Estuvieron presentes la Concejal de Servicios Sociales Maria José Fernández junto a miembros de la asociación en nuestra ciudad, Anastasio López Ramírez fue el encargado de leer un manifiesto donde expresaban lo siguiente:
• Nuestro rechazo a cualquier exclusión de la rehabilitación de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. La rehabilitación funcional y su continuidad en la etapa crónica es un tratamiento básico para promover la autonomía y prevenir la dependencia en el caso de las personas con DCA.
• Nuestra oposición a la limitación o pérdida de derechos. Cualquier freno al desarrollo de la ley de promoción de autonomía personal y dependencia y las restricciones a su financiación suponen un grave atentado para un colectivo, de por si, en precario.
• La importancia del movimiento asociativo del DCA y su labor insustituible en la reivindicación de derechos y prestación de servicios de apoyo a las personas con DCA y familias. Las asociaciones de personas con DCA y familias han sido, en muchos territorios, el único soporte que nos ha permitido vivir con dignidad. Por ello, es necesario continuar con el apoyo a estas entidades, sin restricciones, ya sea en forma de subvenciones, conciertos o ayudas, asegurando el correcto y continuo fluir de los recursos, de cara a mantener el nivel de atención que nos vienen prestando.
• Nuestra confianza en los valores solidarios de nuestros conciudadanos. En estos momentos de precariedad y desconcierto, las expresiones de solidaridad como la del voluntariado, la responsabilidad social corporativa y otras prácticas de activismo social constituyen elementos importantes que animan nuestra labor al comprobar que no estamos solos en nuestro empeño por construir una sociedad más justa y más sabia de la que sentirnos orgullosos.
El lema de FEDACE y el movimiento asociativo de DCA: UNA VIDA SALVADA MERECE SER VIVIDA, cobra un sentido especial en este contexto y nos reafirma en nuestro compromiso de luchar para que MEREZCA SER VIVIDA CON DIGNIDAD. Por eso expresamos nuestro rechazo a cualquier retroceso en derechos sociales y la demanda de medidas que nos ayuden a vivir dignamente en vez de condenarnos a la exclusión.
En España vivimos más de 420.000 personas con daño cerebral adquirido.
Somos personas que, en un momento determinado, ingresamos en el hospital como consecuencia de un ictus, un traumatismo craneal, un tumor u otras causas que dañaron nuestro cerebro.
Esta circunstancia repentina cambió nuestra vida para siempre. Cuando recibimos el alta salimos del hospital con daño cerebral adquirido (DCA). Esto significa que tenemos graves dificultades para movernos, comunicarnos, entender, orientarnos, recordar, relacionarnos… y, en fin, llevar a cabo actividades de la vida diaria.
Algunas de estas secuelas pueden mejorar con una rehabilitación funcional adecuada en el marco sanitario y activando recursos y apoyos para la reintegración social en esta nueva etapa de nuestra vida.
Las carencias en el sistema sociosanitario de nuestro país han limitado, en gran medida, la rehabilitación funcional de muchas personas con daño cerebral restringiendo nuestra inclusión y participación social.
Siendo conscientes de la crisis que vivimos, no queremos que sus efectos repercutan en personas como nosotros. Las inversiones inteligentes en salud, inclusión social y en prevención de la dependencia son especialmente necesarias en época de crisis y contribuyen a salir de ella ya que, además de generar empleo, promueven autonomía personal y reducen costes derivados de la dependencia.
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