sin ningún currículo?*MODERADO*
Y QUE EL SEÑORITO ESTE HAY SALIDO ABSUELTO NO DEMUESTRA MAS QUE EL PODER DEL PP , HASTA EN INSTANCIAS JUDICIALES PERO QUE POCO HAN TARDADO EN DARLE BOMBO EN LOS MEDIOS AFINES AL PARTIDO, SI HUBIERA SIDO AL CONTRARIO ME GUSTARIA SABER SI LA TRIBUNA Y DEMAS LO HUBIERAN PUBLICADO TAN PRONTO.CONTROLAN LA PRENSA, LOS JUECES Y …..PERO ESTA SENTENCIA ES FIRME O SE PODRA RECURRIR DIGO YO? QUE SIGAN QUE POR SUERTE YA SE LES ACABARA EL TIEMPO DE TRINCAR Y MANEJAR EL CORTIJO EN EL QUE HAN CONVERTIDO EL AYUNTAMIENTO,ANTES CONOCIDA COMO LA CASA DE TODOS.
Parece que nos caemos del guindo. Las plazas se diseñan de acuerdo al perfil del enchufado de turno. Y si hay dudas ponemos una entrevista que complete el apaño. Ayuntamientos y diputaciones lo llevan haciendo desde hace muchos años. Resulta legal
Mucho más grave es que prácticamente todos los que trabajan en la Universidad (hablo del profesorado)hayan entrado siguiendo procesos parecidos donde el ocupante de la plaza sabe con unos meses de antelación que el puesto ya es suyo.
Lo que me hace gracia es lo de empañar su «carrera como político». Pero hombre de Dios, si a ti lo que te van son los bares cañeros…como ese qué explota una sociedad de la que tú -dicen los medios- eres administrador único. Ahora vais y le votáis.
El enchufismo siempre ha sido prevaricación y tráfico de influencias, es un acto injusto y lo dice en la misma sentencia. Que pena me da los opositores que en un futuro se presenten en el ayuntamiento, Vergonzoso.
Por supuesto que el enchufismo es constitutivo de un delito de prevaricación, pero si se procesara a todos los enchufadores y enchufados de este país habría que construir 100.000 cárceles más. El problema es que pensamos que los enchufados son los puestos de confianza, que moralmente pueden ser reprobados, pero son conformes a la legalidad vigente.
Pero los miles y miles de funcionarios de carrera enchufados por los distintos gobiernos de todos los colores son los que vulneran todas las leyes. Eso sin contar con la frustración que generan en los miles y miles de opositores que pagan sus derechos de examen, se curran su temario … vamos una tomadura de pelo y un cáncer que no para de extenderse.
ya ves que no, el cargo de confianza sigue en su puesto y no se ha tenido en cuenta los principios básicos de merito, capacidad e igualdad. Habrá salido absuelto, pero moralmente es indignante, antes de pedir dimisiones, él deberia dimitir primero.
El cargo de confianza per se es conforme a la ley. Se les nombra y se les cesa por resolución publicada en diarios oficiales. Lo que es ilegal y repugnante es crear una plaza a su medida para perpetuarlo como funcionario de carrera. Son dos cosas diferentes.
Lo peor de todo es «el tú más», como arma arrojadiza para justificar sus corruptelas. Ninguno, ni PP ni PSOE, cuando llegan al poder, tienen el coraje ni la honradez necesaria para decir «hasta aquí el enchufismo», a partir de este momento las plazas son para los que la ganen por mérito, capacidad, etc. Que las Administraciones Públicas no son propiedad de las siglas, por Dios!!!!
Y los sindicatos son los peores, porque defienden a muerte a los que ya están dentro con una interinidad de pacotilla , defendiendo consolidaciones que no cumplen con los requisitos legales.