Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha querido valorar la aprobación «de forma unilateral por el Partido Popular de lo que ellos mismos denominan adecuación de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha».
«En realidad se trata de un retoque en el número de escaños a elegir, más que de una reforma electoral y representa una enorme contradicción de la presidenta Cospedal que defendía una cosa en la oposición y ahora que gobierna se olvida y hace precisamente lo que criticaba de otros», dice IU en un comunicado. «Se trata de aumentar un escaño más a Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, dejando fuera a la provincia de Albacete de ese aumento por segunda vez consecutiva; todas las provincias han aumentado el número de escaños a elegir en los últimos años menos la de Albacete, es decir adecuar el número de escaños al nuevo escenario político».
Según Daniel Martínez, coordinador regional de IU, “los nuevos cambios en la ley electoral responden a la necesidades propias del partido en el gobierno, no solucionan los problemas de déficit electoral, representatividad y pluralismo político existentes en Castilla-La Mancha, y además suponen desperdiciar nuevamente una buena oportunidad para abordar un verdadero paquete de reformas que propicien una regeneración democrática cada vez más necesaria y urgente”.
Para Martínez, “la opción elegida condena a una degradación mayor, si cabe, a las Cortes regionales, únicas bipartidistas en toda España, y en su conjunto a la calidad democrática de una sociedad que demanda más participación y responsabilidad en la gestión de las instituciones públicas”. “Tanto en la forma como en el fondo, en esta propuesta, el PP coincide con el PSOE en su modificación electoral del año 2007, de lo que cabe concluir que el bipartidismo en el poder se mueve más por intereses espurios que por valores democráticos y de justicia, electoral en este caso”, añadió el coordinador regional de IU.
Para Izquierda Unida «una verdadera reforma del sistema electoral no debe sustentarse en motivaciones partidistas, ni obedecer a cálculos electorales, ya que lo que está en juego es la calidad democrática de una región y la salud democrática de de unas Cortes que no representan la pluralidad política y social existente. La calidad de una democracia se mide, en primer lugar, por la capacidad del sistema electoral para generar adecuadamente la representación política de la sociedad; sin un sistema electoral justo, igual, proporcional y neutral no se puede alcanzar un estado democrático y de derecho óptimo».
