La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos organizó ayer una charla en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los Presupuestos Generales del Estado para informar a la ciudadanía de las consecuencias de los recortes y de posibles alternativas.
José Antonio García Rubio, responsable federal del área de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, comenzó su ponencia evidenciando la importancia de los presupuestos generales del Estado por lo que condicionan las políticas a desarrollar cada ejercicio.
A su juicio, «si Luis de Guindos ha hablado de unos presupuestos de guerra, sin precisar quién es el enemigo, los defensores de los servicios públicos sí concluimos que parece ser que el enemigo somos los trabajadores públicos y los servicios públicos que los que nos dotamos universalmente».
García sostiene que «los PGE de 2012 no van a servir en nada para salir de la crisis económica y de sistema en que nos encontramos. Sólo servirán para mejorar el balance de los bancos, como lo han sido todas las medidas llevadas a cabo por el actual y el anterior gobierno durante los últimos años, desde los avales a las entidades financieras a la última medida: el pago a proveedores acreedores de las administraciones a través de ellas, con su consiguiente beneficio adicional».
«Cuando afirma el Gobierno que no se puede hacer otra cosa miente. No hay ningún país que con este tipo de medidas haya salido de sus crisis», asegura García, para quien «los PGE no sólo tienen repercusión económica negativa, sino también democrática: sin igualdad de condiciones en educación, en sanidad, sin una fiscalidad justa la democracia se resquebraja al servicio de los más poderosos».
Según el representante de IU, «el gasto de los ministerios se reduce en más de un 16% de media, 40% de disminución en la inversión pública. Ambas cifras provocan inmediatamente más paro (en empresas que prestan sus servicios a las administraciones públicas). El mismo gobierno reconoce que el paro aumentará en 630.000 trabajadores. Las patronales de la construcción calculan que 200.000 procederán de la caída de la inversión pública. 17.000 empleados públicos serán despedidos».
«Si la causa principal del déficit es la caída de los ingresos, no tanto el derroche en gasto, sin embargo apenas ninguna medida busca aumentar sustancialmente los ingresos. Sólo un 1% mediante una amnistía fiscal injusta, vergonzosa e ineficaz, que a medio plazo incentivará más el fraude fiscal. Se reconoce la incapacidad de la AEAT para combatir el fraude», subraya García.
A su juicio, «los que defendemos los servicios públicos universales y generadores de empleo a través de la redistribución de la riqueza creemos que hay otras salida. Nos contestan: no hay dinero, pero nadie ha visto quemarlo en las plazas. No se ha destruido, pero está cada vez en menos manos».
El ponente sostiene que «un estudio sobre la economía sumergida en Europa concluye que la española es casi el doble de la media. 240.000 millones de euros de economía sumergida en España (casi la cuarta parte del Producto Interior Bruto) supone una pérdida de ingresos por fraude fiscal y a la Seguridad Social de alrededor de 60.000 millones de euros al año. Si sólo se recuperase la mitad de esa cantidad, en muy pocos años desaparecería nuestro déficit y habría superavit para animar la economía y el trabajo, y para ampliar las coberturas sociales públicas, ahora un 7% por debajo de la media europea».
«Pero, por si esto no era suficiente -prosigue-, y como fruto de la improvisación del gobierno, en la misma semana se nos anuncia otro recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, lo que significa un ataque a la línea mortal de flotación de un sistema público ya difícilmente sostenible».
García considera que «si se pone coto a los desmanes de la banca y se utilizan todos los recursos del estado en lugar de para pagar la deuda de los bancos, para que repercutan en el bienestar de la ciudadanía, haría mucho que no estaríamos hablando de crisis».
