Una veintena de alcaldes del PSOE en la provincia de Ciudad Real se han unido para denunciar “la subida exagerada” del coste de la depuración de aguas residuales que ha aplicado el Gobierno de Castilla-La Mancha.
En nombre de todos ellos, el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha explicado que «dicho coste de depuración ha pasado de los 0,29 euros por metro cúbico que se venía facturando con la bonificación que aplicaba el anterior Gobierno socialista a los 0,42 euros por metro cúbicos que pretende cobrar el Ejecutivo que preside Dolores de Cospedal».
«Hablamos de un incremento del 45% de forma generalizada», dice Cabezas, quien ha señalado que «existen múltiples casos de municipios que tendrán una subida de entre el 250 y el 300% por depurar sus aguas residuales, como es su propio caso en la localidad de Piedrabuena, y ello se produce en todos aquellos municipios en donde por desgracia en este caso -ha dicho- hay arroyos, manantiales que aumentan el caudal de las aguas residuales y que llevan por tanto a la estación depuradora más caudal de lo habitual”.
Esa es precisamente una de las objeciones que han puesto los alcaldes socialistas y una demanda que han trasladado a la Junta de Comunidades, «puesto que la administración regional factura ese exceso de agua sin tener en cuenta que es limpia y, por lo tanto, no llega contaminada a la depuradora».
El responsable socialista ha lamentado que esta “tremenda subida” por las aguas depuradas que ha aplicado el Gobierno regional del Partido Popular «recaerá en las personas que menos tienen mediante el incremento de las tasas municipales a las que se ven obligados a aplicar sí o sí los alcaldes».
Como ejemplo de las «consecuencias negativas» de esta medida de la Junta de Comunidades, José Luis Cabezas ha subrayado que “con el 1,07% que cobro a los vecinos de Piedrabuena de produce una perversión, y es que les cuesta más el agua depurada que el agua potable”.
Además, Cabezas, que ha comparecido junto a los primeros ediles de Alcolea, Luciana y Pozuelo de Calatrava, ha denunciado también la indefensión en la que se encuentran los ayuntamientos ante el Gobierno castellano-manchego, al reivindicar que “tenemos derecho a realizar un contra análisis de las aguas y a estar presentes en la lectura de los caudalímetros”, actuaciones que considera que hasta ahora se están produciendo al margen de la ley.
Desde las filas socialistas han mostrado su «disposición total» a la «conciliación», una conciliación «que pasa por reunirse con los responsables de la Consejería de Fomento para buscar soluciones a estos problemas”, aunque ha advertido que “si no llegamos a acuerdo estudiaremos las acciones judiciales que entendamos ante esa indefensión en la forma en que la Junta de Comunidades está facturando a los consistorios el tratamiento de aguas residuales».
Cabezas ha pedido a la Junta de Comunidades que rectifique la Ley 2/2012 del 27 de abril para que no se lleve a efecto el aumento en el precio del agua depurada que pagan los consistorios o que al menos se apliquen determinadas bonificaciones.
