Daniel Martínez. Coordinador Regional Izquierda Unida de Castilla-La Mancha.- El pasado día 8 de marzo se celebró en la Cortes regionales uno de esos debates estériles, anodinos e infructuosos a los que desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados. No en vano, el bipartidismo impuesto por la ley electoral propia convierte esta institución en brazos de madera del gobierno de turno. Las leyes fundamentales y las políticas estructurales más básicas las decide el gobierno y solo pasan a lectura por Sus Señorías; poco más.
El foco del debate general se puso sobre los ayuntamientos. Se discutió de todos los problemas que tienen pero no de las soluciones estructurales necesarias; ¡vamos!, como siempre. Se oyeron lamentos, una vez más, por los esfuerzos locales y la prestación de servicios que son competencias de otras administraciones a los que se dedican por término medio el 30% de los presupuestos municipales; nada nuevo, lo de siempre. El PSOE denunció la discriminación insostenible y el trato diferenciado del gobierno regional hacia los ayuntamientos, dependiendo del color político de sus gobiernos; como siempre. La primera vez que oí esta denuncia de la actual oposición, otrora gobierno, mi subconsciente me invitó a pensar: “Si los dirigentes y alcaldes del PSOE denuncian discriminación en el pago de la Junta, debe ser cierto porque ellos saben de lo que hablan”.
Y claro, la contestación de las filas populares, no se salió del guión histórico establecido, ¡y tú más! Fue la principal argumentación. Los dos portavoces pusieron ejemplos y números blanco sobre negro de cómo durante los 28 años de gobiernos anteriores y los pocos meses de los populares, se han manejado los fondos con sesgos partidistas evidentes. Es algo de dominio público, todos conocemos ejemplos de tratos discriminatorios y alcaldes, que han gestionado de forma nefasta su municipio, rescatados a última hora a través de inversiones y proyectos millonarios con el único objetivo de mantenerse en el poder. Y hasta Page queda retratado en el diario de sesiones como viejo impulsor y comercial del principio de trato de ayuntamiento socialista a cuenta de El Quiñón, de Seseña.
Pero, fíjense cómo han cambiado los tiempos: antes del 2011 se trataba de llevar proyectos y subvenciones millonarias a los ayuntamientos, ahora la queja es que la Junta les debe un millonada y paga algunas migajillas que solo llegan a algunos. Total, que entre todos los mataron y ellos solos, los ayuntamientos, se murieron; pero de soluciones nada de nada.
Si cada vez que un responsable político, también municipales, haya defendido la necesidad de crear un marco competencial y de financiación adecuado hubiera puesto 20 euros, tendríamos un fondo suficiente para pagar la deuda de la Junta a muchos ayuntamientos. Y qué decir de la FEMP, siempre fiel y obediente al partido político de turno en el gobierno. Ni quieren ni han querido afrontar los problemas competenciales y de financiación de los ayuntamientos, prefieren una administración local estrangulada y dependiente del gobierno de turno. Pero los problemas crecen:
-Ante la crítica situación de los ayuntamientos, en la mayoría de los casos por un cúmulo de circunstancias, incluidos los impagos de las CCAA, el nuevo Secretario General del PSOE de Castilla-La Mancha, a la sazón alcalde de Toledo, propone un nuevo modelo de financiación……¡autonómico!
-El PP acaba de aprobar el denominado Plan de Pago a Proveedores, mediante el Real Decreto-ley 4/2012, que oculta un suculento negocio para los bancos y la intervención de los ayuntamientos y sus servicios públicos. De nuevo el gobierno y la banca van de la mano. El dinero que se le va a dar a los ayuntamientos para pagar a los proveedores, incluidas deudas impagadas de las CCAA, es un préstamo a través de los bancos. Es un negocio redondo con el dinero de todos, ya que el Banco Central Europeo prestó ese mismo dinero a los bancos al 1% y ahora los ayuntamientos lo tendrán que devolverlo al 5%, como mínimo, para pagar las facturas pendientes.
Según el profesor Díez Gutiérrez los bancos van a ganar unos 4000 millones de euros limpios a costa de la situación de endeudamiento de los ayuntamientos. Es decir, el pago de proveedores sirve para endeudar más a los ayuntamientos e inyectar dinero público a los bancos; siempre ganan. Además exige un plan de ajuste que traerá pérdida de servicios, privatizaciones y despidos de empleados públicos. Desde luego hubiera sido mucho menos gravoso acometer el pago a proveedores a través del ICO y sin especular con el dinero de todos.
