Nota de Prensa de UPYP.- Tras hacer una somera descripción numérica de las intervenciones de los equipos de urgencias y emergencias de Castilla La Mancha, ha manifestado que frente a las 4.579 urgencias menos, se ha incrementado el número de emergencias en 1.570. Lo que no ha explicado el Consejero es si este incremento se ha debido o no a una inadecuada utilización de los recursos con que cuenta el SESCAM.
El cierre de un gran número de PAC (urgencias en Atención Primaria) que podría ascender a 37 entre los ya realizados y los previstos, unido al despido de un gran número de trabajadores sanitarios interinos que los atendían, puede ser la causa de este aumento en el número de emergencias al destinar el Gobierno Regional efectivos mucho más costosos para atender urgencias que antes prestaban los Centros ahora cerrados.
Concretamente, según las tarifas sanitarias actualizadas el presente año (incrementadas un 6% respecto de las de 2011), a un inmigrante sin papeles se le cobrarán 3.659,17 euros si ha de ser “trasladado en helicóptero u otro medio aéreo”, debido a una grave emergencia. Dicha cantidad es, por tanto, el coste de movilizar este tipo de vehículos.
Para Celia Cámara, Coordinadora Regional de UPyD éste es el resultado de una política sanitaria puramente economicista, basada exclusivamente en los recortes sin evaluar las necesidades de la población ni el gasto que a medio plazo conllevan estas medidas.
Sin embargo, los recortes no sólo han afectado a los Servicios de Urgencia sino que, fundamentalmente a lo largo de todo el verano, en numerosos consultorios locales no se ha podido atender a los pacientes debido al despido de los médicos que realizaban la consulta del día siguiente a la guardia del médico titular de ese consultorio. La Coordinadora Regional, Celia Cámara, considera esta situación de una extrema gravedad en una Región de gran dispersión geográfica con zonas rurales en ocasiones con malas comunicaciones, población envejecida y sin familiares que puedan trasladar a los pacientes de edad avanzada para recibir la asistencia sanitaria que precisan.
Finalmente denuncia UPyD la manipulación hecha por el Consejero de los resultados del Barómetro Sanitario 2012 elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS, en el que entre otras cuestiones, se evalúa la satisfacción de los usuarios acerca del Servicio Público de Salud en CLM. Éste es bien valorado por los usuarios; sin embargo, el detalle que omite el Consejero, Sr Echániz, es que los datos se recogieron entre Febrero y Octubre de 2011, mucho antes de que el Gobierno Cospedal aplicara los brutales recortes que ponen en cuestión (tal y como el Gobierno Regional persigue), la viabilidad de la Sanidad Pública en CLM, situándola en el último puesto entre las CCAA en gasto sanitario per cápita (ha bajado un 23,58% respecto de 2011), muy lejos de la penúltima Comunidad (Murcia), con un descenso del 12,76%.
Para la Formación Magenta, el desmantelamiento de la Sanidad Pública, es el paso previo a su privatización, tal y como ha sucedido en los países en los que se ha llevado a cabo, principalmente Reino Unido y Canadá.
No obstante, el Consejero Echániz no menciona tampoco entre las “bondades” de la privatización anunciada, el precio que en estos países la “aventura privatizadora” ha costado a las arcas públicas; concretamente, los proyectos de privatización conocidos por las siglas PFI (iniciativa financiera privada) financiados durante 2009, han costado al Reino Unido (paradigma de estos inventos privatizadores), la nada desdeñable cifra de 1 billón de libras extra respecto de lo presupuestado. Sobrecoste que, evidentemente, han sufragado todos los ciudadanos del Reino Unido con sus impuestos.
La Presidenta Regional en el reciente Debate sobre el Estado de la Región, hace referencia a este grave y delicado asunto de la privatización para justificarlo en la actitud “oscurantista” del anterior Gobierno que, según sus propias palabras “lo hacía, aunque no lo decía y además no pagaba”. Sin embargo este extremo no se sostiene por cuanto acuerdos puntuales con establecimientos privados para agilizar las abultadas listas de espera, NO SUPONEN EN MODO ALGUNO, DEJAR DE OSTENTAR LA TITULARIDAD PÚBLICA los establecimientos afectados por el acuerdo, cosa que SÍ SUCEDE CON EL SISTEMA PFI (de colaboración público-privada). Además, el gasto imputado a este concepto sí figura como déficit en las cuentas públicas, cosa que no sucede con los sistemas PFI ó PPP (participación público-privada), a pesar de ser SUFRAGADOS POR TODOS LOS CIUDADANOS.
UPyD reclama transparencia sin manipulaciones, a la hora de informar a los ciudadanos en todos los asuntos que le conciernen pero, más aún en estos asuntos de tan especial trascendencia y relevancia.
