El portavoz del Grupo Municipal de Villahermosa, Javier Piñero Díaz, ha denunciado que, con motivo de la revisión catastral puesta en marcha por el alcalde, el socialista Isidro Villamayor, «los vecinos del municipio han sido obligados a abonar un precio público que ni siquiera el Catastro cobra», por lo que entiende que el primer edil “mete la mano indebidamente en los bolsillos de los ciudadanos».
Según ha explicado Piñero, hace escasas fechas, los contribuyentes de Villahermosa han recibido unas “cartas intimidatorias”, en las que se les exigía que asistieran al Ayuntamiento, entre el 19 de marzo y el 11 de mayo, para aportar determinada documentación bajo pena de inspección y/o sanción. «Al ir a cumplir con dicha obligación, los vecinos han descubierto que se les exige el pago de cantidades que rondan entre los 60 y los 80 euros de media por cada bien inmueble a actualizar, llegándose a pagar en ciertos casos cuantías superiores a los 500 euros», dice el concejal.
El PP relata que estas cantidades de dinero se empezaron a cobrar a los vecinos «cuando ni siquiera estaba en vigor la preceptiva Ordenanza de aprobación del Precio Público inventado por el alcalde, por lo que a aquéllos vecinos que, guiados por la buena fe, ya han pagado se les habría cobrado indebidamente”. «Para intentar subsanar esta anomalía”, prosigue el PP, «con fecha 27 de marzo de 2012, se dictaron Decretos nº 15 y 16/2012, firmados por el alcalde, pretendiendo convalidar los pagos hechos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza y procurando modificarla (contra el principio de jerarquía normativa) con la intención de que los obligados tributarios sólo puedan cumplir con el requerimiento a través de este Ayuntamiento haciendo frente al precio público mediante su abono directo en efectivo únicamente a la Empresa Revisiones y Mantenimientos Catastrales SC, y no al Ayuntamiento directamente ni mediante domiciliación bancaria, opciones previstas en la citada Ordenanza».
Así, Piñero ha recordado que, «dada la gravedad y total ilegalidad de los actos descritos, así como su concatenación, se informó al alcalde sobre lo que estaba ocurriendo en el Pleno del viernes 30 de marzo de este año, ya en la sección de Ruegos y Preguntas, para que procediera a su inmediata declaración de nulidad y terminación de efectos, así como a la devolución de los ingresos obtenidos indebidamente. Tras el oportuno debate, se decidió en Pleno la nulidad de la Ordenanza y la devolución de las cantidades percibidas, tal como debe constar en Acta oportuna. Asimismo, se exigió y acordó que el siguiente laborable, lunes 2 de abril, se pusieran en práctica tales acuerdos, haciéndolo saber a la población mediante su pregón, dado el gran revuelo suscitado. No obstante, no ha sido así la voluntad de los citados Señores, por lo que a fecha de hoy sigue aplicándose la Ordenanza y cobrándose el precio público».
Piñero ha informado de que, «por decisión e iniciativa de los propios contribuyentes, se están preparando e interponiendo recursos de reposición, unos solicitando la declaración de nulidad y el cese de efectos, y otros añadiendo la petición de devolución de ingresos indebidos».
