Antonio Salinas Hernández. Diputado regional del PSOE.- Nos encontramos a vueltas de un debate sobre la liberación de los derechos de plantación del viñedo en el ámbito de la Unión Europea a partir del año 2015. Un debate continuado desde que se inició la presión por la desregulación de todos los mecanismos que han demostrado su eficacia en el sector agrario.
Ahora no es momento de echar las culpas a unos u otros, es momento de unidad porque el planteamiento de liberar los derechos de plantación fue introducido por primera vez en la reforma de la OCM del vino de 1999, con una fecha límite del año 2012 para su liberación, plazo que fue aumentado hasta el 2018 en la negociación de la reforma que se aprobó en 2008 con el compromiso de la negociación intermedia en la que estamos inmersos..
Pero, ¿qué razones hay para que no se proceda a la liberación de los derechos en el momento actual? Los ataques que este sector está soportando en la actualidad con la exigencia por parte de algunos de la liberación de derechos son un claro intento de desregular el sector promovido por unos pocos grandes empresarios europeos del mercado de los graneles o de vino de mesa, en aras de encontrar vino mas barato. Con ello se corre el riesgo evidente de deslocalizar el cultivo del viñedo.
Defendemos el mantenimiento de los derechos de plantación por entender que es un patrimonio de los viticultores y del sector que ha contribuido a mantener un modelo vitícola europeo orientado hacia la calidad y sustentado en las Denominaciones de Origen.
¿Qué se busca al quedar libres los derechos de plantación?
Muchas bodegas, al quedar libre los derechos, se plantarían sus propios viñedos para autoabastecerse y no estar sujetas a los vaivenes de los mercados. En este caso, realizar grandes plantaciones únicamente llevaría a desestabilizar los mercados, porque si en una dirección las plantaciones se incrementan, en la otra, donde ya están plantados, sobrarían, y precisamente están en la actualidad en manos de la explotación familiar.
Aunque los defensores de esta medida dicen que la OCM ya está aprobada y hay que aplicarla, hay que recordar que el compromiso es el acuerdo para realizar un estudio intermedio para ver si se mantienen los derechos de plantación a partir del 2015, donde tienen que decir mucho los representantes del sector, las D.O. e Indicaciones de calidad y, por supuesto, la administración.
Por otra parte, hay que recordar la gran contradicción de la UE, que hasta ahora ha estado pagando grandes cantidades de dinero por arrancar el viñedo y consiguiendo un cierto equilibrio en los mercados, y ahora quiere dejar libre las plantaciones. No se entendería. Tampoco lo entenderían los viticultores que han desembolsado grandes cantidades de dinero para realizar sus plantaciones comprando derechos o los que han comprado derechos para regularizar la situación de su viñedo.
La libertad de plantación originaría una total desestabilización del mercado de las uvas, y con ello un gran quebranto para la explotación familiar, con el abandono de muchos viñedos ante la imposibilidad de mantenerlos, y regiones como Castilla-La Mancha, donde el sector está muy cooperativizado, lo abocaría a una mala situación después del gran esfuerzo de modernización y mejora de la comercialización que han realizado estas cooperativas vitivinícolas durante los últimos años.
Romper el modelo actual vitivinícola llevaría consigo una pérdida que tardaría años en su recuperación, o creo que nunca se recuperaría. No quiero decir con ello que no haya que mejorarlo, porque todo es susceptible de mejora y se debe mejorar, pero hay que tener en cuenta que el modelo vitícola regional, al igual que en toda España, se basa en medianas explotaciones con superficies vitícolas agrupadas en cooperativas de marcado carácter local o comarcal.
En definitiva, en éste como en otros casos que estamos comprobando con la crisis actual, nos encontramos de nuevo con la codicia económica de unos pocos sin ningún respeto hacia un cultivo como el viñedo. Por ello creo que hay que posicionarse de una forma clara y rotunda en contra de esta liberación de los derechos. Lo malo es que en este caso algunos gobernantes les hagan caso a los partidarios de la liberación, y cuando se quiera rectificar ya será tarde.
