Miguel Ramírez Muñoz. Coordinador Provincial de IU de Ciudad Real.- Se acaba de celebrar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, efemérides que está siendo aprovechada por el PP, para otorgar a sus diferentes reformas el mismo valor histórico que supuso la Pepa. Estos silogismos históricos, acarrean el riesgo de otorgar a Rajoy el papel de “el deseado”, al que al final la Historia colocó como el “rey felón”.
Hace más de 200 años, el pueblo español tuvo el coraje y la decisión de enfrentarse al mayor ejercito de entonces, el de Napoleón, ante la incapacidad de las clases dirigentes y la monarquía de mantener la soberanía e integridad nacional.
Rajoy, al igual que Zapatero, se empeña en aplicar recetas que ya se han mostrado fracasadas en Grecia, Portugal, Italia e Irlanda. Europa recae en la recesión por las imposiciones de Merkel y Sarkozy, mientras que en Alemania y Francia no se van a cumplir los topes de déficit público, para así no dañar su economía. Finlandia acaba de aprobar una reforma laboral que está en las antípodas de las españolas, reforzando la protección social a los parados y protegiendo a los trabajadores en activo.
Sin embargo, para la derecha española, la crisis es la coartada perfecta para acometer otras reformas que superan el ámbito económico, y que afectan a la propia arquitectura democrática y social de nuestro país y a su razón de ser. Por eso la reforma laboral del PP es parte indisoluble de otras políticas, como las de recortes sociales, que ya están siendo fuertemente contestadas por la sociedad.
Al otorgar todo el poder en las relaciones laborales a la empresa, romper el derecho a la negociación colectiva, eliminar la tutela judicial efectiva, o el abaratamiento del despido hasta límites insospechados, el Gobierno rompe todos los equilibrios sociales marcados por la actual Constitución Española. Hasta Jueces por la Democracia apoya la Huelga General del 29 de marzo, porque a su juicio se vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos.
La aplicación del despido objetivo en las Administraciones Públicas, combinado con la imposición de salvajes ajustes presupuestarios en todo el sector público, es la herramienta perfecta para el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales; sanidad, educación, bienestar social y empleo, entregándoselos al sector privado.
El propio Gobierno sabe que el efecto inmediato de estas reformas serán; 630.000 nuevos parados, caída generalizada de los salarios del entorno de un 20%, menor consumo, mas cierre de empresas, mas paro y mas crisis. Al tener más parados y menor actividad económica, caerán los ingresos del Estado, generando más déficit público y adelantando 15 años la ahora probable quiebra del sistema público de pensiones.
¿Por qué se empeña entonces el Gobierno del PP, y sus aliados del resto de la derecha, en seguir adelante con unas reformas que solo empeoran la crisis? Simplemente porque lejos de cualquier eficacia económica, lo que se persigue es imponer un nuevo modelo político autoritario; todo el poder para las empresas, indefensión de los trabajadores atenazando a los sindicatos, ausencia de control público en despidos colectivos, y próximamente la regulación del derecho de Huelga para prohibir su ejercicio efectivo en sectores importantes de la economía.
Esta reforma laboral no solo perjudica a trabajadores en activo, que se verán obligados a importantes rebajas de sus condiciones económicas y laborales, sin justificación alguna bajo la amenaza del despido barato, sino que además perjudica a las pymes, cuya principal cartera de clientes proviene de la demanda interna, es decir, de la capacidad de consumir de los trabajadores, que se verá muy reducida con las rebajas de salarios.
También los parados sin cobertura serán los grandes perjudicados, pues el nuevo contrato estrella, el indefinido para emprendedores, subvenciona de manera exagerada a los parados que están cobrando, dando un portazo en las narices a los más de dos millones de personas que ya no cobran nada.
Se equivoca el PP si cree que su mayoría absoluta le da patente de corso para romper todos los equilibrios constitucionales, y el carácter Social y Democrático de nuestro Estado de Derecho. Tal prepotencia fue la que aplicó Zapatero a partir del 10 de mayo de 2.010, y ya vemos el resultado.
Por eso esta Huelga General merece un apoyo mayoritario de la sociedad, porque no se puede seguir por el mismo camino que nos ha llevado al desastre, y porque no podemos asistir impasibles al desmantelamiento de nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho.
Hace 200 años, alguien se creyó con la legitimidad suficiente para cargarse todo los consensos constitucionales, renovar privilegios y reinstaurar el Santo Oficio. Hoy se pretende una contrarreforma política con la escusa de la crisis, y desde IU reclamamos el derecho legítimo, constitucional y democrático a oponernos a este verdadero ataque al interés general de España y l@s español@s.
Por eso desde IU llamamos a secundar esta Huelga General del 29 de marzo, porque hay razones, porque no se pueden salir con la suya, porque una vez más, IU estará siempre con l@s trabajador@s y en defensa de la Democracia.
