El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha anunciado hoy el desarrollo de una iniciativa legislativa en materia de discapacidad encaminada a la defensa de los derechos y a la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
El anuncio de esta relevante ley ha sido hecho en el transcurso de la comisión permanente no legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que nació con el apoyo unánime del Parlamento regional y que con esta sesión iniciaba su andadura. Por su carácter transversal, implicará a distintos departamentos del Gobierno de la presidenta Cospedal y para la concreción de su articulado se contará tanto con la comisión parlamentaria (nacida bajo el impulso conjunto de la propia presidenta regional, el consejero y CERMI) como con el movimiento asociativo.
De un modo muy especial, Echániz ha querido expresar, en la víspera del Día Internacional del Alzheimer, su “reconocimiento a todos los pacientes que sufren esta enfermedad, a sus familiares y a los profesionales que les atienden. Quiero reiterar mi más profundo reconocimiento a todas aquellas familias y a los profesionales que cuidan cariño y esmero a las personas con este tipo de enfermedades”, ha manifestado.
Para reforzar la importancia del momento, han querido estar presentes cuatro destacados políticos con movilidad reducida: Ignacio Tremiño, director general de Política de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; David Atienza, presidente de la comisión; el diputado nacional Francisco Vañó y Borja Fanjúl, diputado de la Asamblea de Madrid, que han colaborado en diversos modos para que esta comisión de las Cortes de Castilla-La Mancha fuera una realidad.
Los recursos públicos dedicados en esta área desde la Administración regional conllevan gastos directos e indirectos por valor de 12.000 euros anuales por cada usuario de la red de centros. En agosto de este año, ascendían a 79.123 los castellanomanchegos menores de 65 años que tienen valorada alguna discapacidad superior al 33 por ciento, número que se eleva a 190.000 personas al incluir a los mayores de 65 años. En nuestra región, la discapacidad más frecuente es la limitación funcional de columna; las deficiencias psíquicas afectan a una población más joven, mientras que las discapacidades del sistema osteoarticular y orgánicas lo hacen con más intensidad en los grupos de mayor edad.
Las personas, lo más importante
«Por mucho que hablemos de cifras, que son muy importantes, nunca apartamos nuestra mirada de las personas» y muy especialmente «las personas con algún tipo de discapacidad, que mantienen un lugar preferente en nuestra acción de gobierno; queremos prestarles los mejores servicios posibles y que reciban la atención que, sin ningún género de dudas, merecen» ha recalcado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. Tanto es así que «estamos trabajando intensamente por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, para rebajar la elevada tasa de inactividad de este colectivo, que roza el 60 por ciento», ha reseñado.
El consejero ha recordado que el Gobierno regional desde el principio “ha adoptado las medidas necesarias para hacer frente a los programas de gasto más importantes, priorizando los pagos de aquellos programas considerados esenciales, como es el caso de la discapacidad en nuestra región». Prueba de ello es que, por ejemplo, del suplemento de crédito por valor de 1.534 millones de euros aprobado en diciembre de 2011 por estas mismas Cortes, «1.345 millones tenían como destino la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y el SESCAM», que ha pasado de suponer un 47 a un 57 por ciento del presupuesto general de la Comunidad Autónoma.
En este ámbito de la discapacidad, la Consejería trabaja sobre cinco programas: el de Atención Temprana, con 42 centros; el de valoración de la discapacidad, con 12 equipos técnicos; el de integración sociolaboral; con 70 centros que suman 2.551 plazas; el programa 313 de atención a las personas con discapacidad, dotado con 100 millones de euros y los programas de alojamiento y convivencia e integración en la comunidad, con 75 viviendas para personas con discapacidad intelectual, con un total de 470 plazas, una veintena de residencias comunitarias para discapacidad intelectual con 522 plazas, medio centenar de centros de día para atender a personas con dispacidad intelectual y un total de 768 plazas más otras 34 plazas en tres centros para discapacidad física y los 15 centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADIG) que ofrecen otras 783 plazas.
Puestos de trabajo para discapacitados en la Administración regional
Por otro lado, Echániz se ha referido a la próxima incorporación de un centenar de personas afectadas por distintas discapacidades a la plantilla de esta Administración. ”Hace cuatro años se inició un proceso selectivo para la incorporación a la función pública de estas personas, pero ni tan siquiera estaban creadas el 60 por ciento de las plazas y tampoco existía la necesaria asignación presupuestaria”, que se ha cifrado en dos millones de euros.
Del mismo modo, ha anunciado la revisión del “II Plan de Acción para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha 2011-2020”, una actualización necesaria a su juicio “porque el escenario previsto ha cambiado”.
Las nuevas iniciativas de actuación que ha planteado incluyen una nueva línea de trabajo para personas adultas tuteladas, que beneficiará a unas 800 personas en la región que, en muchos casos, tienen una discapacidad o se encuentran en situación de dependencia y que no siempre ha sido reconocida.
Espacio sociosanitario
La comparecencia parlamentaria ha servido, asimismo, para poner sobre la mesa el horizonte que supone el espacio sociosanitario que se está implantando en nuestra región. “Se trata de una propuesta innovadora del actual Gobierno de Castilla-La Mancha, debido a que la planificación y la ordenación de los recursos sanitarios han permanecido disociados durante los anteriores gobiernos socialistas. El nuevo espacio sociosanitario es una forma de gestión que tiene como finalidad garantizar la continuidad asistencial y ganar en eficiencia, al tiempo que ofrece al paciente los recursos necesarios en todas las fases de la vida, ya sean de carácter sanitario o social, mediante una gestión unificada”, ha concretado el consejero dentro de su intervención, que ha concluido con un reiterado agradecimiento al sector de la discapacidad, con especial mención al CERMI Castilla-La Mancha.
