El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley por el que se deroga la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, un compromiso de la presidenta Cospedal con el sector vitivinícola, ya que, a su juicio, «se trata de la normativa más restrictiva de las que existen en España, lo que disminuye la rentabilidad de bodegas y cooperativas».
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, considera que la actual normativa, aprobada por el Gobierno socialista en 2003, “combina una burocracia complicadísima con medidas que perjudican de manera directa al sector del vino regional, restándole competitividad con respecto a otras regiones y países de la UE”.
Soriano ha mostrado su sorpresa “por el interés del anterior Ejecutivo de poner trabas al sector del vino, cuando somos la mayor región europea por superficie”, además de ser un sector de gran importancia económica para la comunidad. La consejera cree que con esta derogación “el Gobierno cumple con su compromiso de defender al sector vitivinícola”, al tiempo ha destacado que decisión ha sido consensuada con bodegas y cooperativas.
Según Soriano, «entre otras cuestiones, la anterior normativa preveía sanciones hasta diez veces superiores que en otras comunidades. Así, el mismo hecho que en otra región supone una multa de 300.000 euros, en Castilla-La Mancha alcanzaba la astronómica cifra de 3 millones».
Fin al ‘impuesto del vino’ y mayor simplificación
Por otro lado, Soriano asegura que «la ley hasta ahora vigente recoge la obligatoriedad de aportar fondos para la promoción, lo que el sector denomina el impuesto del vino», ha recordado la consejera, que ha apostado por que “cada viticultor decida libremente lo que hacer con su propio dinero: los que quieran destinarlo a promoción que lo hagan y los demás que lo dediquen a mantener empleo, mejorar sus bodegas o I+D+i o lo que consideren más conveniente”.
