Los portavoces de Sanidad y Asuntos Sociales del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora y Matilde Valentín, respectivamente, han valorado esta mañana los Presupuestos regionales en estas materias minutos antes de la comparecencia en comisión del consejero responsable de las mismas, José Ignacio Echániz.
Mora ha anunciado la intención de los socialistas de “pedir la creación en las Cortes de una comisión no permanente que controle el proceso de privatización de la Sanidad pública que el Gobierno de Cospedal va a llevar a cabo el año próximo”. Valentín, por su parte, ha denunciado que “el 83 por ciento del recorte del Presupuesto de la Consejería se acomete en las políticas sociales directas, tales como los programas de ayuda a domicilio, la teleasistencia o las ayudas a los dependientes”.
El portavoz de Sanidad socialista en el Parlamento regional ha señalado que el hecho más importante de entre los que se van a producir en la Sanidad pública regional el año próximo «va a ser el paso a manos privadas de, al menos, cuatro hospitales que a día de hoy son públicos». Pese al rechazo del PSOE a esta medida, ha aclarado que «si el Gobierno quiere seguir adelante, se deben dar las máximas condiciones de transparencia, por lo que ha defendido que sean las Cortes las que conozcan toda la información del proceso».
Además, Mora ha señalado que el PSOE presentará próximamente varias iniciativas parlamentarias en la Sanidad con debates generales sobre “la situación dramática de las listas de espera en la región o el copago sanitario”.
Por su parte, la portavoz de Asuntos Sociales, Matilde Valentín, ha asegurado que los Presupuestos presentados por Cospedal para el año 2013 “vuelven a cebarse con los más débiles”. En este sentido, ha destacado que “de los 93 millones de euros que se recortan en el Presupuesto de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales el año que viene, 77,5 millones se cargan a políticas sociales estrictas para mayores, menores, dependientes o discapacitados”.
Así, detallaba cómo “la ayuda a domicilio cae un 15 por ciento, la teleasistencia deja de ser gratuita, disminuye el 30 por ciento la financiación regional de los programas de servicios sociales de los ayuntamientos, se reducen un 21 por ciento las ayudas directas a los dependientes y se elimina la ayuda de 35 euros al mes por hijo a las familias numerosas”.
