Los médicos de Atención Primaria han denunciado que las modificaciones en el programa informático de prescripción del SESCAM (Turriano) «restringe la libertad de prescripción de los profesionales médicos, amparada por la legislación vigente y el Código Deontológico que en su artículo 23.1 especifica que el médico debe de disponer de libertad de prescripción respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas, que le permita actuar con independencia y garantía de calidad”.
Tal y como explica el Colegio de Médicos de Ciudad Real, según los últimos cambios en el programa, introducidos a finales de marzo, se produce un cambio automático, en ciertos grupos terapéuticos, -inhibidores de la bomba de protones, estatinas y ARA II-, del medicamento prescrito por el médico de forma habitual a su paciente, por otro equivalente terapéutico más eficiente, según el SESCAM, cambiándole el principio activo, independientemente de que estén bien controlados los pacientes hasta la fecha.
«Para impedir que se realice este cambio, los médicos de Atención Primaria tienen que elegir, o bien una justificación entre las opciones del menú: alergía, contraindicación o reacción adversa, o bien hacer la receta a mano. Este cambio en el programa Turriano fuerza al médico a una prescripción dirigida a determinados principios activos y supone cambiar en determinados casos medicamentos que venía utilizando el paciente, con la posible desestabilización de su enfermedad, y produciendo una mayor confusión en el paciente al cambiarle su tratamiento, en el principio activo, el nombre, el aspecto del envase y del comprimido respecto a lo que tomaba hasta marzo», señala el colegio.
En este sentido, los doctores Rafael Martínez Pardo y Miguel Ángel Monescillo, vocales de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Ciudad Real, piden a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha que sea transparente. “Si quiere que se receten en el Sistema de Salud de la región sólo unos determinados fármacos, que publiquen el listado de fármacos que financia, sacando de éste todos los que está impidiendo a los médicos que receten desde finales de marzo de 2012”. Finalizan afirmando que “con la postura actual del SESCAM se le dice a la población que se financian todos los fármacos como en el resto de España, pero la realidad es que eso está empezando a no ser cierto”.
La Ley de Medidas Complementarias «hace escarnio público» de los médicos
Por otra parte, el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, que representa a más de 8.000 profesionales médicos de la región, ha hecho pública su opinión sobre la Ley 1/2012, de 21 de Febrero, de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de garantías de Servicios Sociales.
En primer lugar, considera «injusto y discriminatorio el trato diferencial que hace de los Profesionales de la Medicina con respecto a otros empleados de la función pública de Castilla La Mancha», y considera que la Ley es “injusta, arbitraria y hace escarnio público, absolutamente injustificado, del colectivo de los Médicos de Castilla-La Mancha, responsabilizándolos de una situación en cuyo origen jamás se ha participado”.
Asimismo vuelve a denunciar la negativa de las Autoridades Sanitarias del Gobierno de Castilla-La Mancha a entablar diálogo alguno con los Colegios de Médicos de la región, lo que “supone un agravio comparativo con lo acontecido en otras Comunidades Autónomas y resulta un desprecio absoluto a la Profesión Médica”. «Refleja, además, -continúan los médicos de Castilla-La Mancha- un comportamiento impropio de quien debe consensuar, por mandato de la ciudadanía, la adopción de medidas eficaces y no imponer bruscamente criterios, a nuestro juicio, totalmente erróneos”.
Los representantes del Consejo Autonómico insisten en que son «conscientes de la grave situación de crisis económica en la que vivimos inmersos y, en todo momento, han estado abiertos para colaborar activamente en la toma de decisiones que redunden en el control del gasto sanitario evitando dañar los intereses de los pacientes». “Los Colegios de Médicos son los garantes de la honorabilidad profesional y de la calidad asistencial que reciben nuestros pacientes, y no pueden ni deben eludir dicha responsabilidad en aquellas situaciones en las que ambas se ven amenazadas y lesionadas. Toda medida que afecta al ejercicio profesional de la Medicina debe ser, cuando menos, evaluada conjuntamente con los actores ineludibles de la misma, los Médicos”.
En este sentido afirman que “el médico es el profesional que mejor puede adoptar medidas de recorte del gasto sin dañar la atención de los pacientes y sin comprometer sus derechos. Esta Ley, entendemos, socava ambas circunstancias”. Asimismo afirman que “los problemas de gestión económica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no se solventan con medidas punitivas, ilógicas y denigrantes. Ello solo servirá para ahondar los problemas de gestión pudiendo redundar en la merma de la calidad asistencial de nuestros pacientes”.
De esta forma informan de que han remitido dicha Ley, para su oportuna valoración y análisis a los Servicios Jurídicos de la Organización Médica Colegial para analizar los extremos legales de la misma. “Con ello se pretende evaluar aquellos puntos en los que esta Ley pueda estar incurriendo en alguna irregularidad que comprometa preceptos jurídicos de rango superior”.
Por último, solicitan del Gobierno regional “la suspensión cautelar de todas aquellas medidas injustas y discriminatorias que las autoridades sanitarias están adoptando, y que están poniendo en grave riesgo la honorabilidad de la profesión médica así como la calidad asistencial de nuestros pacientes”.
Exigen, asimismo, “el inicio inmediato del diálogo entre las Autoridades Sanitarias y los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para adoptar medidas conjuntas eficaces y no lesivas para la ciudadanía”. Por último demandan “la urgente revisión del modelo de gestión económica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hacia un modelo consensuado con los profesionales, que fomente la autogestión, la toma racional no impositiva de decisiones, y la consecución de objetivos que redunden claramente en la calidad asistencial de nuestros pacientes, con un control eficaz del gasto”.
