El diputado nacional y ex portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial, José Alberto Martín-Toledano, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula la contratación de seis altos cargos del PSOE.
A su juicio, la anulación de estos contratos por parte del Tribunal “pasa de ser un escándalo político y ético a ser un escándalo de carácter jurídico” que puede tener graves consecuencias para la Diputación y para el propio presidente, Nemesio de Lara, que ha respondido a esta sentencia y a las críticas “perdiendo los papeles” y “sin hacer un análisis sereno de la situación”.
José Alberto Martín-Toledano ha recordado que, cuando se aprobó la contratación de estas seis personas, criticó que, «en plena crisis económica, se aumentara en un 75 por ciento la contratación de personas de libre designación, que se pasara de 8 a 14 y que se gastaran 210.000 euros más para pagar a estas personas que habían perdido elecciones». «Aunque esto es criticable política y éticamente, lo realmente grave del caso -prosigue- es que ese personal eventual está realizando labores propias de los funcionarios de la Diputación, y eso es precisamente lo que denunció Comisiones Obreras en su momento». «El PP se planteó recurrir la decisión adoptada en Pleno con el único voto afirmativo del PSOE, pero el sindicato se adelantó e inició el proceso con unos planteamientos con los que el PP estuvo de acuerdo», asegura el diputado.
Para Martín-Toledano, esta sentencia “es muy clara”, de forma que Nemesio de Lara “no puede decir, para excusarse, que habla de pequeñas irregularidades”. «En dicha sentencia se asegura que se han vulnerado principios constitucionales, como el del artículo 23.2 de la Carta Magna, el derecho a la promoción interna y el impedir la ocupación de esas plazas por los trabajadores de la propia Diputación o por cualquier ciudadano de la calle, si hubiera sido el caso. Se vulnera el principio de igualdad y libre acceso a la función pública, de capacidad y mérito y publicidad». A su juicio, es una sentencia “dura” que asegura incluso que los argumentos jurídicos son “extravagantes” y que no tienen “ni el más mínimo encaje jurídico”.
“Estas seis personas”, continúa Martín-Toledano, “podían haber sido contratadas como eventuales de empleo para realizar labores de asesoramiento, entonces hubiera sido un escándalo ético y político, pero no jurídico”. .
En relación a este asunto, el ex portavoz del Grupo Popular de la Diputación ha recordado que en la provincia de Ciudad Real se produjo un caso similar y que existe una sentencia de la Audiencia Provincial que inhabilitaba al alcalde de Alamillo durante siete años por prevaricación. Entonces, fue el PSOE el que pidió su inhabilitación.
Los despidos del diario Lanza
En otro orden de asuntos, el ex portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial ha recordado que el PSOE, «el mismo partido que se puso al frente de las manifestaciones y de las huelgas contra la reforma laboral, se acogió a la misma, antes incluso de que se iniciara su tramitación como Proyecto de Ley, para despedir a varios trabajadores del diario Lanza con 20 días de indemnización». Entiende que esto “no es ético ni normal, ya que se les podía haber despedido con 45 días de indemnización, puesto que la reforma laboral “da derecho a despedir con 20 días, pero no obliga”.
