La Junta de Personal Docente de Ciudad Real ha anunciado hoy que va a llevar a cabo, con carácter urgente, una campaña de recogida de firmas entre los componentes de los claustros de los centros de enseñanza de la provincia, respaldando un manifiesto de 9 puntos en el que expresan su «profunda indignación y rotundo rechazo a las medidas que está adoptando la Consejería de Educación».
Todas estas firmas serán entregadas el próximo día 29 al coordinador provincial de la Consejería, acto que se repetirá en las demás capitales regionales.
Este manifiesto reclama que «se rectifiquen las políticas de la Consejería, por el bien de la educación regional y por respeto a los derechos de quienes trabajan en ella y de la ciudadanía que recibe este servicio esencial».
De manera particular, piden:
– Que dote a los centros educativos de los medios suficientes para que puedan funcionar y prestar sus servicios en condiciones de calidad.
– Que no masifique las aulas incrementando el número máximo de alumnos por aula.
– Que no incremente el horario lectivo para destruir puestos de trabajo, sobrecargar al profesorado y dificultar su trabajo fuera del aula.
– Que no suprima los puestos de trabajo creados para ganar calidad en la educación: apoyos, cupos para posibilitar el trabajo de los equipos directivos, programas, etc…
– Que no desplace de sus destinos a quienes han accedido a ellos a través de un concurso que les otorga una plaza en propiedad desde la que desempeñan un trabajo que el centro necesita.
Interinos
– Que no deje de nombrar a los trabajadores interinos necesarios ni los cese incumpliendo las condicionesde sus nombramientos, vulnerando los acuerdos existentes y creando problemas para realizar el trabajo en los centros.
– Que atienda adecuadamente las necesidades de las zonas rurales, manteniendo abiertas todas las escuelas y no suprimiendo unidades a costa de mezclar alumnos de diferentes niveles educativos.
– Que garantice los servicios que facilitan el acceso, la continuidad y el éxito del alumnado en sus estudios: oferta educativa adaptada a las necesidades de cada alumno, orientación y apoyo, becas y ayudas que permitan el acceso universal a la educación en igualdad de oportunidades transporte, comedor, libros, aulas matinales…
– Que respete los derechos de quienes trabajan en la educación y negocie sus condiciones laborales y las medidas a adoptar para garantizar la calidad del servicio público educativo con sus legítimos representantes.
Finalmente, el documento expresa la voluntad de los sindicatos integrantes de la Junta de Personal Docente, que representa a más de 8.000 docentes de la provincia, «de seguir luchando por un modelo educativo que garantice una enseñanza pública universal, gratuita y de calidad».
